Escándalo en Fecovita: directivos acusados de manipular balances por 100 millones de dólares

El sector vitivinícola argentino está bajo la lupa judicial a raíz de una grave acusación que afecta a una de sus entidades más emblemáticas: la Federación de Cooperativas Vitivinícolas Argentinas (Fecovita). Lo que comenzó como una investigación por balances contables presuntamente falsificados correspondientes a los ejercicios de 2021 y 2022, escaló hasta el punto en que siete directivos, exdirectivos y síndicos de alto perfil enfrentan estrictas medidas de restricción mientras la causa avanza hacia el juicio oral. Un escándalo con todas las letras.

Los imputados son Rubén Panella, Eduardo Sancho, Marcelo Federici, Jorge Irañeta, Eduardo Portera, Roberto Vázquez e Hilda W. De Vaieretti. Este desarrollo no solo pone en relieve la vulnerabilidad de la integridad financiera corporativa, sino que también plantea interrogantes cruciales sobre la gobernanza y la transparencia en entidades de gran envergadura como la cooperativa vitivinícola más grande del país, que integra a 5.000 productores.

El Ministerio Público Fiscal dispuso una serie de medidas precautorias que reflejan la seriedad de los cargos y la preocupación por la posible obstrucción a la justicia. La resolución establece la prohibición explícita de contacto y comunicación de los imputados con figuras clave en el proceso, incluyendo al abogado querellante Carlos Aguinaga, al contador público nacional José Escandell, a los letrados de la parte acusadora, a los testigos y peritos, así como a los representantes y apoderados de las empresas involucradas.

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La magnitud de esta restricción es total, abarcando cualquier tipo de vínculo, ya sea directo o indirecto, por medios personales, electrónicos, telefónicos o notariales. Además, se les ha prohibido acercarse a menos de 800 metros de las oficinas de EVISA e IBERTE y de los domicilios de sus representantes.

El objetivo de estas medidas es claro y fue detallado por el Ministerio Público Fiscal: impedir que los imputados ejerzan nuevas maniobras de presión o coacción sobre abogados, peritos, testigos y representantes de la querella, prácticas que ya habrían intentado en el curso de la investigación.

El abogado Carlos Aguinaga, pieza clave en la acusación, destacó que estas restricciones fueron solicitadas debido a reiteradas conductas de obstrucción a la investigación y a episodios de hostigamiento contra profesionales intervinientes en la causa y representantes de las empresas querellantes.

Aguinaga calificó como "inadmisible" la intimidación a profesionales que colaboran con la justicia, advirtiendo que tales conductas constituyen una clara obstrucción y podrían derivar en la prisión preventiva de quienes incumplan las medidas.

Los delitos

Desde una perspectiva económica y de gobernanza corporativa, este caso resuena con fuerza. Los directivos de Fecovita son acusados de ser coautores penalmente responsables del delito de "autorización, certificación y publicación de balance falso", según el Art. 300 inc. 2do del Código Penal.

La investigación de la Unidad Fiscal de Delitos Económicos reveló graves inconsistencias en los balances de 2021 y 2022, con un informe pericial de más de 140 páginas detectando una presunta simulación de aporte de capital inexistente, sobrevaluación patrimonial, ocultamiento de pasivos (que superarían los 100 millones de dólares), omisión de hechos relevantes y el encubrimiento de incumplimientos contractuales.

Este caso se entrelaza con un conflicto previo por estafa entre Fecovita e Iberte, donde se acusa a la cooperativa de haber engañado a Iberte en la formación de la sociedad exportadora Evisa, desviando fondos millonarios. La presunta manipulación contable no solo socava la fe en los estados financieros de una entidad específica, sino que también puede erosionar la confianza general de inversores y socios en la transparencia del mercado.

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La imposición de restricciones tan severas por parte de la justicia subraya la importancia de la independencia de los auditores y la necesidad de mecanismos robustos de control interno en cualquier organización, especialmente en aquellas de naturaleza cooperativa donde la confianza entre sus miembros es fundamental.

El avance de este proceso judicial hacia la instancia de juicio oral, donde los acusados deberán responder por la "presunta manipulación contable", será un caso de estudio crucial para evaluar la eficacia de los sistemas judiciales en la protección de la integridad económica y la disuasión de prácticas fraudulentas en el ámbito empresarial argentino.