El dolor que nadie ve: la violencia machista que se esconde en el campo
En pueblos de España, la falta de recursos, el aislamiento y el miedo hacen que muchas mujeres vivan la violencia machista en silencio durante años.
La violencia machista continúa golpeando con especial dureza a las mujeres que viven en el medio rural. España registró 48 víctimas mortales por violencia de género en 2024 y 38 en lo que va de 2025. De ellas, 19 y 12 mujeres, respectivamente, residían en municipios de menos de 20.000 habitantes, un entorno donde la falta de recursos, el aislamiento y el peso del estigma dificultan aún más romper el ciclo de maltrato. Ante esta situación, asociaciones y colectivos de mujeres rurales han vuelto a alzar la voz para exigir más servicios de apoyo, coincidiendo con el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, celebrado cada 25 de noviembre.
Las organizaciones del ámbito rural recuerdan que esta “lacra” adquiere características particulares en los pueblos, donde la cercanía entre vecinos y la ausencia de servicios especializados hacen que muchas víctimas permanezcan años —incluso décadas— atrapadas en situaciones de control y violencia. “En el medio rural todo el mundo se conoce y pesa demasiado el qué dirán”, lamenta Carmen Quintanilla, presidenta de Afammer, quien subraya que en estos entornos la violencia es “más invisible”. Según apunta, solo el 66,9 % de las víctimas en municipios de menos de 2.000 habitantes llega a verbalizar o denunciar su situación, frente al 83,3 % en las grandes ciudades.
Brechas económicas y falta de recursos
El sector agrario también ha mostrado su preocupación. En la inauguración de la exposición fotográfica “La mujer en el campo: del blanco y negro al color”, el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, recordó que “queda mucho por hacer” en materia de igualdad en el medio rural. Aunque destacó avances como la titularidad compartida de explotaciones, reconoció que persisten “una brecha salarial y social” que amplifica la vulnerabilidad de las mujeres. La dependencia económica y las largas distancias para acudir a servicios sociales o judiciales son factores que dificultan pedir ayuda a tiempo.
Los datos recopilados por las asociaciones confirman esa realidad. Teresa López, presidenta de Fademur, recordó que en 2020 su organización presentó el primer estudio específico sobre violencia de género en el medio rural, revelando que las mujeres tardan una media de 20 años en romper con sus maltratadores, el doble que en las zonas urbanas. “Son cifras escalofriantes que muestran la urgencia de actuar”, subrayó.
La falta de recursos es una constante en los testimonios de las asociaciones. Juana Borrego, presidenta de Femur, denuncia que en las zonas rurales “las situaciones se agravan por la falta de recursos específicos, la dispersión geográfica y la mayor dificultad de acceder a los servicios de emergencia”. Para Borrego, muchas mujeres no denuncian porque no identifican la violencia o porque temen represalias. Su organización ha atendido numerosos casos que acabaron en manos de la Guardia Civil, pero recalca que los procesos judiciales “a veces se eternizan”, especialmente cuando deben trasladarse a juzgados alejados.
Un llamamiento a reforzar la protección
En esta misma línea, desde UPA, su secretario general Cristóbal Cano, insiste en que la violencia machista es una realidad que “lamentablemente convive con toda la sociedad” y que requiere “todas las herramientas disponibles” para erradicarla. Por su parte, Mari Paz Martín, técnica de Ceres y COAG, plantea una intervención “transversal”, recordando que la violencia no es solo física: también es digital, económica, cultural, institucional, vicaria y sexual. Además, insta a que las explotaciones agrarias implanten protocolos obligatorios de acoso laboral.
Las organizaciones agrarias Asaja Mujeres y Amfar también han fijado postura. Blanca Corroto, presidenta de Asaja Mujeres, apuesta por “seguir trabajando” de forma sostenida para eliminar esta problemática, mientras que la presidenta de Amfar, Lola Merino, advierte que las cifras de víctimas revelan “un fracaso del sistema de protección”.
En conjunto, las asociaciones del medio rural coinciden en que no basta con visibilizar la violencia: es necesario reforzar los recursos, desde casas de acogida hasta servicios psicológicos y jurídicos, pasando por campañas que ayuden a las mujeres a reconocer y denunciar la violencia. Mientras tanto, en los pueblos, muchas víctimas continúan luchando en silencio, atrapadas en un entorno donde el aislamiento y el miedo aún pesan demasiado.
Fuente: EFEAgro con aportes de la Redacción +P.
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