El ajuste golpea al INTA: más de 750 especialistas dejaron el organismo

El proceso de reestructuración impulsado por el Gobierno nacional en el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) continúa profundizándose y genera creciente preocupación en distintos sectores vinculados al agro y la investigación científica. Con la difusión de una segunda nómina de agentes habilitados para adherirse al régimen de retiros voluntarios, ya son 757 los trabajadores que dejaron la institución, una cifra que podría aumentar en las próximas semanas.

La nueva lista incorpora a 380 empleados y se suma a una primera tanda de 377 desvinculaciones aprobadas anteriormente. Según fuentes del propio organismo, aún resta una tercera nómina de casos que permanecen bajo análisis, por lo que el número final de bajas podría ser significativamente mayor.

La medida forma parte del plan de reorganización impulsado por la administración del presidente Javier Milei, que apunta a reducir la estructura del principal organismo de investigación y extensión agropecuaria del país. Actualmente, el INTA cuenta con alrededor de 5.750 trabajadores distribuidos en todo el territorio nacional. La meta oficial sería alcanzar una reducción cercana a los 1.200 puestos de trabajo, lo que representa aproximadamente el 20% de su planta de personal.

Un organismo estratégico para el desarrollo agropecuario

La magnitud del ajuste encendió señales de alerta entre investigadores, técnicos y productores, especialmente por el perfil altamente especializado de muchos de los profesionales que están abandonando la institución. El INTA ha sido históricamente uno de los pilares del desarrollo tecnológico agropecuario argentino, con un rol clave en la generación y transferencia de conocimientos para el sector productivo.

Entre sus principales funciones se destacan la elaboración de informes climáticos y agrometeorológicos, el desarrollo de nuevas variedades vegetales, la investigación en sanidad animal y vegetal, el manejo de plagas, la conservación de suelos, la agricultura de precisión y la asistencia técnica a productores de distintas escalas. Su extensa red de estaciones experimentales y agencias de extensión rural permite que los avances científicos lleguen directamente a los sistemas productivos de todo el país.

Diversos referentes del sector advierten que la salida de investigadores y especialistas con décadas de experiencia podría generar un impacto difícil de revertir. Señalan que gran parte del conocimiento acumulado por estos profesionales no puede ser reemplazado de manera inmediata y que su pérdida podría afectar áreas estratégicas para la competitividad y la innovación agropecuaria.

La venta de tierras, otro frente de conflicto

La reducción de personal no es el único aspecto que genera controversia. Paralelamente, el Gobierno analiza desprenderse de una parte importante de las tierras pertenecientes al organismo. El INTA posee unas 101.500 hectáreas distribuidas en cerca de 100 predios de todo el país, destinadas a actividades de investigación, ensayos productivos, capacitación y transferencia tecnológica.

Desde la administración nacional sostienen que aproximadamente 54.000 hectáreas se encuentran en uso efectivo, mientras que unas 47.500 presentan distintos niveles de subutilización debido a problemas de infraestructura, accesibilidad o cuestiones relacionadas con la situación jurídica de algunos inmuebles. Bajo ese argumento, se evalúan mecanismos para la venta o subasta de parte de esos activos.

INTA Mesa de enlace

Mientras el Gobierno defiende la modernización del organismo, trabajadores y referentes del sector advierten sobre la pérdida de capacidades técnicas difíciles de reemplazar.

Sin embargo, la iniciativa despertó fuertes cuestionamientos entre trabajadores, investigadores y representantes gremiales. Los sectores críticos rechazan la existencia de campos improductivos dentro del organismo y sostienen que todas las superficies cumplen funciones vinculadas a la investigación, la conservación de recursos genéticos, la producción experimental o las tareas de extensión rural.

Incluso relevamientos realizados por entidades relacionadas con la producción agropecuaria, entre ellas la Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa (Aapresid), habrían concluido que las tierras del INTA desempeñan distintos roles dentro de la estructura de investigación y desarrollo, por lo que consideran que su eventual venta podría afectar capacidades estratégicas construidas durante décadas.

Modernización o desmantelamiento

El debate sobre el futuro del organismo divide opiniones dentro del sector agropecuario. Mientras el Gobierno defiende la reestructuración como una herramienta para modernizar la institución, optimizar recursos y reducir el gasto público, sus detractores sostienen que el ajuste pone en riesgo una estructura técnica y científica consolidada a lo largo de casi 70 años.

La discusión excede la cuestión presupuestaria y se centra en el modelo de desarrollo científico y tecnológico que necesita el país para sostener la competitividad de uno de sus principales sectores económicos. En ese contexto, la continuidad de los retiros voluntarios y el destino de los activos del organismo aparecen como dos de los ejes centrales de una transformación que promete seguir generando debate en los próximos meses.

FUENTE: INTA, Agritotal y aportes de Redacción +P.