Respiro financiero para Vicentin, pero la deuda millonaria sigue sin solución

La empresa agroindustrial Vicentin, que entró en default en diciembre de 2019 con una deuda superior a los 1.500 millones de dólares, consiguió un adelanto por parte de la Unión Agrícola de Avellaneda y Bioenergías Agropecuarias. Con esos fondos logró garantizar el primer desembolso salarial del 40%, que ya fue efectivizado.

El cronograma acordado —y validado en una audiencia con el Ministerio de Trabajo de Santa Fe, gremios y empresas vinculadas— prevé el pago de un 20% adicional el 25 de abril y otro 20% el día 30. Sin embargo, el 20% restante sigue siendo motivo de nuevas negociaciones, lo que mantiene en vilo a los trabajadores.

Desde la empresa reconocen que sin el aporte adelantado no habría sido posible cumplir con ninguna obligación salarial. La reapertura parcial permite evitar la parálisis total del grupo, que se profundizó el pasado 5 de abril, cuando Vicentin suspendió toda su actividad industrial y admitió que no contaba con fondos para abonar sueldos.

No obstante, la situación está lejos de ser resuelta. La planta de San Lorenzo, una de las más grandes del holding, continúa completamente inactiva desde hace meses. Según fuentes del sector, su reactivación demandaría entre 350.000 y 400.000 toneladas de soja por mes, un volumen inalcanzable sin respaldo financiero firme.

El proceso de reestructuración judicial también está empantanado. El plan más avanzado, elaborado en conjunto con la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA) y Bunge, fue suspendido tras una resolución de la Corte Suprema de Santa Fe. Desde entonces, no surgieron nuevas propuestas viables y el concurso continúa estancado entre reclamos judiciales, causas penales por vaciamiento y la desconfianza de buena parte del mercado.

Uno de los principales escollos es la postura del Grupo Grassi, acreedor relevante, cuyo presidente, Mariano Grassi, reiteró su negativa a colaborar mientras siga la actual conducción de Vicentin. Según expresó en una reciente audiencia, cualquier intento de salvataje debe incluir un cambio de autoridades, a quienes responsabiliza por el colapso financiero y operativo de la compañía.

En este contexto, la alternativa del “cramdown” —un mecanismo de salvataje judicial que permitiría imponer un acuerdo con los acreedores mediante intervención de la Justicia— sigue latente. Aunque desde Vicentin aseguran que, de ser necesario, acudirán hasta la Corte Suprema de la Nación para lograr la homologación de su propuesta, el futuro de la empresa continúa siendo incierto.

Mientras tanto, los trabajadores siguen a la espera del pago completo de sus haberes, el suministro energético no está garantizado y la viabilidad de la operación se sostiene, por ahora, con recursos prestados. El final de esta historia, por ahora, sigue abierto.