Feriados, paros y dólar planchado: el campo trabaja a contramano de la política
Mientras el Gobierno insiste en que liquiden operaciones con un dólar atrasado, los productores enfrentan costos altos y retenciones.
Con una nueva semana corta por delante (por el feriado del 1.º de mayo y el “puente” no laborable del viernes), para seguir promoviendo el turismo, mientras se continúa afectando a la producción, los mercados se encaminan a prorrogar su inestabilidad, fruto de la salida del cepo (local) y de la guerra de aranceles lanzada por los EE.UU., que descolocó al comercio internacional.
Y, si bien este último factor se tranquilizó bastante a partir de una serie de postergaciones en su aplicación y del comienzo de conversaciones bilaterales con los países más comprometidos, lo que derivó en cierto rebote de las cotizaciones en Chicago a partir del mejor ambiente, no ocurrió lo mismo todavía con la plaza local, aún sin un rumbo muy claro después de las (adelantadas) medidas cambiarias.
Por un lado, el impacto del acuerdo de renegociación con el FMI, con el ingreso de los primeros desembolsos, sumado al imprevisto (aunque esperado) final del cepo cambiario, y la sucesión de feriados, paros, días no laborables y demás cuestiones, afectaron a todas las plazas, y las agropecuarias no fueron la excepción.
Todo esto en el marco de una cosecha que no va a ser voluminosa y hasta puede ubicarse por debajo de la del año pasado, con el agravante de un clima absolutamente irregular, con abruptas bajas de temperatura y excesos de humedad en los perfiles en varias zonas centrales del cordón agrícola, lo que atrasó sensiblemente la cosecha. Hay que recordar, además, que la falta de precipitaciones en la siembra ya había determinado un porcentaje más alto que el habitual de soja de segunda, que ahora, con la “falta de piso” para ingresar a los potreros con la maquinaria, determina que la oleaginosa (que es lo que más le importa al Gobierno) esté terminando abril recién con un 15 % cosechado, mientras que la recolección de maíz, que venía adelantada (30 %), se suspendió en las zonas más críticas para priorizar a la oleaginosa, muy sensible a las pérdidas por condiciones climáticas cuando está madura.
De ahí que, aunque el Gobierno presione para que “liquiden” operaciones, los granos gruesos de esta campaña todavía deben ser acondicionados: por lo que va saliendo o corresponde a carry over (stock guardado) del ciclo pasado, que en gran parte ya no está en manos de los productores, o a los primeros lotes que se levantaron de la campaña actual y que, en general, se están entregando con “precios a fijar”.
Y, aunque a los funcionarios no les guste, al productor tampoco le gustan estos precios, y mucho menos el nivel del dólar muy cerca del piso de la banda de $1.000 (aunque hubo algún rebote, que no se sabe si se mantendrá).
Ambas posiciones son comprensibles. El Gobierno quiere recaudar y forzar las reformas “estructurales” de parte de los privados, mientras que los productores de granos tienen una sola cosecha anual, y no quieren —lógicamente— malvenderla en forma apresurada. Siempre fueron regulando las ventas acordes a las necesidades de pagos y/o de inversión, pero, sobre todo, en general demoran las ventas hasta asegurarse de poder cosechar y qué volumen pueden lograr. Seguramente, un horror para los amantes del “carry trade”.
Pero no son los únicos. En general, los empresarios de toda la cadena agroindustrial tienen las mismas inquietudes. Al menos así se palpó en la poderosa Bolsa de Comercio de Rosario, donde se realizó el remate del 1.º lote de soja de la temporada, acto simbólico con el que se inicia formalmente la cosecha. En este caso, no se sabe por inquietud de quién, si de los funcionarios o de la entidad, hubo una especie de cumbre previa, con una cincuentena de empresas y dirigentes del campo y de las industrias derivadas, encabezada por el titular del ARCA, Juan Pazo (se supone que fue porque el ministro Luis Caputo estaba en EE.UU.), Federico Furase del Banco Central y el asesor “estrella”, Felipe Núñez.
“El Plan sigue tal cual, y el cronograma de las retenciones de fin de junio también”, arrancó el titular de Aduana-AFIP, como para dejar en claro cuál era el tono de las “explicaciones” que iban a dar. Según dijo, se mantiene la idea de “fortalecer el peso y bajar los impuestos” y, mientras insistía con que “deben liquidar antes de la nueva suba (de las retenciones) a partir de julio”, comenzaron las miradas entre los hombres de empresa que, ya a esta altura, casi se llevan mejor con el propio presidente Javier Milei que con varios de sus funcionarios.
Pero el ahora responsable de la ARCA (Aduana-AFIP) también reconoció la necesidad de una profunda reforma tributaria y de encarar la reforma laboral. “Necesitamos bajar costos y para eso hace falta una reforma profunda”, señaló, y hasta aseguró que “ya las tenemos preparadas” (!!), aunque la etapa de los cambios se daría recién después de las elecciones, y para eso todavía falta un semestre.
Por supuesto que no era lo que los privados querían escuchar, dadas las urgencias (y el apriete) que enfrentan, por lo que el desánimo quedó reflejado en las escasas preguntas que se hicieron del lado de las empresas. Naturalmente, la necesidad de reestructuración de la política impositiva, los problemas para exportar con un dólar en el piso de la banda y con retenciones, y las carencias cada vez mayores en obras de infraestructura —tema clave en este sector—, ya habían sido planteados por el anfitrión, Miguel Simeoni, titular de la fuerte entidad rosarina. “Hay que sostener el rumbo. Lo que está en juego es nada menos que la posibilidad de poder trabajar y crecer”, dijo.
Poco después, ya en el propio remate, fue el propio gobernador, Maximiliano Pullaro, quien resumió el sentir de la mayoría a esa altura: “Queremos la Argentina del equilibrio fiscal, pero también la Argentina de la producción”. Sin embargo, no fue muy permisivo con la Nación: “El primer problema es la carga impositiva. Las retenciones tienen que quedar en nuestro campo”, dijo, antes de señalar que “se está consumiendo el activo de las rutas nacionales”, al tiempo que recordó que Santa Fe ya le había solicitado a la Nación que “si no va a atender las rutas, se las ceda a la provincia”.
Lástima que los funcionarios ya habían partido.
Y, mientras se vaciaba el efervescente salón de remates, se escuchó a un reconocido hombre de empresa preguntarse: “¿Tiene sentido pedir plata prestada para desarrollar nuevos sectores, achicar estructuras, sanearlas, para el RIGI (industria y minería), o sería más sensato aliviar a los rubros competitivos que tenemos y dejarlos que produzcan libres para poder exportar y trabajar más con plata propia?”.
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