Fin de la Ley Ovina: "Puede acarrear efectos devastadores en la actividad"

Dentro del paquete de la Ley Bases aprobada recientemente se ubicó a la Ley 25.422 para la Recuperación de la Ganadería Ovina (más conocida como Ley Ovina) en la bolsa de los fideicomisos supuestamente 'truchos' y su derogación termina siendo una espada de Damocles que pende sobre la cabeza de la producción patagónica.

"Esta ley -sancionada el 4 de abril de 2001 y promulgada en el año 2003- ha sido una herramienta formidable para en el crecimiento y la formalidad de las majadas, para la mejora genética y de infraestructura, siendo una actividad de alto involucramiento social y familiar, natural y netamente renovable", detalla un comunicado de la Federación de Instituciones Agropecuarias Santacruceñas; la Federación de Rurales de Chubut y la Federación de Sociedades Rurales de Río Negro, entidades que integran las Confederaciones Rurales Argentinas (CRA).

"Definitivamente, su derogación es un pecado que, de no corregirse, puede acarrear efectos devastadores en la actividad", agrega el documento en otro de sus párrafos.

Cabe recordar que esta semana el ministerio de Economía revocó el “Fondo Fiduciario para la Recuperación de la Actividad Ovina (FRAO)”, corazón de la Ley Ovina. La medida fue oficializada a través de la resolución 650/2024, publicada en el Boletín Oficial. “Se ha decidido cerrar el Fondo Fiduciario para la Recuperación de la Actividad Ovina (FRAO)”, aseguró y precisó que “este fondo manejaba 3.000 millones de pesos por año sin ningún tipo de transparencia”. “Desde su creación (hace ya más de 20 años) tampoco se pudieron verificar mejoras en el sector”, alegó el vocero presidencial, Manuel Adorni, al anunciar la eliminación de esta herramienta financiera.

"La justificación actual para archivar esta ley y hacer desaparecer su financiamiento denota el típico desconocimiento del centralismo que no tiene la capacidad de ingresar minuciosamente a los territorios profundos para ver cómo una excelente herramienta pudo transformar y hacer crecer la actividad ovina en el país", destaca el comunicado de las entidades de CRA.

En otra parte agrega que "Más allá de que todo puede mejorarse, entendemos que el mecanismo que imprimía esta Ley era transparente. Por ejemplo, cada provincia contaba con una coordinación provincial y una UEP (Unidad Ejecutora Provincial) integrada por organismos técnicos, estamentos oficiales y productores. A su vez, los proyectos presentados debían ser realizados por profesionales habilitados, se realizaba una evaluación técnica legal y administrativa; los fondos aprobados eran abonados directamente al proveedor del insumo que corresponda, sean estas compras de animales o infraestructura y anualmente se realizaban informes de gestión por los proyectos aprobados y rendidos".

"Resulta obligatorio poner la producción ovina en contexto: la política económica de los últimos años produjo la descapitalización del sector y la falta de rentabilidad y para colmo, la derogación llegó en medio de una crisis climática casi sin precedentes; la Patagonia produce el 72 % de la lana total del país y de la cual el 90 % de su producción es lana fina; posee el 58 % de las existencias del país con casi 7 millones de ovinos; representa el 33 % del Territorio nacional; sin producción ovina no hay ocupación territorial; los montos destinados a Patagonia en el último año fueron de 302 millones, lo que significa 33 mil pesos por productor o 45 pesos por animal y el 90 % de los proyectos aprobados y pagados son préstamos y por lo tanto con devolución, no son subsidios" finaliza el escrito.

La entidades solicitaron, a la brevedad, un encuentro con las autoridades nacionales para explicarles la necesidad de volver a poner en funcionamiento la Ley Ovina.