Reforma en el INTA: Sturzenegger denuncia "estructuras opacas y sobredimensionadas"

En un extenso mensaje publicado en la red social X, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, defendió enérgicamente el Decreto Delegado 462/25, firmado por el presidente Javier Milei y parte de su gabinete, que modifica de manera sustancial la estructura y funcionamiento del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). Según Sturzenegger, la reforma representa un punto de inflexión en la gestión de uno de los organismos más emblemáticos del sistema científico-tecnológico nacional, al que acusa de haber perdido el rumbo, incurrido en desmanejos y haber crecido de forma desproporcionada.

“El INTA tenía una estructura sobredimensionada y opaca”, afirmó el funcionario, al enumerar una serie de datos que, según él, justifican la necesidad urgente de reestructuración. En abril de 2025, el organismo contaba con 6.059 empleados, “el doble que hace unos pocos años”, 2.403 vehículos —uno cada 2,5 agentes—, 1.611 teléfonos celulares, y 932 cargos jerárquicos, una cifra que Sturzenegger destacó como superior a la de “cualquier ministerio nacional”.

La nueva norma transforma al INTA en un organismo desconcentrado dentro del ámbito de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, y reemplaza su tradicional conducción colegiada por una presidencia unipersonal designada por el Poder Ejecutivo. Este presidente será asistido por un Consejo Técnico “ad honorem”, el cual —según el decreto— conservará la representación de los productores y estará encargado de definir los lineamientos científicos y técnicos del instituto.

Sturzenegger también puso el foco en los recursos económicos asignados al organismo. Aseguró que el INTA cuenta con un presupuesto de $224.000 millones, pero recibe ingresos por $411.000 millones, gracias a una contribución sobre las importaciones y a una porción de la tasa estadística. “¿El dato que expone el absurdo?”, se preguntó. “Que esos $411.000 millones equivalen al 47,5% de lo recaudado por retenciones al maíz”.

Reveló además que el organismo posee más de 110.000 hectáreas distribuidas por todo el país, pero que apenas 45.000 están siendo utilizadas para actividades productivas o experimentales. “En el resto no sabemos qué ocurre”, expresó, aludiendo a un informe de la SIGEN (Sindicatura General de la Nación) de 2023, que habría detectado múltiples irregularidades: “viviendas usurpadas, bienes sin inventariar, donaciones sin registrar, compras y viáticos sin documentación mínima, y asociaciones cooperadoras sin balances ni supervisión”. A ello se sumaría, según Sturzenegger, la existencia de estructuras paralelas como la empresa INTEA S.A. y la fundación ArgenINTA, que funcionarían “por fuera del régimen de contrataciones y control del Estado”.

El ministro subrayó que “las fallas eran estructurales, no aisladas”, y que la reforma no solo apunta a resolver problemas administrativos, sino también a “reencauzar” el sentido estratégico del organismo. “Las líneas de investigación quedaban libradas al criterio de cada investigador, sin vínculo con las necesidades reales del sector agropecuario”, criticó. Como ejemplo, citó una serie de proyectos que definió como de escasa utilidad técnica, entre ellos: ‘Mujeres rurales: celebrar lo común y valorar la diferencia’, ‘¡Alto!... Una pausa a los cuidados’, y ‘Comidas del pueblo wichi’. Según el ministro, estos enfoques revelan una deriva hacia la “agricultura familiar” y la investigación de carácter sociológico, en detrimento del desarrollo tecnológico productivo.

“La transformación preserva íntegramente las capacidades técnicas del INTA, reduce la burocracia y refuerza los mecanismos de control y transparencia”, concluyó. A su juicio, el objetivo final es “devolverle racionalidad institucional y reorientarlo hacia su verdadera misión fundacional: promover la innovación científica y tecnológica al servicio del desarrollo agropecuario”.

El mensaje de Sturzenegger generó de inmediato reacciones en redes sociales, tanto de apoyo como de rechazo. Mientras sectores afines al gobierno celebraron la iniciativa como parte del plan de “modernización del Estado”, referentes del ámbito científico y del sector rural comenzaron a expresar preocupación por el posible vaciamiento del organismo y la concentración de decisiones en manos del Ejecutivo. En medio del debate, lo cierto es que el nuevo INTA planteado por el gobierno promete ser muy distinto al que lo precede. El tiempo dirá si la reforma logra el equilibrio entre eficiencia, transparencia y desarrollo científico al servicio del agro argentino, o si, como temen algunos críticos, se trata de un paso más hacia el desmantelamiento del sistema público de investigación.