Gremios vs. productores: el choque por la nueva ley laboral
La reforma laboral avanza y abre una fuerte disputa en el sector agropecuario: qué cambia en indemnizaciones, período de prueba y responsabilidad solidaria.
Después de la polvareda y de las lamentables desprolijidades alrededor de la reforma de la Ley de Modernización Laboral (la anterior era de 1974, “apenas” 52 años atrás), finalmente el nuevo instrumento jurídico va camino a convertirse en ley en los próximos días, tras su tratamiento en la Cámara alta, munida ya con la aprobación del plenario de comisiones. Con esta actualización, se pretende revertir la precarización laboral que fue en aumento en los últimos 13 años, con más trabajadores en relación de dependencia encubierta o, simplemente, sin ningún tipo de formalidad. Pero también apunta a disminuir fuertemente la judicialización del trabajo, disminuir los costos, aumentar las inversiones y, de esta forma, incrementar la demanda de mano de obra “en blanco”.
De ahí que, contrariamente a las más tradicionales políticas legislativas del país (lineales), en este caso se incluye también el RIMI (Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones), el FAL (Fondo de Asistencia Laboral), un blanqueo de deudas de aportes y contribuciones a la seguridad social y una serie de medidas impositivas.
Y, a pesar de que en el tratamiento legislativo muchas cuestiones van quedando por el camino, producto de las negociaciones, hay varios aspectos de interés además de los básicos, como la modificación de la base de cálculo de las indemnizaciones por despido, de la que quedan excluidos del cómputo el aguinaldo, las vacaciones, los premios y otros conceptos que no sean de pago mensual habitual.
Aparece, por ejemplo, un Fondo de Asistencia Laboral para financiar parte de las indemnizaciones por despido (otra vez, con 3,5 % de aporte de la ANSES), que será de alto impacto, especialmente para las pymes que, en el caso del campo, constituyen la mayor parte de las empresas.
Otras cuestiones, como el eventual fraccionamiento de las vacaciones (con acuerdo entre partes), o el pago en dólares o especies de los salarios, o el banco de horas para compensar jornadas más largas por otras más cortas e, incluso, días libres, casi no forman parte de los usos y costumbres del campo, pero sí en otros sectores de la actividad económica.
Distinto es el caso de la ampliación de los sectores esenciales, ya que a los previstos de salud, agua potable, energía eléctrica, gas y control del tráfico aéreo, se suman telecomunicaciones, aeronáutica, comercio, servicios portuarios, aduaneros y migratorios y educación. El cambio implica que se “deberá” garantizar el servicio, impidiendo su suspensión absoluta como, lamentablemente, viene ocurriendo con medidas de fuerza en distintos rubros, por ejemplo, con la actividad en los puertos del Paraná, provocando grandes pérdidas y aumento en los costos de toda la cadena agroindustrial.
También pasan a considerarse infracciones graves los bloqueos y tomas de empresas, también frecuentes en varios sectores de la agroindustria como semillas, lácteas, etc. Se mantienen, sin embargo, el tope de 2 % del aporte solidario a los sindicatos, así como el tope de 0,5 % en los aportes a distintas cámaras.
La postura del gremio rural
Para UATRE, la Unión de Trabajadores Rurales y Estibadores, que lidera José Voytenco, uno de los alertas es la reforma propuesta al artículo 12 de la Ley 26.727 (de Trabajo Agrario), que “elimina el esquema de responsabilidad solidaria amplia, que obliga al principal (propietario o arrendatario) a responder por todas las obligaciones laborales y de seguridad social, cuando utiliza contratistas en actividades agrarias. También suprime la presunción legal que considera al trabajador como empleado directo del establecimiento cuando realiza tareas propias de la actividad normal, dejando al trabajador atado exclusivamente al contratista que lo registró, aun cuando este sea insolvente o transitorio, situación estructural en el trabajo rural”.
Según los especialistas del gremio, “el nuevo texto limita la solidaridad de la empresa usuaria únicamente a las obligaciones devengadas durante el tiempo de efectiva prestación, lo que excluye prácticamente la mayor parte de los créditos laborales (antigüedad, indemnizaciones, diferencias salariales previas, etc.). Además, amplía la exención de responsabilidad a cualquier propietario que arriende tierras, maquinaria o equipamiento, facilitando que las empresas rurales organicen su explotación mediante contratistas sin asumir responsabilidad real sobre los trabajadores”.
Y reconocen que “en el trabajo agrario, caracterizado por alta informalidad, estacionalidad y tercerización, estas modificaciones implican una regresión sustancial en la protección de los trabajadores”.
Por otra parte, cuestionan el lapso de prueba. “Elevarlo a ocho meses implica permitir un período prolongado durante el cual el empleador puede extinguir el vínculo sin indemnización por antigüedad ni derecho a preaviso, y sin necesidad de causa”.
“En un sector caracterizado por alta rotación, informalidad y fuerte asimetría de poder, un período de prueba tan extenso funciona como un instrumento de precarización”, sostienen desde la entidad gremial, que objeta, además, el debilitamiento del rol de la CNTA (Comisión Nacional de Trabajo Agrario). “La reforma reduce la tutela del trabajador rural frente a la variabilidad propia del trabajo por rendimiento, elimina un piso técnico y obligatorio fijado por el Estado para actividades estacionales y deja a los trabajadores expuestos a salarios mínimos más bajos, desfasados o condicionados a la voluntad negociadora del sector empleador”.
La visión de los productores
En la presentación hecha en el Congreso, la titular de la Fundación Barbechando, Ángeles Naveyra, destacó que el proyecto “tiene impacto estructural para el empleo y la economía nacional, ya que corrige distorsiones que durante años generaron litigios, informalidad y desaliento a la inversión”.
Con ese marco, la ONG de productores señala su acuerdo tanto con la “eliminación de la responsabilidad solidaria entre propietarios y arrendatarios” como con “la supresión de la figura del trabajador permanente discontinuo”. Igualmente, Barbechando destaca que la incorporación del FAL al sistema indemnizatorio “da previsibilidad ya que, ante un eventual despido, la pyme no pone en riesgo su continuidad”.
Naveyra aprobó, igualmente, la ampliación del período de prueba (a 8 meses) y la negociación salarial directa entre sindicatos y entidades, sin intervención del Estado. Sin embargo, destacó como “muy” importante “la incorporación de las personas físicas al RIMI”, ya que reconoce la verdadera composición del entramado productivo, aunque consideró que vía “reglamentación” pueden aclararse algunos puntos como el lapso para considerar los montos y los rubros que se incluyen.
También destacó “el diferimiento del pago de Impuesto a las Ganancias en la valuación de la hacienda, al momento efectivo de la venta, y la eliminación del cupo anual para devoluciones del IVA en las inversiones de capital”, es decir, devolución inmediata sin que se acumulen dudas de IVA estructural.
Para la dirigente, la actualización que conlleva la nueva ley ayudará a la “creación de más empleo formal, más producción y más inversión”.
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