La batalla legal de un agricultor gallego contra jabalíes: un posible precedente para Argentina

En Argentina, la Patagonia y diversas regiones del mundo enfrentan un problema creciente: la superpoblación de jabalíes. Estos animales, inicialmente un inconveniente en zonas rurales, han invadido áreas urbanas, convirtiéndose en una plaga que afecta a productores, autoridades y hasta los tribunales. Un caso paradigmático en España ilustra el impacto económico y las implicancias legales de esta crisis.

En la provincia de La Coruña, un agricultor ha llevado su lucha contra los jabalíes al Tribunal Superior de Justicia de Galicia, responsabilizando a la Xunta por no implementar medidas preventivas efectivas desde 2016. Durante nueve años, este profesional del campo ha documentado pérdidas devastadoras en sus cultivos, con daños que alcanzan entre el 60% y el 100% de las cosechas en más de 17 hectáreas. Los tribunales ya le han dado la razón en varias ocasiones, otorgándole indemnizaciones como la de 8.962 euros en 2018 y otra de 16.040 euros a cargo de los cazadores que gestionan los terrenos afectados.

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A través del despacho de abogados Bgi-Law, el agricultor busca no solo una compensación por los daños acumulados entre 2016 y 2024, sino también establecer un precedente que obligue a la Xunta a adoptar medidas efectivas para controlar la población de jabalíes. La denuncia subraya la falta de acción gubernamental, que ha permitido que esta plaga cause estragos en la producción agrícola, afectando los ingresos de los productores y elevando los costos de los alimentos.

Este caso refleja un problema global con serias consecuencias económicas. En Argentina, por ejemplo, los jabalíes han destruido cultivos de maíz, soja y trigo, generando pérdidas millonarias y amenazando la seguridad alimentaria en regiones clave. Los productores alertan que la situación exige políticas públicas que equilibren la conservación de la fauna con la protección de la actividad agrícola, un sector vital para la economía. Mientras tanto, los cazadores en Galicia temen que una sentencia desfavorable los obligue a asumir multas significativas, lo que podría desincentivar su rol en el control de esta especie invasora.

La resolución de este caso podría sentar un precedente no solo en España, sino también en otros países como Argentina, donde los productores enfrentan desafíos similares. De hecho, el abogado Antonio Heredero, socio de Bgi-Law, resalta que el caso podría sentar un precedente clave para proteger a los agricultores gallegos frente al impacto de la fauna silvestre en el medio rural.