El fallo definitivo de los 16 millones de dólares que sacude la industria vitivinícola

La industria vitivinícola de la región Cuyana se encuentra en un estado de efervescencia tras un fallo judicial que obliga al pago de más de USD 16 millones por incumplimiento en la provisión de mosto concentrado. Este veredicto, emitido por la Tercera Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Minas, de Paz y Tributario de Mendoza, ratifica un laudo arbitral en el litigio entre la empresa Iberte y EcoGreen International LLC, junto con su titular Marcelo Bocardo y Jugos Australes S.A.

Según detalles obtenidos por la Agencia Noticias Argentinas, la sentencia responsabiliza solidariamente a los codemandados por el perjuicio ocasionado, ordenando el pago de USD 12.195.750 más intereses desde la mora, suma que actualmente supera los USD 16.000.000. El tribunal confirma un incumplimiento contractual esencial por parte de EcoGreen y Bocardo, al no entregar el producto acordado pese a haber recibido el pago correspondiente de Iberte.

Este caso no solo resalta la vulnerabilidad en los contratos de compraventa internacional de insumos vitivinícolas, sino que también alerta sobre las implicancias para otras entidades del sector. En particular, genera un precedente judicial para la Federación de Cooperativas Vitivinícolas Argentinas (Fecovita), dada la similitud con otros juicios pendientes.

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Detalles del conflicto y alegatos de las partes

El núcleo del litigio radica en un contrato de compraventa de mosto concentrado, donde Iberte actuó como comprador y cumplió con sus obligaciones financieras, pero no recibió el producto. El fallo destaca que Iberte "no actuó como un mero inversor sin riesgo, sino como parte contratante que cumplió con su obligación y se vio privada de lo que legalmente correspondía". La Cámara rechazó los argumentos de Bocardo, quien alegó que Jugos Australes S.A. solo fungió como garante en un contrato de financiamiento entre dos entidades extranjeras, y no como proveedor directo de mosto para Iberte.

Sin embargo, el tribunal enfatizó que el vínculo era un contrato de compraventa internacional, no un mero financiamiento, y que la falta de entrega generó un daño indemnizable. Además, se impuso una garantía prendaria sobre las acciones de Bocardo, extendiendo la responsabilidad más allá del ámbito empresarial hacia lo personal.

Carlos Aguinaga, abogado de Iberte, subrayó el mensaje del fallo: "Cuando se pacta una obligación, su incumplimiento sistemático configura más que una mera mora; la responsabilidad puede alcanzar al deudor principal, a los garantes y a los que se benefician de la articulación societaria". Aguinaga calculó la suma total, con intereses, en más de USD 16.000.000, y destacó las implicancias penales para Bocardo.

Por su parte, Retamero, apoderado de Iberte, anunció que los fondos recuperados de este y otros juicios —incluyendo contra Fraccionadora San Juan, Jugos Australes, Bodegas Galán y Fecovita— se destinarán a una fundación para proyectos de bien público. Esto incluye los USD 16.000.000 de esta sentencia, orientados a iniciativas sociales en la región.

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Medidas cautelares y ramificaciones penales

Como consecuencia inmediata del laudo inicial, la justicia ordenó el embargo preventivo de la planta de mosto de Jugos Australes y su bodega en Rivadavia, Mendoza. Adicionalmente, se aplicaron embargos sobre ingresos por exportaciones pendientes y cuentas bancarias de los demandados en Estados Unidos.

El caso trasciende lo civil: Bocardo enfrenta imputaciones penales por desbaratamiento de empresa y tentativa de estafa procesal con uso de documento falso, en un intento por evitar pagos. La causa, elevada a juicio por la Unidad de Delitos Económicos del Ministerio Público Fiscal, incluye prohibiciones de salida del país y de la provincia de Mendoza para el empresario. Además, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) inició un sumario penal cambiario derivado de estas irregularidades.

Aguinaga explicó que "queda pendiente la causa penal contra Marcelo Bocardo, que ya ha sido elevada a juicio, representando esta sentencia una fuerte confirmación del daño producido por él".

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Precedente para Fecovita

Este fallo adquiere relevancia como antecedente significativo en el conflicto judicial entre Fecovita e Iberte. En ese expediente, Iberte denuncia un engaño para formar la sociedad EVISA, donde aportó más de USD 30.000.000 en capital, sin que Fecovita cumpliera con entregas de vino, mosto y aportes societarios en la Bodega Resero.

Las imputaciones por estafa contra directivos y ex directivos de Fecovita —Rubén Panella, Eduardo Sancho, Jorge Irañeta y Juan Ángel Rodríguez— incluyen abuso de confianza, simulación de aportes, incumplimiento y desvío de fondos. Además, la Mesa Directiva y la sindicatura enfrentan cargos por balance falso.

Aguinaga señaló analogías claras: "En ambos casos se observa la entrega de recursos por parte de un contratante (Iberte) que no recibió lo pactado; contratos que terminan siendo un compromiso de pago incumplido; y sociedades como pantalla". El abogado calificó esto como un modus operandi de "empresarios vitivinícolas inescrupulosos: cobrar y no entregar", revirtiendo las acusaciones previas contra Iberte.

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Este veredicto no solo resarce a Iberte, sino que envía una advertencia al sector vitivinícola cuyano sobre la necesidad de transparencia en contratos internacionales y locales. En un contexto de volatilidad en precios de insumos como el mosto, y con la región depending de exportaciones, fallos como este podrían impulsar reformas en prácticas contractuales, fortaleciendo la confianza en la cadena de valor vitivinícola. La industria, que representa un pilar económico para Mendoza y San Juan, debe ahora reflexionar sobre mecanismos de garantía y responsabilidad para evitar litigios millonarios que afecten su competitividad global.

En resumen, este caso ilustra cómo incumplimientos en la provisión de mosto concentrado pueden escalar a responsabilidades multimillonarias, con ramificaciones civiles, penales y sociales. Para los especialistas en vitivinicultura, representa un llamado a revisar estructuras societarias y contractuales, asegurando que los compromisos se cumplan para preservar la integridad del sector.

Fuente: Noticias Argentinas con aportes de +P