cerezas

Lo que comenzó como un negocio de cerezas terminó en una guerra judicial sin precedentes

Cerezas: una alianza estratégica terminó en tribunales, con querellas por estafa y una trama empresarial cada vez más compleja.

Lo que comenzó como un acuerdo comercial prometedor en el competitivo mercado internacional de las cerezas terminó por convertirse en una compleja y creciente batalla judicial con múltiples actores, acusaciones cruzadas y consecuencias financieras millonarias. En el centro del conflicto se encuentra el empresario chileno Ricardo Duch, socio fundador de G&N Brands, quien a través de la agrícola Potrero Grande (APG) firmó un contrato de exportación que hoy es objeto de intensas disputas legales.

El acuerdo, suscrito con la exportadora Baron —vinculada a Eduardo Espinosa— contemplaba el envío de cerezas de Chile durante siete temporadas consecutivas, iniciando en la campaña 2024/25. La operación tenía como destino final el mercado asiático, donde la comercialización estaría a cargo de Mor Fruit, una de las mayores importadoras de fruta del continente, con presencia en diversos países de América.

En Chile, Mor Fruit opera mediante One World SpA, y para este contrato específico, la intermediación estuvo en manos del ejecutivo estadounidense Westly Travis Moran. La estructura del negocio parecía sólida, pero los resultados rápidamente desataron la controversia.

Resultados negativos y quiebre entre las partes

Durante la primera temporada, se comercializaron 642 mil kilos de cerezas, pero el balance final fue negativo: una pérdida de 42 centavos de dólar por kilo, lo que derivó en un saldo en rojo cercano a los 306 mil dólares. Este resultado encendió las alarmas y dio paso a una serie de recriminaciones entre las partes involucradas.

APG había recibido previamente un anticipo de 1,6 millones de dólares, además de un préstamo adicional de 800 mil dólares para financiar la operación. Según la exportadora y la contraparte asiática, ante una liquidación negativa correspondía la restitución de los excedentes. Sin embargo, desde APG —y particularmente desde la defensa de Duch— se ha rechazado esta interpretación, lo que marcó el inicio de un conflicto que hoy suma múltiples causas judiciales.

Las primeras acciones legales fueron impulsadas por Baron Export, que acudió tanto a la justicia civil como a instancias arbitrales. Posteriormente, se sumaron otras partes involucradas en la cadena comercial, ampliando el conflicto a nuevas dimensiones, incluyendo el ámbito penal.

A fines de 2025, se presentó una querella por estafa y apropiación indebida ante el juzgado de garantía de San Felipe. En dicho documento, los querellantes acusan a Duch de haber diseñado una estrategia para engañarlos, señalando incluso episodios en los que el empresario habría exhibido su patrimonio —incluyendo una hacienda con criadero de caballos pura sangre y un museo de arte moderno— como parte de una supuesta maniobra para generar confianza.

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Lo que prometía ganancias en el mercado asiático terminó con pérdidas por kilo y un complejo litigio financiero.

Lo que prometía ganancias en el mercado asiático terminó con pérdidas por kilo y un complejo litigio financiero.

Desde la vereda contraria, Duch contraatacó con una querella por alteración fraudulenta, respaldado por un equipo de abogados de reconocidos estudios jurídicos. Su defensa sostiene que fue víctima de negligencia comercial por parte de la exportadora, argumentando que los retornos obtenidos —negativos en este caso— contrastan con los precios del mercado, donde otras empresas como Dole Chile habrían logrado retornos positivos significativamente mayores.

Además, la defensa acusa que Baron incumplió compromisos clave, como el financiamiento de dos millones de dólares para la temporada siguiente, lo que habría generado un estrangulamiento financiero para APG.

Escalada judicial y efectos en la industria frutícola

Con el paso de los meses, el caso creció exponencialmente. Actualmente, se contabilizan al menos cuatro causas civiles y cinco penales, además de la incorporación de terceros afectados, como empresas que tenían derechos sobre la fruta o acuerdos comerciales paralelos.

Entre ellas destacan compañías que alegan haber sido perjudicadas por decisiones posteriores de APG, como la reestructuración societaria que derivó en la división de la empresa original. Según los querellantes, esta maniobra habría dejado a la entidad inicial sin activos, dificultando el cumplimiento de obligaciones financieras.

El conflicto alcanzó un punto crítico cuando el juzgado de San Felipe dictó medidas cautelares que restringen la celebración de actos y contratos por parte de sociedades vinculadas a Duch. Sin embargo, estas medidas también han sido objeto de controversia, ya que la defensa sostiene que fueron dictadas antes de una formalización, lo que —afirman— sería contrario a la ley.

El tribunal, por su parte, insistió en la implementación de dichas medidas, incluso ordenando su inscripción en registros societarios, lo que derivó en nuevas acusaciones por desacato y contratos simulados.

Fuentes cercanas a la defensa del empresario aseguran que las acciones legales en su contra forman parte de una estrategia para presionarlo, calificando la ofensiva judicial como “extorsiva” y destinada a transformar una disputa comercial en un caso penal.

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Empresarios, exportadoras y operadores internacionales se enfrentan en un conflicto que escala con nuevas acciones judiciales ante los resultados negativos en el mercado chino.

Empresarios, exportadoras y operadores internacionales se enfrentan en un conflicto que escala con nuevas acciones judiciales ante los resultados negativos en el mercado chino.

Mientras tanto, desde la contraparte se mantiene la postura de que los hechos constituyen una estafa, especialmente considerando la magnitud de los montos involucrados y las decisiones empresariales posteriores.

Para el abogado especialista en comercio internacional, Rafael Durán, este caso refleja una transformación más amplia en la industria frutícola. Según explica, el sector ha evolucionado desde una etapa basada en la confianza personal hacia un modelo altamente estructurado y contractual, donde los riesgos financieros y legales son cada vez mayores.

Durán advierte que, en contextos de márgenes estrechos —como el actual mercado de las cerezas—, es frecuente que surjan disputas cuando las liquidaciones resultan negativas, especialmente si existen anticipos involucrados. En estos casos, no es raro que los conflictos escalen simultáneamente en el ámbito civil y penal.

Así, lo que comenzó como una apuesta comercial para conquistar el mercado asiático se ha transformado en un caso emblemático sobre los riesgos del negocio frutícola globalizado. Con múltiples causas en curso y posiciones irreconciliables, el desenlace de esta disputa podría sentar un precedente relevante para la industria exportadora en los próximos años.

Fuente: Diario Financiero con aportes de Redacción +P.

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