Demanda histórica: 12 estados lo acusan a Trump de dañar la economía con aranceles ilegales

Una coalición de doce estados de Estados Unidos presentó una demanda contra la administración del expresidente Donald Trump ante el Tribunal de Comercio Internacional de EE.UU., en Nueva York, buscando poner fin a la política arancelaria implementada durante su mandato. Según informó DW, los demandantes acusan al gobierno federal de actuar de manera ilegal, provocando inestabilidad económica y vulnerando los principios constitucionales que regulan el comercio exterior.

La demanda sostiene que las acciones del entonces presidente Trump sometieron la política comercial nacional a sus intereses personales, excediendo los límites de su autoridad legal. Los estados que forman parte de la iniciativa judicial son Oregón, Arizona, Colorado, Connecticut, Delaware, Illinois, Maine, Minnesota, Nevada, Nuevo México, Nueva York y Vermont.

Un desafío a la autoridad presidencial

El núcleo de la demanda radica en impugnar la interpretación que Trump hizo de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA, por sus siglas en inglés), que permite al presidente actuar frente a amenazas extranjeras extraordinarias. Según los demandantes, el mandatario utilizó esta ley como pretexto para imponer aranceles de forma arbitraria, sin cumplir los requisitos de una amenaza genuina, y pasando por alto el papel constitucional del Congreso, que es el órgano encargado de regular el comercio exterior.

"Al arrogarse la autoridad para imponer aranceles inmensos y en constante evolución a cualquier mercancía que ingrese a Estados Unidos por razones que le convengan para declarar una emergencia, el presidente ha alterado el orden constitucional y ha generado caos en la economía estadounidense", señala el escrito presentado al tribunal.

Los estados piden que el tribunal declare ilegales los aranceles impuestos bajo esta política y que prohíba a las agencias gubernamentales seguir aplicándolos.

Impacto económico y preocupación de los estados

El impacto económico de la política arancelaria fue uno de los principales motores de esta acción legal. Según argumentan los fiscales generales de los estados, la imposición de aranceles indiscriminados afectó tanto a los importadores como a los consumidores, elevando los precios de productos esenciales y afectando a las cadenas de suministro en todo el país. El fiscal general de Arizona, Kris Mayes, calificó la política de Trump como "insensata", subrayando que además de ser económicamente perjudicial, carecía de sustento legal. "Esta estrategia no solo ha puesto en riesgo empleos y negocios en nuestro estado, sino que también ha socavado el respeto al orden constitucional que garantiza la división de poderes", señaló Mayes en declaraciones recogidas por medios locales.

Por su parte, el gobernador de California, Gavin Newsom, quien anteriormente también demandó a la administración Trump en un caso relacionado, expresó su profunda preocupación sobre las consecuencias financieras. "California, como el mayor importador de Estados Unidos, podría enfrentar pérdidas de miles de millones de dólares debido a estas políticas erráticas. Esto afecta a nuestras empresas, trabajadores y consumidores", advirtió.

Aunque California no figura entre los estados que presentaron esta demanda específica, el respaldo verbal de Newsom refuerza el creciente consenso entre diversas jurisdicciones sobre la necesidad de frenar prácticas consideradas inconstitucionales.

La respuesta de la Casa Blanca

La administración Trump defendió la legalidad de su política comercial, argumentando que los aranceles eran una herramienta necesaria para proteger las industrias y los trabajadores estadounidenses frente a prácticas comerciales desleales de otros países, particularmente de China.

En respuesta a la demanda, el portavoz de la Casa Blanca, Kush Desai, aseguró que el gobierno "está comprometido a abordar esta emergencia nacional que está perjudicando a las industrias y a los trabajadores de Estados Unidos, utilizando todas las herramientas disponibles, incluidos aranceles y negociaciones".

Desde la administración Trump se insistió repetidamente en que la guerra comercial iniciada, especialmente contra China, tenía como objetivo equilibrar la balanza comercial y defender la soberanía económica estadounidense.

Un precedente importante

Más allá de la disputa puntual sobre los aranceles, esta demanda podría sentar un importante precedente en cuanto a los límites del poder presidencial en materia de comercio exterior. Según expertos legales, el caso plantea una cuestión fundamental: ¿puede el presidente de EE. UU. invocar una emergencia nacional para justificar decisiones comerciales de amplio alcance sin la intervención del Congreso?

En los últimos años, el uso de las declaratorias de emergencia para ampliar el poder ejecutivo ha sido motivo de intensos debates jurídicos y políticos. El resultado de este litigio podría redefinir los alcances de la autoridad presidencial en un ámbito tradicionalmente reservado al Poder Legislativo.

Por ahora, el proceso judicial apenas comienza, pero la presentación de esta demanda representa un esfuerzo coordinado de varios estados para frenar lo que consideran un abuso de poder, y para restaurar el equilibrio de poderes en la elaboración de políticas comerciales.

La resolución del caso podría tener profundas implicancias, no solo para la política arancelaria, sino para el futuro de la relación entre el Congreso y la presidencia en temas económicos.

Fuente: Reuters/DW.