Informe privado: 1 de 4 dólares del campo se va al exterior o al colchón

La multiplicidad de regulaciones y controles no logró evitar que los argentinos buscaran proteger sus ahorros (muchas veces, en dólares) enviándolos al exterior o guardándolos bajo el colchón. Revertir esta actitud persecutoria del Estado es esencial para que esos recursos se destinen a inversiones productivas, acompañado de controles más efectivos contra la delincuencia.

El gobierno busca que los ciudadanos usen sus ahorros libremente, sin la presión de un Estado que, con exceso de burocracia, los trata como sospechosos hasta que demuestren lo contrario. Esta voracidad controladora genera trámites engorrosos con baja eficacia para combatir la evasión o el delito.

En esa línea, se eliminaron regímenes de información para ciertas compras y se limitaron las obligaciones de los bancos, eximiéndolos de reportar operaciones de menor cuantía. Además, desde el próximo ejercicio, la ARCA determinará el impuesto a los ingresos de las personas y, salvo cuestionamientos del contribuyente, no exigirá datos adicionales sobre variaciones patrimoniales o consumos.

El impacto de esta actitud persecutoria se refleja en el destino de los ahorros. Según datos del Ministerio de Economía y el Banco Central (2003-2024):

• Las exportaciones agropecuarias generaron 1,3 billones de dólares (ajustados por inflación de EE.UU.).
• Los ahorros en dólares acumulados fuera del sistema o bajo el colchón suman 330 mil millones de dólares.
• Esto implica que 1 de cada 4 dólares generados por el campo, principal fuente de divisas del país, no se reinvirtió localmente.

Tras pagar importaciones, turismo en el exterior e intereses de deuda, el remanente de dólares no Asco no se invirtió en el país, sino que se acumuló fuera del sistema. Esta fuga de capitales tiene un impacto económico negativo, agravado por la desconfianza que genera la actitud persecutoria del Estado.

Abandonar la idea de que más controles burocráticos combaten la evasión y el delito es un paso correcto. Esto debe complementarse con controles inteligentes, aprovechando la información disponible en el Estado para detectar ilícitos. La reconversión de organismos como la ARCA, que destina el 83% de su presupuesto a sueldos y solo un margen mínimo a tecnología, y la UIF, encargada de detectar lavado de activos, es clave.

Además de eliminar trámites innecesarios, se propone focalizar los controles en personas con antecedentes penales o alto riesgo financiero, según regulaciones del Banco Central. Estas reformas deben integrarse en una transformación más amplia del sector público, basada en la simplicidad y la empatía con el ciudadano. Un principio básico es prohibir que el Estado solicite nuevamente datos o documentos ya disponibles en otros organismos (DNI, pasaportes, estatutos sociales, etc.). Eliminar esta "tortura burocrática" requiere reformas profundas que simplifiquen la vida del ciudadano.

Fuente: IDESA