Lácteos Verónica pidió el concurso preventivo: deudas millonarias, cheques rechazados y tres plantas paralizadas
La histórica láctea santafesina quedó acorralada por un pasivo millonario, más de 2.900 cheques rechazados y una creciente cantidad de reclamos judiciales.
La crisis que durante más de un año dejó a Lácteos Verónica sin producción, capital de trabajo y capacidad para afrontar sus obligaciones llegó finalmente a los tribunales. La tradicional empresa santafesina se presentó esta semana en concurso preventivo de acreedores, en medio de un fuerte deterioro financiero, miles de cheques rechazados y una creciente cantidad de reclamos judiciales.
La presentación quedó radicada ante el Juzgado Nacional en lo Comercial N°17, Secretaría N°34, donde ya tramitan distintos reclamos contra la compañía. El expediente se encuentra actualmente en despacho y la Justicia deberá determinar si corresponde abrir formalmente el proceso concursal.
Verónica es patrocinada por el Estudio Alegria, Buey Fernández, Fissore & Montemerlo (ABFFM), un histórico estudio especializado en derecho empresario, reestructuraciones financieras, concursos y quiebras. Fundado en 1976 por Héctor Alegria, el estudio señala que participó en más de un centenar de concursos, quiebras, acuerdos preventivos extrajudiciales y reestructuraciones.
Fundada en 1923 y radicada desde hace más de seis décadas en Santa Fe, Lácteos Verónica permanece bajo el control de la familia Espiñeira. Durante décadas fue una de las principales usinas de la región y llegó a procesar hasta un millón de litros de leche diarios.
El concurso llega después de meses en los que la compañía intentó contener los reclamos de sus acreedores de manera individual. La estrategia se volvió cada vez más difícil a medida que se multiplicaron las demandas y pedidos de quiebra.
Uno de los últimos movimientos fue protagonizado por Banco Galicia, que además de reclamar judicialmente el pago de sus acreencias solicitó la quiebra de la empresa. Según los últimos datos disponibles del Banco Central, correspondientes a junio, Verónica mantiene con Galicia una deuda de $1.376,7 millones, calificada en Situación 3, es decir, con problemas.
El sistema financiero concentra otros pasivos relevantes. La empresa acumula unos $4.745 millones de deuda bancaria entre distintas entidades y compañías de crédito. A Galicia se suman Banco Nación, con aproximadamente $1.327 millones; Credibel, con $1.115 millones; Catalinas Cooperativa de Crédito, con $708 millones, y Banco Macro, con unos $208 millones. También figuran Santander, Banco Provincia, Banco Ciudad y Banco Industrial.
A ese cuadro se agrega uno de los principales indicadores del deterioro de la cadena de pagos: más de 2.900 cheques rechazados por un monto superior a $11.200 millones.
La presión judicial también creció entre proveedores y otras empresas. Hay pedidos de quiebra promovidos por Establecimientos Los Cerros y Munay, Agropecuaria El Timbó, Criolani Agropecuaria, Dices Argentina y Libertador Factoring, entre otros. A la vez, avanzan ejecuciones iniciadas por Libres Seguridad, Trading Internacional, Soluciones Randstad y Fremar, además de procesos relacionados con Hypred Argentina.
En marzo, la compañía había conseguido frenar un pedido de quiebra luego de cancelar judicialmente una deuda de $23,2 millones. Sin embargo, el pago puntual no logró modificar la tendencia general: continuaron los rechazos de cheques, se deterioraron las obligaciones financieras y nuevos acreedores recurrieron a los tribunales.
Tres plantas paralizadas y menos trabajadores
El concurso se produce después de meses en los que la esperada reactivación productiva nunca llegó. Las plantas de Clason, Lehmann y Suardi, en Santa Fe, permanecen paralizadas o con una actividad prácticamente inexistente.
La empresa que llegó a procesar más de un millón de litros diarios quedó sin materia prima y sin flujo de fondos suficiente para sostener una operación normal. El impacto se trasladó también a los trabajadores. Verónica llegó a contar con más de 700 empleados directos, aunque actualmente son menos debido a que parte del personal, frente a los meses sin cobrar, debió buscar otras fuentes de ingresos.
Los incumplimientos salariales comenzaron a acumularse durante el año pasado y derivaron en protestas, cortes de ruta, movilizaciones y reclamos ante autoridades provinciales y nacionales. La situación llevó incluso al gobierno de Santa Fe a disponer asistencia económica y alimentaria para familias vinculadas con las plantas.
La crisis también quebró el vínculo con productores y proveedores. La falta de pagos y de materia prima dejó a la estructura industrial sin capacidad para recomponer un circuito de fondos propio. Los acuerdos de producción a fasón que permitieron mantener cierta actividad durante parte del año pasado tampoco se transformaron en una solución permanente.
Denuncias sobre el patrimonio familiar
La situación financiera de Verónica quedó además atravesada por denuncias de presunto vaciamiento formuladas durante 2025 y retomadas este año. Trabajadores y dirigentes políticos cuestionaron que el deterioro pudiera explicarse únicamente por las dificultades que atraviesa la industria láctea y pusieron el foco en movimientos dentro del grupo familiar.
Uno de los puntos señalados es Las Becerras S.A., una empresa vinculada con la familia Espiñeira que durante años funcionó como tambo y proveedora de materia prima de Verónica. Según las denuncias difundidas por trabajadores y legisladores, Las Becerras dejó de abastecer a la láctea y comenzó a vender leche a otras empresas, mientras Verónica quedaba sin materia prima. Esos movimientos fueron señalados públicamente como una posible maniobra de vaciamiento.
También generó cuestionamientos la creación, en septiembre de 2025, de tres sociedades vinculadas con integrantes de la familia Espiñeira: Kawsay S.A., Agro Prada S.A. y Grandal Agropecuaria S.A., relacionadas con actividades agropecuarias, tambo y comercialización. En los registros societarios aparecen vinculados Mariel Espiñeira, Alejandro Espiñeira y María del Carmen Espiñeira Dianti, respectivamente.
Las acusaciones deberán ser evaluadas y acreditadas, en caso de corresponder, dentro de los procesos judiciales. La presentación concursal abre ahora una nueva etapa: la Justicia Comercial deberá auditar la situación patrimonial de la compañía, determinar el alcance de sus obligaciones y ordenar la relación con sus acreedores.
El pasivo supera los $15.900 millones si se consideran únicamente las obligaciones registradas en el sistema financiero, a las que deberán sumarse las deudas con proveedores, trabajadores y otros acreedores. El concurso pondrá bajo revisión judicial las cuentas y el patrimonio de una compañía centenaria que, tras más de un año de incumplimientos y una actividad industrial prácticamente detenida, enfrenta ahora el desafío de evitar su quiebra y encontrar una salida para volver a producir.
FUENTE: Ámbito con aportes de Redacción +P
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