El INTA pierde autonomía y otros entes agropecuarios serán disueltos

El Gobierno nacional anunció este lunes una serie de cambios estructurales que impactarán de lleno en los organismos públicos vinculados al sector agropecuario. A través de una conferencia encabezada por el vocero presidencial, Manuel Adorni, se comunicó la decisión de intervenir siete entes estatales, entre los que se destacan el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), el Instituto Nacional de Semillas (INASE), el Instituto Nacional de la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena (INAFCI) y el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV).

La decisión, publicada hoy en el Boletín Oficial N°35.702 anticipa una profunda reforma que busca —según el Ejecutivo— “simplificar el Estado” y “eliminar estructuras ineficientes”.

Uno de los cambios más significativos es el que afecta al INTA, entidad emblema del desarrollo agropecuario argentino. Según el comunicado oficial titulado “El Gobierno Nacional reestructura siete organismos ineficientes”, el instituto pasará a ser un "organismo desconcentrado" bajo la órbita de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, que depende del Ministerio de Economía. “El INTA fue utilizado para militancia política”, señaló el Gobierno en el comunicado, acusando a la institución de haber perdido su rumbo original. Con una dotación superior a los 6.000 empleados y un presupuesto estimado en $229.000 millones anuales, la Casa Rosada argumenta que el organismo ha mostrado altos niveles de ineficiencia y una administración inadecuada de los recursos públicos.

Según el nuevo esquema, el INTA se enfocará en la innovación y en la generación de bienes públicos tecnológicos, dejando atrás actividades como el extensionismo y el acompañamiento a la agricultura familiar. También se cuestiona que el carácter descentralizado del organismo no se tradujo en una mayor eficacia, sino en “dificultades de supervisión estratégica” y “débil alineación con los lineamientos de la política agropecuaria nacional”.

El INASE y el INAFCI: camino a la disolución

Otro de los organismos alcanzados por la reestructuración es el Instituto Nacional de Semillas (INASE), que será disuelto como entidad autónoma. Sus competencias pasarán a ser gestionadas directamente por la Secretaría de Agricultura. El Gobierno considera que mantenerlo como ente descentralizado solo contribuía a una fragmentación de la política agrícola y que su función puede ser realizada de forma más eficiente dentro de una estructura integrada.

Con una planta de 233 empleados y un presupuesto superior a $20.000 millones, el INASE se encargaba de la regulación de semillas y la fiscalización del mercado. Las autoridades aseguraron que esta modificación no afectará los derechos de propiedad intelectual sobre las semillas.

El mismo destino corre el Instituto Nacional de la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena (INAFCI), creado en 2022. El Gobierno lo describió como “una caja política” y lo acusó de operar con lógicas clientelares. Actualmente, el INAFCI tiene una dotación de 105 empleados y un presupuesto de $2.749 millones. Sus funciones también serán absorbidas por la Secretaría de Agricultura.

Desde el Ejecutivo se sostuvo que “el fortalecimiento del sector agropecuario, incluida la agricultura familiar, no debe sostenerse en esquemas clientelares, sino en reglas claras, estabilidad macroeconómica y acceso equitativo a los mercados”.

El INV cambia de estatus, pero mantiene su nombre

El Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), que regula y certifica la actividad vitivinícola del país, también será reestructurado. Si bien conservará su denominación, dejará de ser un ente autónomo y pasará a ser una unidad organizativa dependiente de la Secretaría de Agricultura. El Gobierno justificó la medida alegando que el organismo mantenía una actividad fiscalizadora excesiva, con controles “redundantes” que impactaban negativamente en la competitividad del sector.

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El INV también pasará a manos de la secretaria de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación.

Se mantendrá, sin embargo, el sistema de certificación internacional, que ahora será voluntario y podrá solicitarse a demanda de los productores. El INV tiene 459 empleados y un presupuesto superior a $12.000 millones.

La Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y el Cannabis Medicinal (ARICCAME) será disuelta. Las funciones regulatorias serán repartidas entre la ANMAT —que se ocupará de la flor de cannabis con destino medicinal— y la Secretaría de Industria y Comercio —que regulará el cáñamo industrial—. La Secretaría de Agricultura tomará a su cargo todo lo vinculado a semillas y propagación vegetal. El Ejecutivo argumenta que ARICCAME padecía un sobredimensionamiento estructural y superposición de funciones, lo que dificultaba una implementación efectiva de la política pública en el sector.

Con este paquete de medidas, el Gobierno de Javier Milei profundiza su agenda de reestructuración estatal, apuntando esta vez al universo agropecuario. Los cambios, sin embargo, ya despertaron reacciones en diversos sectores productivos, sindicatos y referentes del ámbito científico-técnico, que advierten sobre el riesgo de desarticulación de políticas públicas estratégicas y pérdida de capacidades institucionales construidas durante décadas. El rumbo ya fue trazado: menos organismos, menos autonomía, y mayor centralización bajo la órbita de la Secretaría de Agricultura. El impacto real de estas medidas, tanto en el funcionamiento del Estado como en el día a día del campo argentino, comenzará a verse en los próximos meses.