Desde el Poder Ejecutivo explicaron que la decisión responde a criterios de capacidad operativa. Según indicaron, el SENASA dispone de la infraestructura territorial de control alimentario más amplia del país, con una red de laboratorios, inspectores y presencia en todo el territorio nacional, tanto para la producción primaria como para la industria alimentaria. En ese sentido, señalaron que el cambio "responde a una cuestión de capacidad operativa instalada y no de jerarquía institucional".
Unificación del control alimentario
Uno de los aspectos más relevantes de la reforma es la eliminación de la división de competencias que existía entre ambos organismos. Hasta ahora, el SENASA concentraba sus controles sobre productos de origen animal y vegetal, mientras que el INAL fiscalizaba los alimentos acondicionados para consumo directo, es decir, aquellos elaborados y procesados que llegan al consumidor final.
Con la entrada en vigencia del decreto, el SENASA también pasará a controlar la inocuidad de los alimentos procesados, tanto de producción nacional como importados, en su etapa de acondicionamiento y presentación final para el consumo. De esta manera, un único organismo concentrará las funciones de control sanitario a lo largo de toda la cadena alimentaria.
La normativa también incorpora una serie de cambios orientados a simplificar los procedimientos administrativos y reducir la superposición de controles. Entre ellos, se establece el reconocimiento por equivalencia de las certificaciones de aditivos, coadyuvantes tecnológicos e ingredientes emitidas por países que cuenten con sistemas de control reconocidos internacionalmente o que apliquen los estándares del Codex Alimentarius.
Según el Gobierno, esta medida permitirá evitar evaluaciones duplicadas para productos que ya fueron autorizados en el exterior, así como también eliminar procedimientos redundantes que anteriormente eran realizados tanto por el INAL como por el SENASA sobre registros, establecimientos y productos alimenticios.
Menos trámites y nuevos objetivos sanitarios
Otro de los puntos centrales de la reforma está relacionado con los controles sobre alimentos importados. El decreto habilita que las inspecciones higiénico-sanitarias y bromatológicas de los alimentos envasados destinados a la venta directa puedan realizarse después de su ingreso al país, con el objetivo de reducir demoras en la comercialización de esos productos.
No obstante, la normativa establece excepciones para aquellos alimentos que presenten signos visibles de deterioro, inconsistencias en la documentación o riesgos comprobados para la salud humana, animal o vegetal, casos en los que continuarán aplicándose controles específicos antes de su liberación al mercado.
La reforma modifica el esquema de control sanitario vigente al concentrar las inspecciones en el SENASA y asignar al Ministerio de Salud la definición de la política alimentaria y la actualización de estándares.
En paralelo, el decreto introduce modificaciones destinadas a facilitar las exportaciones de alimentos argentinos. En adelante, los productos deberán cumplir únicamente con los requisitos establecidos por el país de destino, mientras que las certificaciones correspondientes serán emitidas por un único organismo con reconocimiento internacional, una medida que apunta a agilizar los procesos y reducir tiempos administrativos para las empresas exportadoras.
La reorganización también contempla la creación de una Base Única de Datos administrada por el SENASA. Allí se concentrarán los registros de productos y establecimientos alimenticios, con el objetivo de unificar la información disponible, agilizar la gestión administrativa y fortalecer los mecanismos de trazabilidad de los alimentos.
Otro de los cambios previstos en el decreto establece un plazo máximo de 45 días hábiles para actualizar el Código Alimentario Argentino (CAA). Según explicó el Gobierno, la intención es dotar de mayor previsibilidad, transparencia y rapidez al proceso de incorporación o modificación de normas técnicas relacionadas con la producción y comercialización de alimentos.
En cuanto al nuevo rol que asumirá el Ministerio de Salud, el Ejecutivo adelantó que una de las primeras prioridades de la nueva política alimentaria será avanzar en la eliminación progresiva de colorantes y saborizantes de los alimentos procesados, en línea con estándares internacionales de alimentación saludable y con el objetivo de promover una mejora en la calidad nutricional de los productos disponibles para los consumidores.
Las modificaciones dispuestas por el decreto 697/2026 comenzaron a regir desde su publicación en el Boletín Oficial y representan una de las reformas más importantes de los últimos años en materia de control alimentario. El Gobierno sostiene que la centralización de funciones permitirá optimizar recursos, reducir trámites y fortalecer la fiscalización sanitaria, mientras que la implementación de las nuevas medidas será seguida de cerca por el sector alimenticio y los organismos vinculados a la salud pública.
FUENTE: Gobierno Nacional con aportes de Redacción +P.
