En Santa Fe, 164 empleados de Vicentin presentaron un escrito ante el Juzgado Federal de Resistencia, a cargo de Ricardo Alcides Mianovich, solicitado que se acepte una medida cautelar presentada por la empresa para evitar el pago de una cifra millonaria por una medida de AFIP que pone en riesgo, según alertaron, el pago de sus sueldos y la homologación del acuerdo concursal.
Los trabajadores argumentan que el objetivo es resguardar la tutela del derecho al trabajo humano, ya que entienden que está en peligro por la inminente ejecución del denominado "Anticipo Extraordinario" creado por la AFIP, que obliga a Vicentin al pago de $8.000 millones.
En este sentido, remarcaron que pidieron al juez de Reconquista Fabián Lorenzini -quien lleva adelante el concurso- se homologue el acuerdo arribado entre la empresa y sus acreedores ya que consideran "es la opción más favorable".
El pedido, remarcaron, tiene una vital importancia para la zona norte de la provincia por lo que significa Vicentin en términos económicos y sociales.
"Resulta innegable, entonces, que tenemos derecho a que nuestros argumentos sean escuchados antes de que se adopte una decisión respecto a la medida cautelar peticionada por la empresa", indicaron.
El organismo a cargo de Carlos Castagneto estableció, a través de la Resolución General N° 5391/2023 del 21 de julio último, un anticipo extraordinario del Impuesto a las Ganancias para aquellas empresas que no hubiesen pagado el tributo durante 2022 por haber compensado Ganancias de ese período con quebrantos anteriores. Esta medida alcanza a la cerealera que debería pagar en tres cuotas mensuales.
Ante esta situación, Vicentin presentó un descargo en la AFIP alegando que no correspondía la aplicación de la resolución porque no tendrá ganancias en 2023 como consecuencia de la falta de granos por sequía y tampoco en 2024, cuando operaría al costo por los contratos definitivos con los interesados estratégicos en controlar la empresa luego de la homologación.
Además, solicitó una medida cautelar ante la justicia federal para que el organismo no embargue las cuentas de una empresa que tiene una deuda de casi US$ 1.500 millones y dos plantas que dejaron de operar hace pocos días.