El cambio en los aportes sindicales que podría reducir descuentos en los recibos de sueldo

Por María Florencia Simos*

El Gobierno definió de manera expresa qué conceptos del recibo integran la base sobre la que se calculan los aportes y contribuciones pactados en los convenios colectivos de trabajo.

El Decreto 612/2026, firmado el 17 de julio y publicado en el Boletín Oficial el 20 de julio, vino a definir esta base y lo hizo con un criterio restrictivo: la base de cálculo estará integrada únicamente por aquellos conceptos que sean remunerativos, normales, habituales, de pago mensual y de origen convencional.

El origen de la reglamentación

El Decreto 612/26 constituye el tercer escalón de una secuencia que arranca con la Ley de Modernización Laboral N.° 27.802, que reformó el régimen del derecho colectivo del trabajo y modificó, entre otras normas, la Ley 14.250 de Convenciones Colectivas y la Ley 23.551 de Asociaciones Sindicales.

El artículo 9.° de la Ley 14.250, en su redacción actual, fija dos topes:

• 0,5 % de las remuneraciones para los aportes y contribuciones que beneficien a cámaras y entidades empresarias.
• 2 % de las remuneraciones para las contribuciones y aportes previstos en convenio a favor de asociaciones sindicales, aplicables únicamente al aporte solidario que se les descuenta al personal no afiliado. Quedan expresamente fuera de ese tope la cuota de afiliación sindical y los beneficios especiales que dependan de estar afiliado.

Posteriormente, el Decreto 407/2026 precisó que dichos topes deben calcularse sobre el "sueldo básico de la categoría del empleado".

Qué establece el Decreto 612/2026

Lo que faltaba determinar en profundidad era cuál sería la base para los topes antes mencionados. Eso es lo que resuelve el Decreto 612/2026.

El decreto establece que la base de cálculo queda integrada por:

• El salario básico convencional correspondiente a la categoría del trabajador; y
• Las sumas remunerativas normales y habituales, de frecuencia de pago mensual y de origen convencional.

Y, en el mismo párrafo, la norma enumera (de manera enunciativa y no taxativa) qué queda afuera: los conceptos que no constituyan retribuciones normales, habituales y de percepción mensual de la categoría convencional. Menciona en particular: premios, bonos, participación en las ganancias, horas extras, sueldo anual complementario, plus vacacional y sumas no remunerativas, y agrega una cláusula de cierre: cualquier otro concepto, sea cual fuere su naturaleza jurídica, su origen o su denominación, que no se pague de manera normal, habitual y mensual.

En consecuencia, para integrar la base de cálculo un concepto debe cumplir de manera acumulativa cinco requisitos: ser remunerativo, normal, habitual, de pago mensual y de origen convencional. La ausencia de cualquiera de estas condiciones determina su exclusión.

El impacto de las sumas no remunerativas

Uno de los aspectos con mayor impacto económico es la exclusión de las sumas no remunerativas.

Durante los últimos años, gran parte de los incrementos salariales pactados en negociaciones paritarias se instrumentaron bajo esta modalidad. Como consecuencia, numerosos convenios que calculaban aportes solidarios sobre estos conceptos deberán revisar sus mecanismos de liquidación para adecuarse a la nueva reglamentación.

Con un criterio más restrictivo, el Gobierno estableció qué conceptos del recibo de sueldo pueden utilizarse para calcular los aportes convencionales. Qué cambia para empresas y trabajadores.

La medida podría traducirse en una reducción del importe descontado a los trabajadores no afiliados y, simultáneamente, en una disminución de los recursos percibidos por algunas organizaciones sindicales.

Aplicación práctica

El decreto señala expresamente que su objetivo es fortalecer el control de legalidad previo a la homologación o registración de convenios y acuerdos colectivos.

De ahora en adelante, la autoridad de aplicación deberá verificar que las cargas económicas pactadas respeten los topes legales utilizando la nueva base de cálculo definida por la reglamentación.

Para los empleadores, la consecuencia práctica es inmediata. Una interpretación incorrecta puede derivar en retenciones o contribuciones superiores a las permitidas.

Para los trabajadores, en cambio, la medida podría reflejarse en descuentos menores en aquellos casos en los que los aportes solidarios se venían calculando sobre conceptos que ahora quedan expresamente excluidos.

Vigencia y zonas de fricción

El Decreto 612/2026 entró en vigencia el mismo día de su dictado, el 17 de julio de 2026.

Su aplicación inmediata ya genera tensiones en distintos sectores, especialmente en actividades cuyos acuerdos paritarios fueron celebrados con anterioridad y prevén descuentos sindicales sobre sumas no remunerativas.

A ello se suma un obstáculo operativo: diversos sistemas y aplicativos utilizados para la generación de boletas sindicales todavía no han sido adaptados a los nuevos criterios, lo que dificulta la implementación práctica de la norma.

Mientras se esperan aclaraciones de la autoridad laboral y de las propias organizaciones sindicales, la recomendación para las áreas de recursos humanos y liquidación de haberes es revisar detalladamente cada convenio aplicable, verificar qué conceptos integran actualmente la base de cálculo y documentar el criterio adoptado ante eventuales fiscalizaciones o controversias futuras.

* Contadora Pública Nacional/[email protected]

C. S. B. & ASOC./www.csbya.com.ar