Servidumbres rurales: "Los arreglos son desiguales y eso viola principios básicos"
Josefina González, abogada y productora de Valle Medio, advierte que las empresas petroleras negocian individualmente con cada productor y pagan montos completamente distintos por el mismo tipo de afectación.
Josefina González tiene su casa en Colonia Josefa, en el Valle Medio rionegrino, en el mismo campo en el cual, cerca de 1880, se plantaron las primeras viñas de la provincia de Río Negro. Es cuarta generación de productores, conoce los campos ganaderos de la región y tiene experiencia acumulada en servidumbres por otros ductos que se construyeron en la zona, como el gasoducto Neuba II y la ampliación del oleoducto de la empresa Oldeval. A su criterio, los productores ganaderos de Río Negro están negociando en una cancha que no es pareja.
Cuando el gris de la tarde y la hora marcaban que era momento de la siesta, el viernes pasado a las 14 horas, más de 30 productores se reunieron en el salón de la Sociedad Rural de Choele Choel para escuchar a esta abogada que reparte su vida entre el Valle Medio y Bariloche.
Oleoductos y gasoductos cruzan —o cruzarán— miles de hectáreas de campo productivo en Río Negro. En ejecución se encuentra el Vaca Muerta Oil Sur (VMOS), que demandará una inversión cercana a los 3.000 millones de dólares. Le sigue el Gasoducto Dedicado Tratayén – San Antonio Oeste (conocido como el gasoducto de Southern Energy o San Matías Pipeline), otra megaobra de US$ 1.300 millones. Y luego se sumará el proyecto “Argentina LNG”, que no solo contempla un gasoducto dedicado, sino que además tendrá un poliducto para los derivados del "gas húmedo" (propano, butano y gasolina) hacia una nueva planta industrial.
“Estas empresas, en el cálculo de la tarifa, pasan el costo de la superficie”, aclara respecto a que ya está contemplado el gasto que insumirá el pago a los superficiarios.
A lo largo de la traza, siempre habrá un productor al que una empresa le golpeará la tranquera para negociar una servidumbre de paso. Esa negociación, según González, está rota desde el inicio: no hay reglas de juego uniformes, no hay organismos que controlen, y el resultado es que dos productores en igual situación pueden terminar cobrando montos radicalmente distintos. "Los arreglos son desiguales, y eso afecta la igualdad de las personas. Cuando se afecta la igualdad, se afecta un principio básico", advirtió.
No hay un criterio
La servidumbre de paso es onerosa: la empresa está obligada a pagar y el productor no puede negar el paso de los caños. Eso es lo que dice la ley. Pero la ley no fija valores. No existe un parámetro, no hay un organismo que establezca referencias. Cada empresa negocia sola con cada productor, en privado, con una clara asimetría de información.
"Hay distintos criterios para pagar la servidumbre: a uno le pagan un monto, a otro le pagan otro monto. Es totalmente desigual. Un propietario puede cobrar 20, el otro 5, el otro 30, dependiendo de la debilidad o no en la negociación. Es una franja territorial muy grande la que estamos dejando totalmente liberada al criterio de los negociadores de turno. Los productores tienen una incertidumbre: no saben lo que es correcto que se abone", dice en una entrevista con +P.
Para González, la disparidad en los montos no es solo una injusticia económica: es una violación de un principio constitucional básico. "Independientemente de los montos, no tienen que ser desiguales los acuerdos. Es necesario que todos, dentro de las mismas circunstancias, podamos tener acceso a la misma información y podamos tener los mismos montos de indemnización", reclamó.
La disparidad no es casual. González describió la táctica que utilizan las empresas: aislar al productor, impedirle que compare, evitar que haga averiguaciones sobre lo que cobró el vecino. "Las empresas tratan de aislar al propietario e intentan que no haga averiguaciones", señaló.
La necesidad de información entre los ganaderos presentes quedó en evidencia al final de la charla. Con respeto, de a uno, con la gorra en la mano, fueron esperando su turno para hablar con la abogada para contar sus peripecias. Varios relataron que ni siquiera les responden las cartas documento que envían. Otros, que no saben a quién dirigirse, y algunos dieron cuenta de que estaban complicados por la situación dominial. Pero la abogada los calmó: “No es necesario tener la escritura y ser propietario, porque puede reclamar tanto el poseedor como un usufructuario”.
El Ministerio de Producción debe sentarse a la mesa
González fue precisa al señalar quién tiene la responsabilidad de corregir esto, al considerar que “el Ministerio de Producción debe sentar a una mesa a las empresas. La provincia debe defender al productor, para que a todos les paguen lo mismo y se logre el mejor convenio”, y agregó los condicionamientos que afrontan los ruralistas: “Hoy no hay autoridad que intervenga, y no hay a quién recurrir antes de judicializar. Es desolador".
Frente a ese vacío institucional, González depositó una responsabilidad explícita en las organizaciones del campo. La Federación de Sociedades Rurales y las sociedades rurales locales pueden tener mayor protagonismo: "Debería pasar que las federaciones de sociedades rurales, o las sociedades rurales individualmente, insten a las autoridades para poder formar parte de la defensa de estos productores”.
González no dejó afuera a la Legislatura provincial: “Tampoco ha abierto la puerta a estos planteos”, dijo. Mientras tanto, las empresas siguen negociando de a uno, los plazos de prescripción corren y los productores que no reclaman a tiempo podrían perder el derecho a hacerlo.
¿Cambio de reglas?
Y en el caso de los oleoductos, la situación es todavía más extrema porque (a diferencia de los ductos de gas regulados por el Enargas), en ese caso no existe ningún ente regulador específico. "Hoy el productor está sin asesoramiento y limitado por el desconocimiento", resumió González.
Por eso advirtió que se está ante un cambio de paradigma legal, porque la legislación argentina sostiene que el gas es un servicio público y que su transporte también lo es.
Sin embargo, “el gasoducto que va a llevar el gas para generar GNL y ser exportado es un gasoducto que va a llevar un commodity que los argentinos no vamos a ver; es un recurso que se va para exportación. Por lo tanto, ese concepto de que se transporta gas para servicio público de la República Argentina claramente no está ahí, está ausente. Por eso nosotros decimos, como productores agropecuarios, que nos deberían sacar de esa lógica de decir que por nuestros inmuebles pasa un transporte de gas para servicio público".
La propia Legislatura de Río Negro lo reconoció, según explicó la abogada: la última ley aprobada en la cámara provincial establece que ese gasoducto de exportación no se puede conectar al sistema nacional de gasoductos. Es decir, el propio marco legal admite que se trata de una infraestructura de una naturaleza diferente. "Acá está la clave", señaló González. Si es diferente en su naturaleza, también debería ser diferente en cómo se negocian las servidumbres que impone sobre los campos privados.
Por lo pronto, reconoce que hasta el momento “no se ha logrado que sean acuerdos conjuntos”, y dejó una sentencia ante el auditorio: “Una buena negociación arranca por no estar solos".
Para la abogada, el boom energético que transformará a la Patagonia tiene una cara que nadie está mirando desde adentro del campo. Mientras se anuncian inversiones de miles de millones de dólares, los productores ganaderos de Río Negro vienen firmando en soledad acuerdos que estarían violando el principio de igualdad.
FUENTE: Redacción +P.
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