¿Cuál es el precio de la seguridad en el campo?
El mayor problema que hoy tienen los productores en materia de inseguridad es que la Policía califica como delito menor un abigeato y no dejan detenidos a los cuatreros.
Las situaciones delictivas que los productores de los campos de la zona rural cordillerana rionegrina y neuquina sufren contra sus animales y propiedades, ponen en alerta a la Sociedad Rural de Bariloche y a la de Neuquén.
En diálogo con +P, Bertil Hoepke, vicepresidente de la Sociedad Rural de Junín de Los Andes contó que, durante los últimos años, la Brigada Rural de Junín funciona muy bien y responde ante los pedidos de los productores. Sin embargo, “como sucede en todos los estamentos estatales, adolecen de la falta de vehículos para las grandes extensiones de tierra que tenemos”.
Ante esta situación y, al ser consultado sobre las decisiones que llevan adelante los propios productores para mantenerse seguros, Hoepke afirmó que, la realidad es que no se puede hacer mucho al respecto porque se necesita sí o sí de una autoridad pública, ya que se trata de un problema que es riesgoso, además, para la vida de las personas.
Una de las cosas que sí realizan los productores de Junín de Los Andes es mantenerse comunicados e informados constantemente. “Por ejemplo, si alguien visualiza un vehículo sospechoso nos damos aviso entre vecinos como para estar alerta y avisar a la Brigada sobre la presencia de personas que no suelen ser vistas por la zona”.
¿Delito menor?
El mayor problema que hoy tienen en los campos de la zona parece vincularse a una cierta falta de compromiso por parte de las autoridades correspondientes en relación a los cuatreros. “Cuando el productor agarra al furtivo, la policía lo detiene, pero lo dejan libre inmediatamente porque catalogan el delito como menor. Entonces no hay un acompañamiento por parte de la policía ni de la Justicia”, aseguró Hoepke.
En este sentido y para que la causa continúe y esa persona sea juzgada por el delito que cometió, se debe contratar a un abogado y trasladarse constantemente a la Justicia, lo que no sólo implica un gasto económico sino un desgaste de tiempo.
“Te lleva mucho tiempo hacer la denuncia y peritar porque mientras tanto hay que continuar trabajando para recuperar eso que un cuatrero se llevó y para asegurar el ganado que queda. Hoy por hoy, llenar un tanque de una camioneta sale más de $70.000”, indicó.
Son varios los casos con los que Hoepke ejemplifica esta cuestión. “En abril pasado nos mataron tres vaquillonas, que hoy te sale $2.000 el kilo y que cada una pesa alrededor de 400 kilos. La policía se acercó al otro día a tomar los peritajes y, mientras realizaban la tarea escucharon tiros que provenían desde cerca. Cuando se acercaron vieron a un tipo arriba del animal. La condena recién salió en diciembre y el hombre solo tuvo que pagar una de ellas”, relató el productor.
Otro caso sucedió durante la pandemia. “Un día andaba dando vueltas en el campo y vi a un hombre con un rifle con silenciador (delito federal) y casi tuvimos un enfrentamiento. Hice la denuncia correspondiente, lograron dar con los cuatreros y la Justicia desechó todas las pruebas y nunca hubo una condena al respecto. No sabemos si es por desconocimiento o qué, pero nunca actúan en favor de los damnificados”, aseguró.
Bertil insiste en que no es un valor monetario lo que cuesta que los productores estén seguros en el campo sino una carga de tiempo, “porque uno no trabaja persiguiendo ladrones, para esto están las fuerzas que deben bregar por nuestra seguridad”.
“Imposible de pagar”
Sin embargo, también hay un costo monetario en este círculo. “El cuatrero roba lo que se le cruce. Hace tiempo atrás me mataron una yegua que había adquirido hacía poco y estaba terminando de amansar. Una yegua que a mí me costó mucho dinero en su momento”, expresó.
A los productores no les resulta fácil reponer los animales que les roban o los matan, sobre todo en un contexto económico donde los precios de servicios y productos aumentan cada vez más y el salario es cada vez menor.
Por ejemplo, hoy en día, el valor de la mano de obra para colocar alambres linderos es de $3.000 por metro. “Un rollo de alambre hoy está $350.000 y para hacer mil metros se necesitan mil rollos. Lo que da una cifra muy alta y casi imposible de pagar”.
En este contexto, una de las alternativas que se plantean entre los productores de Junín de Los Andes es hacer vigilancia. “Es decir, turnarnos cada uno para pasar una noche vigilando los campos y recibir un pago por eso porque después tiene sus consecuencias tanto por el peligro que implica y por el tiempo de no estar trabajando en el campo el día después debido a la necesidad de descansar luego de una noche en vela”, relató.
“Sin embargo, no tenemos autoridad para hacer vigilancia por eso es un tema complejo de llevar adelante”, finalizó.
¿Qué sucede en la cordillera rionegrina?
En cada territorio las cosas son diferentes. Tiempo atrás, desde la Sociedad Rural Bariloche expresaron su preocupación debido a las creciente cantidad de casos de abigeatos que se producen a diario en los campos de la zona rural cordillerana.
Leandro Ballerini, presidente del organismo sostiene que la situación se agravó desde que la Brigada Rural de la Policía de Río Negro disminuyó su presencia en la zona. “No sabemos si desde la Regional de Policía se decidió dar prioridad a las áreas urbanas, lo cierto es que desde hace un par de años casi no se ven efectivos patrullando los campos”, aseguró.
Al igual que sucede en Junín de Los Andes, los productores están comunicados entre ellos por posibles problemas y la necesidad de compartir la información en caso de algo sospechoso.
Al ser consultado sobre las medidas que los productores de la llevan a cabo para sentirse más seguros, Santiago Nazar, de la Sociedad Rural Bariloche explicó en diálogo con este medio que hay quienes colocan cámaras de seguridad, que hoy día cuestan entre $40.000 y $60.000 aunque sostiene que eso no genera que el problema merme.
Otra de las cosas que nombra Nazar es la vigilancia que hacen los mismos productores. “No hay prevención posible en estos casos, pero sí tenemos esperanza de que haya una revalorización de las fuerzas de seguridad y un mayor compromiso de las fiscalías, junto con políticas de educación y generación de trabajo”, concluyó.
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