Empresa pesquera cierra sus puertas tras 50 años de historia

“No nos dejan otra opción”, resume con amargura Federico Angeleri, director del grupo empresario Marechiare, al confirmar el cierre de una empresa que lleva más de 50 años de historia. La decisión no es un hecho aislado: refleja el colapso de la industria de conservas en la Argentina, particularmente la de caballa y atún, fuertemente afectada por una combinación letal de caída del consumo interno, altos costos productivos y competencia desleal por parte de productos importados.

En su mejor momento, Mar del Plata albergó unas 35 plantas conserveras. Hoy, apenas sobreviven cinco. Las restantes fueron quedando en el camino ante un escenario cada vez más complejo. Marechiare, al borde del abismo, proyecta una reconversión forzada: dejar la producción nacional y migrar hacia un modelo de comercialización de productos importados.

“Vemos que no hay acompañamiento del Gobierno. Seguramente migremos hacia un modelo basado en la importación de productos terminados. Los precios de venta están congelados desde diciembre de 2023 y solo aumentaron un 10%, mientras las ventas cayeron más del 60%. Esto no es un caso aislado”, advierte Angeleri.

Un negocio que ya no cierra

La industria conserva enfrenta una ecuación imposible: producir una lata de caballa de 180 gramos cuesta alrededor de $1800 más IVA, mientras que el precio de venta ronda los $1400. Es decir, cada unidad se vende a pérdida. A nivel internacional, la misma lata cuesta unos US$0,90, pero producirla en Argentina cuesta casi el doble: US$1,60, sin impuestos.

“Los costos laborales son lo que más encarece el producto. El aceite tiene un precio internacional, pero todos los costos logísticos y extras son argentinos”, señala Angeleri. A esto se suma un marco laboral anticuado. Según los industriales del sector, la actividad está regulada por un convenio gremial de 1977 que no se ha modernizado. “Hemos presentado alternativas, pero nunca hubo apertura al diálogo. Hoy la industria pesquera ya no es negocio”, afirma.

La crisis no es nueva. Ya en los años 70 se dejó de pescar atún para producción nacional. Mar del Plata vivió sus años dorados cuando las conserveras se nutrían directamente de la pesca local. Pero ese ecosistema se quebró. Actualmente, la caballa se extrae en aguas cercanas a la ciudad, se procesa y en envasa en latas de 180 gramos. También se trabaja la anchoíta salada, aunque en menor volumen.

El atún, en cambio, se importa casi en su totalidad, principalmente desde Ecuador, ya procesado y envasado. “Hace más de 50 años que en Argentina no se pesca atún. Antes se traía congelado y se procesaba acá. Hoy se importa directamente la lata terminada”, explica Angeleri.

La reconversión hacia la importación

Con el avance de las grandes marcas internacionales, que producen sus conservas en origen y luego las comercializan en el país, el modelo nacional pierde cada vez más terreno. Los líderes del mercado –principalmente Ecuador y Tailandia– operan con costos mucho más competitivos y beneficios fiscales que agravan el desbalance.

“Los elevados costos locales y los beneficios impositivos a los importados hacen que la actividad sea inviable”, resume Angeleri. Frente a este panorama, la reconversión del negocio parece inminente: importar directamente latas terminadas desde Ecuador, bajo marcas propias o extranjeras, y abandonar la producción nacional como única forma de subsistencia.

La industria conservera, una tradición de origen italiano que floreció en el país durante décadas, hoy parece desvanecerse sin apoyo. “Estamos tratando de subsistir con el poco stock que queda”, lamenta Angeleri, mientras busca una salida que le permita seguir en el juego, aunque ya no sea fabricando en Argentina.

Crisis en Río Negro

En una decisión que profundiza la incertidumbre y manifiesta un escenario decididamente negativo en el sector pesquero rionegrino, la empresa Río Salado confirmó días atrás el cese definitivo de sus actividades en San Antonio, con la consiguiente desvinculación de 90 empleados. No obstante, la compañía ha condicionado el pago de las indemnizaciones a la futura venta de un inmueble, aludiendo a la falta de recursos inmediatos para saldar sus compromisos salariales y otras obligaciones financieras y patronales.

La confirmación de este drástico desenlace tuvo lugar durante la audiencia convocada por la cartera laboral en San Antonio, donde el gerente de la empresa, Franco Massari, expuso la difícil situación financiera que atraviesa la firma. En la reunión, encabezada por el delegado de Trabajo, Sergio Ortiz, estuvieron presentes representantes del Sindicato de la Alimentación (STIA), incluyendo al secretario general, Juan Ortiz, y al adjunto, Juan Huilcapan.

Las autoridades laborales han expresado su determinación de exigir el cumplimiento inmediato de las obligaciones pendientes, aunque tal requerimiento no quedó formalmente plasmado en el acta correspondiente.

Semanas previas, la pesquera había enviado telegramas de despido a sus 90 trabajadores, asegurando que abonaría únicamente el 50% de las indemnizaciones estipuladas. Ante esta postura, el Ministerio de Trabajo intervino, requiriendo el pago total de las compensaciones y convocando a la audiencia para abordar el conflicto.

Asimismo, otro punto de controversia ha sido la demora en la baja administrativa del personal en el sistema de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), lo que impide a los trabajadores acceder al seguro de desempleo. Frente a este requerimiento, la empresa se comprometió a completar dicho trámite en el transcurso de la próxima semana.

Fuente: La Nación/Pescare.