Programa contra la carpocapsa: 30% de las chacras están fuera de los protocolos sanitarios
¿Porqué reactivar un programa que estuvo vigente hace 20 años? Avanza la reforma de una Ley para avanzar sobre chacras abandonadas.
Después de casi dos décadas sin una herramienta sanitaria regional específica, el Alto Valle de Río Negro y Neuquén encara el relanzamiento del Programa de Supresión de Carpocapsa, que estuvo vigente entre 2004 y 2008 y que logró contener una plaga que causó mucho daño a la fruticultura patagónica: la mariposa que pone sus huevos en manzanas y peras y cuyas larvas terminan alojadas en el corazón de la fruta, inutilizándola para el mercado en fresco.
Entre las razones que movilizaron a todos los actores de la actividad para volver a contar con este programa y comprometer financiamiento estatal, existe una que se encuentra solapada y fuera de la agenda habitual del sector: hoy existe un 30% de la actividad que tiene dificultades para cumplir en su totalidad con los protocolos sanitarios que exige el Senasa.
Ese fue uno de los datos analizados por Sebastián Hernández, presidente de la Federación de Productores de Fruta de Río Negro y Neuquén, en diálogo con +P.
A esa preocupante realidad se suma que aún no se le da solución al peor caldo de cultivo para las plagas, que son las chacras abandonadas. Por ese motivo, junto a la reactivación del programa, se trabaja en la reforma de una ley provincial que permita avanzar sobre chacras abandonadas, sobre todo aquellas que forman parte de alguna especulación inmobiliaria.
Primeros pasos
Según Hernández, el proceso se destrabó en enero de este año, en la primera reunión regional de "todo el sistema verde", realizada en General Roca, con la presencia de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, de autoridades del INTA y representantes provinciales y del sector privado, como los empresarios nucleados en la CAFI.
"Ahí la Federación planteó el tema de volver al programa de supresión de carpocapsa, que era una herramienta fundamental que ayudó y acompañó al sector, dado que se armaron los bloques y había verificaciones, presencia de técnicos recorriendo la zona", contó el dirigente. "Se generó un ambiente sanitario muy bueno", acotó.
Esa gestión inicial tuvo, meses después, una confirmación pública: a comienzos de agosto, en el Centro Regional Patagonia Norte del Senasa, ubicado en General Roca, se reunieron representantes del INTA, los gobiernos de Río Negro y Neuquén, la propia Federación y la Cámara Argentina de Fruticultores Integrados (CAFI), para acordar la conformación de una mesa técnica público-privada que coordine acciones contra la carpocapsa.
El Programa de Supresión de Carpocapsa no es una idea nueva. Arrancó en 2004 y estuvo vigente unos cuatro años, hasta que —según Hernández— "por problemas económicos, cada uno hizo lo que pudo" y "el Estado no puso más plata". Para 2008 ya estaba prácticamente abandonado.
Por estos días, el INTA trabaja para diseñar un nuevo esqueleto del programa que incorpore la tecnología actual, y el Senasa avanza en el método para la identificación de las chacras en producción y las abandonadas, para poder rehacer la zonificación en bloques sanitarios. "En el 2004 teníamos bloques de 400 hectáreas de chacras todas juntas, y hoy vamos a encontrarnos con chacras abandonadas, con chacras con alfalfa, con maíz. Entonces los bloques van a tener que ser estudiados de una manera distinta y acompañados de una manera distinta", explicó Hernández.
El punto más sensible: el 30% fuera de protocolo
Hoy conviven dos realidades dentro de la misma actividad: "Tenés un 70% que hoy está haciendo protocolo, lo que implica acatar lo que pide el Senasa, que requiere que tengan dispensers (el dispositivo libera de forma continua una copia sintética de la feromona sexual que produce la hembra de carpocapsa de manera natural, lo cual confunde al macho, que no logra ubicar y fecundar a la hembra), trampas, que hagan el monitoreo, las declaraciones juradas, las declaraciones a fin de daño. Todo lo que conlleva el programa. Pero después tenés un 30% de la actividad que está fuera del protocolo. Son aquellos que van haciendo lo que se puede y no cumplen con ciertas reglas de sanidad", detalló.
El diagnóstico de la Federación no apunta a sancionar a ese 30%, sino a incluirlo: "Lo que buscamos es que toda la actividad esté sumergida en el programa, para lograr que ese 30% también pueda tener protocolo, para poder tener fruta para exportar a los diferentes lugares del mundo. Después, si el productor quiere exportar o no, es una decisión personal, pero que tenga las opciones para poder hacerlo".
Consultado puntualmente por el perfil de esos productores —chacras chicas, de siete u ocho hectáreas, golpeadas por aspectos estructurales de la economía— y sobre qué pasa si no tienen recursos para aplicar los tratamientos, Hernández fue concreto: el programa va a necesitar un fondo específico para asistir esos casos puntuales. "Si no, nos contagian a todos y nos termina afectando 400 hectáreas", advirtió, en referencia al efecto de derrame sanitario que un solo lote sin tratar puede generar en todo un bloque.
El esquema que imagina combina financiamiento o algún aporte directo para sostener a ese productor el primer año, con una contrapartida: el compromiso de, en algún momento, directamente arrancar los frutales si no va a seguir trabajando la chacra.
"La meta es poder mejorar la sanidad en la región, para que el 100% de los productores tengan la oportunidad de poder hacer y cumplir los protocolos. Después, si quiere vender o no, es un problema del productor", sintetizó Hernández, remarcando que la discusión no es reducir la superficie productiva, sino nivelar hacia arriba la condición sanitaria de toda la región.
Vinculó ese objetivo directamente con las exigencias de los mercados externos: "Hoy, dadas las exigencias de inocuidad, de sanidad que se piden a nivel mundial, nos tenemos que poner firmes en esto y tiene que ser un trabajo en conjunto. No sirve solamente que se lo pidamos a la actividad. Hay que hacerlo en conjunto y por eso es la demanda al Gobierno nacional."
Sobre el fondo del reclamo que llega desde las chacras que están "en regla", Hernández fue igual de directo: los productores que sí cumplen vienen denunciando ante el Senasa el abandono de chacras vecinas sin que eso derive en una intervención efectiva, lo que les termina generando un costo sanitario adicional.
La plata: quién paga el relanzamiento
El capítulo vinculado al financiamiento es, por ahora, el más abierto del relanzamiento. "Hasta ahora no sabemos, porque primero y principal tenemos que ver cuántas hectáreas hay que cubrir y cómo se van a conformar los bloques", reconoció Hernández.
El pedido formal de la Federación a los estados provincial y nacional es financiamiento para poder arrancar, con una condición de fondo: que el programa no tenga fecha de vencimiento, como ocurrió en el período 2004-2008. "La idea es que el programa no sea a término, por ejemplo, a cuatro años, sino que sea sustentable en el tiempo", dijo.
Sobre mecanismos alternativos de financiamiento a futuro —un canon por exportación, al estilo de lo que existe para otras plagas cuarentenarias como la mosca de los frutos—, Hernández no descartó la vía, aunque aclaró que es un tema en discusión con las cámaras y no una definición: "Se analiza que el Estado, los estados provinciales y el nacional, incorporen financiamiento para poder arrancar el programa. Esa es la primera etapa. Después se verá la forma de financiamiento, si será en parte con un canon".
Qué va a significar el programa puertas adentro de cada chacra
En términos operativos, el relanzamiento se traduce en tres frentes: la colocación de dispensers de confusión sexual —la técnica que ya recomienda el Senasa como método principal de control—, la instalación de trampas de monitoreo y la presencia sostenida de técnicos recorriendo la zona.
La clave, según el dirigente, es "tener a los técnicos para ir recorriendo las trampas, sobre todo para verificar la sanidad de la chacra, y que se hagan las aplicaciones, que son importantes", resumió Hernández.
El objetivo, insistió, no se agota en la carpocapsa: un seguimiento técnico sostenido ordena también los tratamientos contra plagas secundarias que hoy quedan libradas a cada productor, tal el caso del psílido y piojo de San José.
Se prepara una espada legal
En paralelo al rediseño técnico del programa, la Federación trabaja con la Secretaría de Fruticultura de Río Negro en un borrador de reforma legal, tomando como base la Ley N.° 3106, sancionada en 1997, que regula la protección de la producción vegetal y faculta a la autoridad provincial a ordenar la eliminación total o parcial de plantaciones y ejecutar trabajos de erradicación por cuenta del propietario incumplidor, con un esquema de sanciones progresivas (apercibimiento, multa, decomiso, clausura).
Que la norma exista no significa, según Hernández, que alcance para resolver la situación actual: "La ley debe otorgar a quien corresponda la potestad de poder definir si una chacra, yendo a verificar antes, obviamente, está generando un daño a la región y a la zona por no haber cumplido con los requerimientos mínimos sanitarios."
El dirigente recordó la aplicación, hace algunos años, de lo que, en la jerga del sector, se conoció como la "motosierra sanitaria" del Senasa, un intento por ejecutar erradicaciones forzosas que no avanzó como se esperaba "porque no tenían la jurisdicción, o no tenían la legalidad para poder intervenir".
Hernández agregó un matiz importante sobre las causas del abandono que la futura ley tendrá que contemplar: la especulación inmobiliaria. "Hoy tenés chacras que no están produciendo para nada y las abandonan. Y no las erradican para no generar un espacio abierto, donde se puedan meter y les tomen las tierras", describió. El caso de la pera es, según explicó, el más crítico en ese sentido: a diferencia de la manzana, que se seca rápido si no se riega, "la pera sigue brotando aunque no la riegues", por lo que una chacra de pera abandonada sigue siendo un reservorio activo de plagas durante años.
La síntesis
"Hoy tenemos a todos los actores alineados detrás de una misma necesidad, que es volver a poner en vigencia el programa de supresión de carpocapsa", cerró Hernández.
Lo que todavía no está resuelto es la letra chica: cuántas hectáreas hay que cubrir, cómo se arman los nuevos bloques, quién pone la plata para arrancar y qué forma final tendrá la ley que le dé sustento legal a la erradicación de lo abandonado.
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