España: Las explotaciones de agricultura familiar al borde del abismo
¿Podrá España evitar la desaparición masiva de sus explotaciones familiares antes de 2030? El relevo generacional se convierte en cuestión de supervivencia rural.
Las explotaciones de agricultura familiar representan el pilar fundamental del sector primario español. Sobre el papel superan las 750.000 unidades frente a un total superior a las 900.000 explotaciones existentes, y constituyen el motor principal de la producción agrícola y ganadera nacional.
Estas unidades mantienen vivo el tejido rural, preservan el paisaje agrario y sostienen la economía de innumerables municipios alejados de las grandes urbes. Sin embargo, su futuro pende de un hilo debido a una estructura minifundista crónica, el envejecimiento acelerado de sus titulares y la irrupción de actores corporativos con mayor capacidad financiera.
La cruda realidad demográfica del campo
La pirámide etaria del sector agrario revela un panorama alarmante. Más del 40% de los titulares supera los 65 años, el 67% ya ha cumplido los 55 años y apenas un 4% cuenta con menos de 35 años. Datos más recientes del Ministerio de Agricultura y organizaciones sectoriales confirman que solo alrededor del 9% de los titulares tiene menos de 41 años, mientras que el 41% supera los 65 años.
Esta brecha generacional bloquea cualquier posibilidad de ampliación dimensional de las explotaciones familiares y condena a muchas de ellas a la extinción silenciosa tras la jubilación de sus propietarios.
El minifundio predomina especialmente en regiones de la cornisa cantábrica y el Levante, donde la fragmentación hereditaria agrava el problema. Aunque el censo oficial registra cientos de miles de pequeñas unidades, estimaciones extraoficiales indican que la producción real se concentra en poco más de 300.000 explotaciones viables. Decenas de miles de las registradas operan en realidad bajo fórmulas de arrendamiento o integración en estructuras mayores, lo que evidencia una desconexión entre las estadísticas y la realidad económica del campo.
La nueva amenaza
A las dificultades internas se suma ahora una competencia externa de gran calado. Fondos de inversión y grandes corporaciones agroalimentarias han irrumpido con fuerza en el sector, adquiriendo tierras y explotaciones a gran escala. Estas entidades aprovechan economías de escala en producción, transformación y distribución que resultan inalcanzables para la mayoría de las explotaciones familiares.
El resultado es una presión adicional sobre los pequeños productores, que ven reducida su capacidad negociadora en la cadena alimentaria y enfrentan mayores obstáculos para mantener rentabilidad.
Hacia una Ley de Agricultura Familiar
Ante este escenario crítico, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación impulsa la tramitación de una nueva Ley de Agricultura Familiar (denominada también Ley de Agricultura Familiar y Profesional). Iniciada con consulta pública en marzo de 2025, la norma busca actualizar la obsoleta Ley de Modernización de las Explotaciones Agrarias de 1995 y establecer un marco de apoyo específico para este modelo productivo.
Los objetivos centrales incluyen:
- Crear explotaciones familiares con dimensiones suficientes para generar ingresos dignos y rentables.
- Fomentar el asociacionismo en producción, compra de insumos y comercialización, clave para mejorar la posición en el mercado.
- Evitar el fraccionamiento excesivo de fincas rústicas y dinamizar el mercado de tierra mediante arrendamientos y transmisiones.
- Facilitar el acceso al crédito para modernización y adopción de tecnologías.
- Impulsar medidas en fiscalidad, relevo generacional, reconocimiento de jefes de explotación y mayor protagonismo de la mujer en el sector.
La futura ley pretende consolidar herramientas como oficinas de transmisión de tierras (similares a modelos europeos) y alinear con estrategias europeas que buscan duplicar la proporción de jóvenes agricultores para 2040.
El ministro Luis Planas ha reiterado que fortalecer la agricultura familiar resulta esencial para garantizar cohesión territorial, sostenibilidad ambiental y futuro del medio rural.
El clamor del sector y los desafíos pendientes
Las organizaciones agrarias denuncian históricamente la falta de atención real a las necesidades de las explotaciones familiares, pese a su rol estratégico en la fijación de población y la preservación del entorno. Exigen que la nueva norma supere el mero carácter declarativo y contenga medidas concretas, dotadas presupuestariamente, que respondan a las demandas reales del campo.
Solo así se podrá revertir la tendencia al despoblamiento rural y asegurar la continuidad de un modelo que, más allá de lo productivo, cumple una función social y territorial irremplazable.
Fuente: El País
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