La Cámara Federal revirtió fallo de Casanello y restableció la intervención de OSPRERA
Con un fallo dividido, la Cámara volvió a intervenir OSPRERA y exigió avanzar sin demoras en la investigación penal.
En un nuevo capítulo de alto voltaje judicial y político, la Cámara Federal porteña resolvió revocar la decisión que en enero pasado había adoptado el juez Sebastián Casanello, titular del Juzgado Federal N° 7. Aquel fallo había restituido en sus cargos al directorio de la Obra Social de los Trabajadores Rurales (OSPRERA) y, al mismo tiempo, dejado sin efecto las medidas cautelares dictadas en el marco de una investigación por presunta administración fraudulenta.
La resolución de la Sala II, adoptada por mayoría, ordenó restablecer de inmediato las restricciones preventivas que pesaban sobre las autoridades de la obra social. El tribunal entendió que los riesgos procesales que justificaron originalmente la intervención continúan vigentes y que el transcurso del tiempo no aportó elementos que permitan descartarlos. La decisión se produjo tras un planteo impulsado por la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS), organismo que depende del Ministerio de Salud conducido por Mario Lugones.
La Cámara cuestiona la parálisis de la investigación
El fallo mayoritario fue suscripto por los jueces Roberto Boico y Martín Irurzun, quienes sostuvieron que no existen fundamentos sólidos para levantar las cautelares. En su voto, remarcaron que la eventual mejora en los indicadores financieros de OSPRERA —informada durante el período de intervención— no incide sobre el núcleo penal de la causa. Según su criterio, el objeto de la investigación no se limita a la situación económica coyuntural de la entidad, sino a determinar si existieron maniobras irregulares que pudieran configurar delitos contra la administración.
Los camaristas fueron especialmente críticos con la actuación del juzgado de primera instancia. Señalaron que la causa presenta un grado de parálisis “prácticamente inexistente” en términos de avance investigativo y cuestionaron que el magistrado se haya enfocado en la evolución financiera de la obra social sin imprimir impulso a las medidas probatorias esenciales para esclarecer los hechos denunciados. En ese sentido, la Cámara encomendó la realización urgente de diligencias básicas, la certificación de expedientes conexos y la verificación de decisiones administrativas que aún se encuentran vigentes.
En disidencia votó el juez Eduardo Farah, quien consideró que la propia inactividad de la causa terminó por diluir las razones de urgencia que en su momento justificaron las cautelares. Para Farah, la falta de avances concretos en la investigación debilitó los fundamentos que sostenían la intervención y, por lo tanto, correspondía confirmar su levantamiento. Sin embargo, la posición minoritaria no prosperó y el expediente regresará ahora al juzgado de origen con la instrucción expresa de mantener las restricciones y avanzar sin más demoras.
El trasfondo político y la interna oficialista
El trasfondo del caso combina aristas judiciales y políticas. Casanello había dispuesto el fin de la intervención a instancias del fiscal Guillermo Marijuan, quien investiga la presunta participación de la obra social en una posible operatoria irregular vinculada con la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). La hipótesis apunta a determinar si existieron maniobras de corrupción o desvío de fondos en el marco de convenios o contrataciones.
La situación en el sindicato UATRE y su obra social escaló en 2024 en medio de una interna política que expuso tensiones dentro del oficialismo. El conflicto enfrentó a los sectores referenciados en Karina Milei y Santiago Caputo, en una disputa que terminó inclinándose en favor del entorno más cercano a la hermana del Presidente y a dirigentes vinculados al apellido Menem.
Durante la intervención, el designado al frente de OSPRERA fue Marcelo Petroni, quien —según reconocen fuentes oficiales y de la propia obra social— llegó al cargo por recomendación de Eduardo Menem, conocido como “Lule” Menem, primo del presidente de la Cámara de Diputados. En contraste, Casanello había repuesto en su cargo a José Voytenco, dirigente que cuestionó abiertamente la gestión del interventor y sostuvo que no se habían presentado balances ni concretado el saneamiento prometido por la SSS.
La controversia sumó otro capítulo cuando, en julio pasado, trascendió que la obra social había contratado a Sergio Aguirre, socio vinculado al ámbito de la Cámara de Diputados, a través de la firma Htech Innovation. La contratación, destinada a brindar servicios en sistemas informáticos y de gestión, fue realizada durante la intervención oficial y quedó bajo la lupa en medio de la escalada política.
Con la decisión de la Cámara Federal, el expediente vuelve a foja cero en términos de control institucional. El mensaje del tribunal fue claro: la mejora financiera no reemplaza la obligación de investigar posibles delitos. Ahora, el foco estará puesto en si el juzgado logra revertir la inercia señalada por los camaristas y avanzar en la producción de pruebas que permitan confirmar o descartar las sospechas que dieron origen a la causa.
Fuente: Agencias con el aporte de Redacción +P.
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