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Sin plata ni ideas, la vieja política avanza sobre el campo

Algunos gobernadores e intendentes van tras los recursos del campo con nuevas tasas y subas de impuestos. Sin plata ni ideas, insisten en no ajustar.

“¡No hay plata¡”, la frase del Presidente Javier Milei se transformó ya en un latiguillo que corre a lo largo y a lo ancho del país. Sin embargo, lejos de activar un movimiento de reducción y eficiencia en los voluminosos gastos públicos, hasta ahora la consigna estaría provocando, apenas, un corrimiento o traslado de las cargas hacia otros sectores .

Así, los montos que antes provenían de la Nación y ahora se recortan o, directamente, se suspenden, en lugar de analizarse su vigencia, o buscar alternativas, se “redirigen” automáticamente hacia otros aportantes que sustituyan a la Nación y que, en el caso de las provincias, recaen forzosamente en los contribuyentes, y entre estos, en el campo que es uno de los preferidos.

Simultáneamente, los encargados de los gobiernos provinciales, le están transfiriendo también a las intendencias parte de las quitas, lo que vuelve a generar otro nuevo corrimiento, ahora de los jefes comunales que, en muchos casos, pretenden hacer recaer el monto de los recortes en sus propios contribuyentes/vecinos y, antes de intentar una mayor eficiencia en la aplicación de los recursos, optan por la salida más simplista de crear nuevas tasas que les cubran los déficits. Y, aunque las comunas no están habilitadas a imponer impuestos, la falta de ideas superadoras y de controles, determina que las tasas sin contraprestación (lo que las convierte en impuestos) comiencen a estar a la orden del día recayendo, otra vez, sobre los contribuyentes, y allí vuelve a aparecer el campo, como el barril sin fondo que puede afrontar cuanta quita ande suelta por el país.

Uno de los casos más emblemáticos, tal vez por la difusión alcanzada, es el de la provincia de Buenos Aires que aumentó entre 200% y 300% el Inmobiliario, aunque la suba alcanzó también a otros gravámenes; mientras que algunos intendentes ya saltaron el cerco de la creatividad, y así, al escándalo del aumento de “un litro de gas oil por hectárea/mes”, que había impuesto Azul en su momento, se agregaron otros varios, aunque uno de los más extremos fue el de Pehuajó con “2 litros de combustible premium por hectárea fumigada”, lo que en este último caso alcanzaría a unos 2 millones de litros de “aporte”, mientras que en el anterior se trataría de unos 640.000 litros/mes, y así sucesivamente.

El descalabro, mayúsculo, determina además, la aparición de verdaderas “aduanas interiores”, a partir de los distintos tratamientos que se aplican en cada distrito, en la mayoría de los casos en forma absolutamente discrecional, y sin contralor local, y mucho menos, inspecciones provinciales, ni nacionales.

Vale aclarar, sin embargo, que todos estos “avances” se hacen en más de un caso, no solo mediante los controvertidos “DNU” (Decretos de Necesidad y Urgencia, o herramientas similares), sino también mediante la aprobación de mayorías en los Congresos y en los Consejos Deliberantes de cada localidad, o sea, con el “voto positivo” de una parte importante de los “representantes del pueblo”, por lo tanto, copartícipes necesarios de semejantes excesos.

A esta altura, no vale la pena abundar sobre “el costo argentino”, la “pérdida de competitividad”, el daño directo al país etc., etc., que se le impone a la producción local con todas estas medidas que, para colmo, en más de un caso, ni siquiera son para asignar esos montos a situaciones extremas, o a sectores vulnerables. Más vale, lo que más se escucha es que se trata de partidas para zafar de la coyuntura; tapar “baches” de la administración pública (en general por gastos excesivos que resisten recortar), o para poder “mantener beneficios y prebendas” de distintos sectores, tanto del ámbito público, como del privado. ¿Cómo se explicaría, sino el escandaloso caso de los multimillonarios fideicomisos?

Daría la impresión que, hasta el momento, solo los jubilados, y los contribuyentes regulares son los que están soportando el mayor peso de la reestructuración que se pretende (y porque tampoco tienen alternativa, ya que son cautivos), mientras que la dirigencia (pública y privada), funcionarios de distintas categorías, y gran cantidad de sectores que, por ideología, resultaron beneficiados durante años con distintas partidas discrecionales, son los que hoy más resisten el intento de cambio, lo que sería bastante lógico, aunque inmoral, ya que para lograr el cambio estructural que se necesita, entre otras cosas cada uno de ellos debería resignar esta clase de beneficios.

La dirigencia del campo, ausente

Pero, de la misma forma que como ya se mencionó, parte de los (des)manejos se logran con ”el voto positivo de los representantes del pueblo” , también hay que reconocer que la sociedad como conjunto, y especialmente una buena parte de la dirigencia, tampoco están contribuyendo en nada, y más vale está apareciendo cómodamente anclada a los viejos esquemas. No hay ideas, no hay propuestas, no hay trabajo colectivo, apenas las reiteradas y trilladas peticiones de siempre, sin mayor soporte técnico que, en el caso del campo, se pueden resumir en algunas consignas históricas como la obvia: “NO, a las retenciones”, pero sin acercar ningún esquema alternativo. También aparecen cuestiones algo más modernas, como las “apenas” dos décadas que lleva la indefinición sobre una Ley de Semillas adecuada a la tecnología actual y “a la que viene” que no deje a la Argentina fuera del mapa, como está sucediendo ahora. Y, a pesar de la importancia particular -y nacional- del asunto, no se ven hasta el momento propuestas sectoriales para subsanar el bache cada vez más grande que genera no contar con seguridad jurídica, ni respeto por la propiedad intelectual en estas obtenciones que, además, no solo involucran a la semillas de los grandes cultivos, sino también a las forestales, hortícolas, frutícolas, y toda la amplia gama de obtenciones vegetales imaginable.

Por el momento, y dado el frenazo que registró la Ley Ómnibus, que contenía una adhesión automática a la UPV91 que protege a las obtenciones vegetales en todo el mundo (a la que Argentina ya está adherida en su versión anterior), y que generó una reacción negativa exponencial en buena parte del sector de los productores, parecería un momento más que oportuno para que el conjunto de los actores acordara un proyecto de ley para presentar al Congreso lo que, además de bienvenido, sería mucho más difícil de “abrir” para incluir otros temas, en lugar de esperar a que el propio Legislativo, o el Ejecutivo, eleven una propuesta que después será rechazada y todo volverá a quedar entonces en foja cero…., excepto, claro está, que eso sea lo que se busca.

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