Coviar

Fuerte controversia en la vitivinicultura: ¿Se derogará la Coviar?

Un diputado nacional presentó una iniciativa que deroga la ley de creación de la Coviar, por considerar que no deben fijarse aportes obligatorios a la industria.

Un proyecto de ley presentado por el diputado Damián Arabia (PRO) para derogar la Corporación Vitivinícola Argentina (Coviar) desató una tormenta en el sector. Mientras algunos celebran la posible eliminación de aportes obligatorios, otros advierten que la desaparición de la Coviar podría fragmentar la industria. ¿Qué está en juego en esta pulseada que se definirá en el Congreso?

La pulseada por la existencia de la Corporación Vitivinícola Argentina (Coviar) alcanzó un nuevo punto de ebullición esta semana con la presentación de un proyecto de ley del diputado nacional Damián Arabia (PRO) que busca derogar la Ley 25.849, que creó la entidad en 2004. El anuncio desató una fuerte controversia en el sector vitivinícola, con posiciones encontradas entre quienes defienden el rol de la Coviar y quienes cuestionan su financiamiento obligatorio.

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Arabia, al anunciar su iniciativa en redes sociales, argumentó que “los aportes compulsivos a cámaras, gremios o asociaciones deben terminar” y abogó por una “agenda de modernización, simplificación y desregulación” para mejorar la competitividad del sector. La Coviar se sostiene con contribuciones obligatorias de todos los establecimientos vitivinícolas, estén o no asociados, lo que genera rechazo en algunos actores de la industria.

El proyecto se alinea con un decreto nacional de febrero que prohíbe imponer cargas económicas a no asociados, aunque el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, aclaró que las contribuciones de la Coviar, al estar establecidas por ley, no se veían afectadas por esa normativa. La iniciativa de Arabia busca revertir esta situación.

Voces a favor de la derogación

Entidades como Bodegas de Argentina y el Centro de Viñateros y Bodegueros del Este apoyan la propuesta. Milton Kuret, director ejecutivo de Bodegas de Argentina, señaló que la Coviar no cumplió los objetivos del Plan Estratégico Vitivinícola (PEVI) 2020 y que, desde ese año, varias instituciones fundadoras han pedido el cese de sus funciones. “El contexto de 2004, cuando se creó la Coviar, es muy diferente al actual. Apoyamos el proyecto de Arabia”, afirmó.

Mauro Sosa, gerente del Centro de Viñateros y Bodegueros del Este, recordó que su entidad se retiró de la Coviar en 2014 y del Fondo Vitivinícola en 2009, al considerar que la contribución debería ser voluntaria. “No se alcanzaron los resultados esperados, y el PEVI se extendió forzadamente por resolución”, criticó.

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Voces en defensa de la Coviar

Por otro lado, unas 30 entidades del sector vitivinícola y turístico calificaron el proyecto como “un nuevo ataque del centralismo porteño”. En un comunicado, defendieron a la Coviar como una institución surgida del sector privado para implementar el PEVI, una estrategia de desarrollo conjunto. Según los firmantes, el aporte obligatorio, que representa solo el 0,019% del precio del vino, no impacta significativamente en los costos, y cuestionaron que no se discuta la alta presión impositiva, que supera el 58% de los ingresos del sector.

Mario González, presidente de la Coviar, criticó duramente la iniciativa en Radio Aconcagua, acusando al diputado Arabia de “desconocimiento” y de presentar un proyecto “sin fundamentos”. Subrayó que la vitivinicultura, concentrada en un 70% en Mendoza, necesita una mesa común para coordinar esfuerzos. Sergio Villanueva, gerente de la Unión Vitivinícola Argentina, advirtió que, de derogarse la ley, la Coviar desaparecería, dejando al sector sin recursos para promoción y sin una estrategia unificada.

Una discusión de fondo

Más allá del financiamiento, Villanueva señaló que el debate refleja una pugna histórica por la gobernanza del sector, que se remonta a los años 80 con la lucha por el fraccionamiento en origen. “En el fondo, se discute quién debe manejar la industria y qué modelo aplicar”, afirmó. La resolución de este conflicto, que enfrenta visiones sobre la intervención estatal y la libertad de asociación, parece encaminarse a un intenso debate en el Congreso.

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