Nueva baja de retenciones: cuánto resignará el Estado y qué impacto tendrá en el agro
El recorte de derechos de exportación beneficiará especialmente a trigo, cebada y soja, aunque especialistas advierten que el desafío será sostener la medida en el tiempo.
El Gobierno nacional anunció una nueva reducción de las retenciones (derechos de exportación-DEX) para productos agropecuarios, una medida que fue recibida con optimismo por el sector y que, según un informe de Fundación Mediterránea, representa una señal positiva para mejorar la competitividad del agro argentino. Aunque el impacto fiscal sería acotado en relación con el tamaño de la economía, los especialistas advierten que el verdadero desafío será sostener la baja en el tiempo y avanzar hacia una reforma tributaria más amplia.
La decisión oficial contempla una reducción escalonada de las retenciones para distintos productos agrícolas. En el caso de trigo y cebada, la alícuota pasará del 7,5% al 5,5% a partir de junio de 2026. Para la soja, principal complejo exportador del país, el esquema será gradual desde enero de 2027, con recortes mensuales estimados entre 0,25 y 0,5 puntos porcentuales.
Desde la Fundación Mediterránea destacaron que la medida “va en la dirección correcta” porque reduce parcialmente uno de los impuestos considerados más distorsivos para la actividad agropecuaria. Sin embargo, el informe remarca que las retenciones no son la única carga que enfrenta el sector: también pesan impuestos nacionales, provinciales y municipales que afectan los costos de producción, la rentabilidad y las decisiones de inversión.
Impacto en el sector
El trabajo sostiene que la reducción de DEX mejorará los precios netos que reciben los productores y fortalecerá la capacidad de pago de las exportaciones. En particular, el efecto sobre cereales como trigo y cebada podría ser relevante, ya que las decisiones de siembra y uso de tecnología suelen reaccionar rápidamente ante cambios en los márgenes esperados.
No obstante, el impacto inmediato sobre la campaña 2025/2026 sería limitado. Según el análisis, la baja alcanzará principalmente a los saldos remanentes de producción que todavía no fijaron precio y que serán exportados bajo el nuevo esquema tributario.
El efecto más importante se espera para la campaña siguiente, cuando la reducción de retenciones ya influya sobre un volumen mucho mayor de producción y exportaciones. En este contexto, la señal política y económica adquiere relevancia porque llega en momentos en que muchos productores están definiendo estrategias comerciales y decisiones de inversión.
En soja, el impacto será más gradual debido a que la reducción comenzará recién en 2027. Aun así, la Fundación Mediterránea considera que el anuncio tiene un valor simbólico y económico importante por tratarse del principal complejo exportador argentino y del cultivo que soporta una de las mayores cargas tributarias.
Incluso con el esquema más agresivo de reducción, la alícuota sobre la soja podría ubicarse hacia el final del mandato en un rango aproximado de entre 18,5% y 21,25%, niveles que continuarían siendo elevados para estándares internacionales. Por eso, el informe interpreta la medida como un paso intermedio hacia el objetivo de eliminar completamente el impuesto.
Un costo fiscal “manejable”
Uno de los puntos centrales del informe es la evaluación del costo fiscal que tendrá la reducción de retenciones. Según las estimaciones preliminares de la entidad, el impacto directo sobre la recaudación sería relativamente bajo durante 2026.
En cereales, la pérdida de ingresos fiscales no superaría los 30 millones de dólares durante el primer año de implementación, precisamente porque la medida alcanzará solo a una parte limitada de la producción ya cosechada. Para 2027, cuando la reducción opere sobre una campaña completa, el costo ascendería a unos 90 millones de dólares.
El escenario cambia en soja, donde el peso de las exportaciones es mucho mayor. Allí, el impacto dependerá del ritmo de reducción finalmente aplicado. Si la baja mensual fuera de 0,25 puntos porcentuales, el costo fiscal rondaría los 300 millones de dólares. En cambio, si el Gobierno aplicara un esquema más acelerado, de 0,5 puntos porcentuales por mes, la pérdida de recaudación podría acercarse a los 600 millones.
En términos agregados, el estudio calcula que la menor recaudación total por la medida se ubicaría entre 390 y 690 millones de dólares durante 2027, equivalentes a entre 0,06% y 0,10% del Producto Interno Bruto estimado para ese año.
Para los economistas de la entidad, se trata de un costo “manejable” siempre que el Gobierno mantenga el equilibrio fiscal y logre sostener una macroeconomía ordenada.
Sin embargo, el informe también advierte sobre el riesgo de asumir que la caída de ingresos será compensada automáticamente por mayor producción o actividad económica. Si bien una menor presión tributaria puede estimular inversiones, exportaciones y crecimiento, esos efectos dependerán de variables como el clima, los precios internacionales y la credibilidad del sendero de reducción anunciado.
La comparación con el período 2016-2019
La Fundación Mediterránea también pone la medida en perspectiva histórica y compara el esquema actual con el proceso de reducción de retenciones implementado entre 2016 y 2019 durante el gobierno de Mauricio Macri.
Según el informe, la principal diferencia está en la velocidad y sostenibilidad de las bajas. Durante la gestión anterior, las retenciones al trigo fueron eliminadas rápidamente al inicio del mandato, lo que generó un fuerte alivio para el sector. Sin embargo, hacia el final del período, la presión fiscal volvió a aumentar debido al deterioro de las cuentas públicas y las restricciones financieras.
En cambio, el esquema actual aparece como más gradual. La reducción para trigo y cebada se realiza por escalones y no elimina completamente el impuesto. Aun así, si el Gobierno logra sostener la alícuota del 5,5% hasta el final del mandato, el nivel de retenciones sería inferior al observado al cierre de la experiencia 2016-2019.
En soja ocurre algo similar. Durante el gobierno de Macri hubo una reducción gradual desde niveles muy altos, aunque las alícuotas finales siguieron siendo elevadas. El proceso actual también mantendría una presión significativa, pero con un punto de llegada potencialmente más bajo.
La conclusión del trabajo es que la experiencia pasada deja una enseñanza clara: el problema no es solamente bajar retenciones, sino sostener la reducción cuando aparecen tensiones fiscales o dificultades de financiamiento.
“Cuando el programa fiscal se debilita, los derechos de exportación reaparecen como herramienta de recaudación rápida”, señala el informe.
Por eso, los especialistas consideran que el valor de la medida dependerá menos del anuncio puntual y más de la capacidad del Gobierno para convertirla en una política permanente y creíble.
El rol de las provincias
Otro de los puntos destacados del análisis es la necesidad de coordinar una agenda tributaria más amplia entre Nación y provincias. Aunque la reducción de retenciones implica una menor recaudación para el Estado nacional, parte de esa pérdida podría compensarse con mayores ingresos provenientes de otros impuestos, especialmente Ganancias, cuya recaudación se coparticipa.
En ese escenario, las provincias también podrían beneficiarse de un agro más rentable y dinámico. Por eso, la Fundación Mediterránea plantea que los gobiernos provinciales deberían acompañar el proceso mediante una reducción gradual de tributos considerados distorsivos, como Ingresos Brutos y Sellos.
Según el informe, una estrategia coordinada permitiría potenciar el efecto positivo de la baja de DEX sobre la competitividad del sector y mejorar el clima de inversión.
Un paso importante, pero no definitivo
La conclusión general del trabajo es favorable a la decisión oficial. Para Fundación Mediterránea, la reducción de retenciones mejora los incentivos económicos, fortalece cadenas exportadoras en las que Argentina posee ventajas competitivas y envía una señal positiva hacia el sector agropecuario.
Sin embargo, la entidad insiste en que el proceso todavía está lejos de completarse. La carga tributaria seguirá siendo elevada, especialmente en soja, y el impacto estructural dependerá de que el sendero de reducción se mantenga en el tiempo.
Además, advierte que el éxito de la medida estará atado a la estabilidad macroeconómica, a la consistencia fiscal y a la posibilidad de avanzar en una reforma tributaria más amplia que incluya tanto al Estado nacional como a las provincias.
En ese marco, el informe concluye que la baja de retenciones puede transformarse en un punto de partida relevante para mejorar la competitividad del agro argentino, siempre que logre consolidarse como una política previsible y sostenible en el largo plazo.
FUENTE: Fundación Mediterránea con aportes de Redacción +P.
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