En el primer mes (de gestión), lo que gana es el desconcierto
Por supuesto que el desconocimiento genera inquietud, pero al cabo de cuatro imparables semanas, comienzan vislumbrarse algunas cuestiones, a medida que la polvareda empieza a asentarse.
Cumplido el primer mes de la Administración Milei casi no quedó nada en pie. Y la conmoción es tan grande que, pocos (o casi ninguno), se atrevería a esbozar siquiera una teoría sobre la estrategia que lleva adelante el Gobierno. Por supuesto que el desconocimiento genera inquietud, pero al cabo de cuatro imparables semanas, incluidos los feriados, comienzan vislumbrarse algunas cuestiones, a medida que la polvareda empieza a asentarse.
“Desensillar hasta que aclare”, dirían en el campo. El asunto es que a veces se puede, y a veces no… Lo primero que surge es que si alguien creyó que “no le tocaría”, se equivocó. Y si bien es cierto que los sectores con menos recursos y espaldas están recibiendo el cimbronazo de lleno, no es menos cierto que de una u otra forma, casi todos están siendo “tocados” de alguna manera.
Desregulaciones, nuevas reglas, planteo de privatizaciones, desaparición de organismos de control y regulación de precios, achicamiento de áreas, disolución y/o absorción de otras, son apenas algunos de los aspectos que se mezclan con el sinceramiento de tarifas atrasadas, del precio de los combustibles, de la primera devaluación, del ordenamiento interno…
Y, si la población está desconcertada, en buena medida porque aunque intuye, no sabe concretamente hacia adonde se va; más desorientados parecen estar los sectores concentrados, las corporaciones (de cualquier tenor), el “círculo rojo”, y todos aquellos que creían que “no les iba a tocar”, los que pensaban que “no se iban a animar con ellos”, y hasta el propio Congreso, a pesar de que la campaña presidencial de Milei se hizo bajo el paraguas de “la anti-casta”. Ninguna sorpresa.
Y, tanto es así, que uno de los primeros sectores en reaccionar contra cambios y desregulaciones fue el gremial, que disparó los recursos de amparo con el mega-DNU, además de anunciar el primer paro general para el 24 de enero, apenas 44 días después de iniciado el nuevo gobierno. A partir de ahí, otros también comenzaron a moverse aunque, hasta ahora, con una tibia/escasa adhesión popular, a pesar del desconcierto de la gente, y del costo que va teniendo el sinceramiento de variables (algo que debería haberse hecho hace muchos años/décadas atrás, aunque siempre primaba el populismo).
Luego vino el turno de la protesta de los subsidiados, desde los sectores más vulnerables, con planes, etc., hasta los servicios públicos que fueron recibiendo las noticias primero con incredulidad, después con enojo.
Los siguió el sector judicial, con muchos magistrados “mal acostumbrados” a manejos y desmanejos, lo que probablemente recién comenzará ordenarse después que termine la feria judicial de enero, y la Corte Suprema se vaya expidiendo sobre las distintas cuestiones de fondo. En medio, claro está, varios fueron cayendo en la cuenta de que también “les tocaría”. Los laboratorios con las recetas de genéricos; las farmacias con la limitación de farmacéuticos por negocio; la pesca con una fuerte desregulación; la apertura de los cielos a vuelos de otras aerolíneas, la derogación de una serie de leyes (algunas de hecho en el DNU, como la de alquileres; y otras propuestas en la Ley Ómnibus), etc., etc., fueron apenas una muestra de la infinidad de cuestiones abordadas.
Y hasta el Congreso de la Nación, que parecía esperar que el nuevo gabinete fuera a pedirles ayuda al estar en indiscutible minoría numérica, y así “poner sus condiciones”, e imponer sus mayorías, fue shockeado por una catarata de propuestas y proyectos de ley, además del llamado a “trabajar” en sesiones extraordinarias incluyendo los 14 proyectos para las mismas, el Mega-DNU, la Ley Ómnibus, el proyecto de Boleta única, y hasta la “amenaza” de enviar un listado de 180 desregulaciones más para que sean evaluadas y procesadas por “los representantes del pueblo”.
Tal fue la conmoción generada, que recién esta semana comenzaron a trabajar en concreto. De hecho, si el parlamento se hubiera puesto en marcha inmediatamente (el 10-15 de diciembre) podrían haber rechazado el DNU enviado por el Ejecutivo, si así lo hubieran querido…, pero no lo hicieron. Ni siquiera había acuerdo para nominar los integrantes y autoridades de las Comisiones, cuestión que quedó totalmente en evidencia estos días, cuando comenzó el tratamiento de distintas propuestas que incluyen temas centrales de la agroindustria (como retenciones, biocombustibles, etc.) “sin la Comisión de Agricultura”, ya que todavía no fue conformada.
Por supuesto que también ahí habría que esperar que “bajen las aguas”, que se ordene, para ver con claridad adonde quedó el poder, y como se conforman las distintas agrupaciones ya que por ahora, casi todos los bloques históricos, incluyendo el más nuevo, el PRO, aparecen desmoronados. ¿Era esta la forma que tenía La Libertad Avanza de disimular su debilidad numérica, apuntando a la fractura y cruzamiento de las distintas bancadas?. Puede ser… En todo caso, da la impresión de que esta es la resultante.
Ahora bien, hasta ahí la estrategia. Pero ahora viene lo realmente importante, que es la cuestión de fondo de los instrumentos jurídicos que se proponen, y esa es otra cuestión ya que, debido a la magnitud y la especificidad de lo enviado por el Ejecutivo, casi nadie fue capaz de hacer un análisis riguroso, completo. Hubo errores, algunos graves, como en el caso de algunas de las cuestiones de pesca (como lo del personal local embarcado, la necesidad de “hacer puerto” en Argentina, o la distribución de los permisos de pesca) que prometieron ser corregidas, y otras muchos defectos y olvidos, que seguramente van a seguir surgiendo en la medida que avance el análisis legislativo. Por caso, ¿seguirá en pié el famoso Fondo Especial del Tabaco?.
Pero lo más importante es saber si tanto el Poder Judicial, como el Poder Legislativo van a estar ajustados a derecho, si van a cumplir su rol con responsabilidad anteponiendo los intereses nacionales, a los partidarios, sectoriales, o personales…
Si así fuera, la Argentina democrática no correría ningún riesgo, y no habrá posibilidades de que el Ejecutivo, en este caso, encabezado por Javier Milei, caiga nuevamente en el populismo, ni en ninguna forma de exceso dictatorial, pues para evitarlo estará la ley y los representantes del pueblo para impedirlo.
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