Nuevo endeudamiento con el FMI: un tema que trasciende gobiernos

El Gobierno de Javier Milei avanza en un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), buscando más dólares para sostener su plan económico. Sin embargo, esta decisión tiene implicancias profundas que merecen ser discutidas. No se trata solo de una cuestión técnica o financiera, sino de una decisión política con consecuencias que impactarán a la sociedad argentina en los años venideros.

Una de las cuestiones más preocupantes de este nuevo endeudamiento es la estrategia del Gobierno para evitar el debate legislativo. Existe una ley en Argentina que establece que cualquier acuerdo con el FMI debe ser aprobado por el Congreso de la Nación. Esta normativa no es casual: es una lección aprendida de múltiples crisis anteriores en las que los acuerdos con el organismo internacional generaron deudas impagables y, en muchos casos, favorecieron la fuga de capitales. Aun así, el Gobierno ha optado por un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) para esquivar el debate parlamentario. ¿La razón? El propio ministro de Economía, Luis Caputo, reconoció que no cuentan con los votos en el Senado para aprobar la medida.

Esta maniobra deja en evidencia que el oficialismo no tiene el respaldo político necesario para avanzar con este nuevo endeudamiento. Y esto es relevante porque dentro del FMI existen reglas que establecen que, para acceder a montos excepcionales de financiamiento, el país receptor debe contar con amplio apoyo político. Argentina ya debe 45.000 millones de dólares al FMI, es el país más endeudado con el organismo y, sin embargo, pretende aumentar aún más esa cifra sin el respaldo del Congreso Nacional.

Una historia que se repite

Lo que está ocurriendo no es nuevo. En 2018, durante el gobierno de Mauricio Macri, Argentina recibió un préstamo récord del FMI, cuyos fondos terminaron en gran parte fugados del país en apenas 15 meses. Hoy, seguimos pagando esa deuda. Ahora, el Gobierno de Milei parece seguir la misma receta: acceder a más fondos que no se utilizarán para infraestructura, educación o desarrollo productivo, sino para sostener un esquema financiero que, para muchos analistas económicos, favorece a grandes fondos especulativos.

El FMI no es un actor neutral. Como toda institución política, representa los intereses de sus principales accionistas. En este caso, parece haber un claro alineamiento con la gestión de Milei, permitiendo la elusión de normas que deberían ser inquebrantables. Si finalmente el FMI otorga el préstamo sin la aprobación del Congreso, estaría violando sus propias reglas, específicamente el criterio de acceso excepcional, que exige un amplio consenso político en el país receptor.

El impacto de este nuevo endeudamiento no se limitará al ámbito financiero. La deuda con el FMI siempre tuvo consecuencias concretas en la economía real. Cada vez que Argentina firmó un acuerdo con el Fondo, aplicó políticas de ajuste que afectaron a la población: reducción del gasto público, recorte de subsidios, aumento de tarifas, pero sin el acompañamiento de las reformas estructurales que podrían haber impulsado el crecimiento del país. En otras palabras, hasta la fecha, el costo del endeudamiento siempre lo terminó pagando los sectores más vulnerables de la sociedad.

Por lo pronto, no hay que dejar de mencionar que el dato favorable de hoy es que la economía durante 2024 cayó menos de lo esperado y que para este año se proyecta un crecimiento del orden del 4% del Producto (PBI). Un tema no menor, ya que muestra que el contexto económico en el cual el Gobierno toma este nuevo endeudamiento, no es similar al de los otros casos mencionados.

Pero también hay que señalar que la deuda que hoy se toma no está destinada a la producción, sino a sostener al sistema financiero. Para algunos especialistas, postergará problemas que explotarán en el futuro. Actualmente, los inversores están apostando a activos en pesos con altas tasas de interés, ganando hasta un 90% de rendimiento en comparación con una devaluación del dólar oficial de apenas el 30%. Eventualmente, esos inversores querrán dolarizar en algún momento estas ganancias extraordinarias, lo que podría provocar una nueva crisis cambiaria. ¿Qué hará el Gobierno entonces? Es probable que utilice las reservas que se consigan con este nuevo endeudamiento para permitir la salida ordenada de estos capitales.

Lo que también es grave, es que esta situación se está construyendo con un discurso engañoso. Desde el Presidente hasta el ministro Caputo, han intentado instalar la idea de que este no es un nuevo endeudamiento. Pero los números no mienten: si hoy el Tesoro le debe al Banco Central y decide cancelar esa deuda con un crédito del FMI, el resultado no es el mismo. Se reemplaza una deuda interna por una externa, que tiene tasas de interés y condiciones mucho más estrictas para sus cumplimientos. Es decir que, en principio, la Argentina estará aún más condicionada por el FMI en el futuro.

El Congreso debe debatir esta decisión

La responsabilidad Republicana determina que estas cuestiones se discutan en el Congreso. No puede ser que un tema tan trascendental para el futuro del país se resuelva por un DNU, sin debate ni transparencia. La deuda con el FMI no es solo un problema de este Gobierno, sino un compromiso que afectará a múltiples generaciones. La sociedad argentina tiene derecho a saber qué se está negociando y cuáles serán las consecuencias de este nuevo endeudamiento.

El riesgo de repetir los errores del pasado es alto. Si no se pone freno a esta lógica de endeudamiento, es probable que en unos años nos encontremos en la misma situación de crisis, con la única diferencia de que la carga será aún mayor y más difícil de revertir. La historia nos debería enseñar de los errores que ya cometimos.