Validar el relato del Gobierno, una tarea cada vez más difícil
Un día antes de que el FMI terminó de acordar con el país un nuevo acuerdo en el que se compromete girar hasta fin de año 7.500 millones de dólares para el repago de deudas, la Justicia de Estados Unidos dictaminó que la Argentina perdió el juicio por la expropiación de la empresa YPF.
Es difícil intentar encontrar en esta gestión algún indicador que nos permita revelar que el país se está encaminando por un sendero correcto.
Si no fuese por el único acreedor que sigue actuando como prestamista de última instancia, el Fondo Monetario Internacional (FMI), y que en pocos días más girará otros 7.500 millones de dólares para mantener la gobernabilidad de las gestión Fernández-Fernández, el futuro sería totalmente incierto.
Podemos entender el mal desempeño del gobierno de Mauricio Macri, la llegada de una inesperada pandemia, la invasión de Rusia a Ucrania, la sequía que golpeó con dureza a la mayor parte del campo, y un proceso electoral que complica el escenario de corto plazo en el país. Pero todo el mundo, con mayor o menor intensidad, padeció estos mismos sufrimientos. Y sin embargo, no tienen una inflación proyectada para este año del 135%, pobreza arriba del 40%, ciudades tomadas por narcotráfico, niveles de inseguridad en niveles récord, tasas de interés activas en un piso del 200% anual y rentas financieras en su máxima expresión.
No hay país que se encuentre sumergido en semejante crisis. Y no hablamos solo de naciones desarrolladas, sino también al compararnos con otros Estados circunscriptos a nuestra región. El relato oficial de todos estos últimos años está quedando al desnudo. Y la mala praxis económica, a la larga o la corta, termina pasando su factura.
Esta semana, la sociedad amaneció con una noticia que pone en contexto lo que estamos mencionando: la jueza Loretta Preska -a cargo del tribunal de distrito sur de Nueva York- dictaminó que la Argentina perdió el juicio por la expropiación del 51% de las acciones de YPF, entablado por los fondos Burford y Eton. Falta definir el monto, que va de los 5.000 millones de dólares a los 16.000 millones de dólares.
Pero como es que se llega a semejante cifra en un país que no tienen dólares, ni tan siquiera para mantener su economía, y con los indicadores sociales que reflejábamos párrafos arriba. Es interesante hacer el recorrido para entender como los resultados de la soberbia de un gobierno termina recayendo años después sobre las espaldas de toda una sociedad.
Las idas y vueltas
Durante la presidencia peronista de Carlos Saúl Menem, se llevaron a cabo varias reformas económicas estructurales. El cambio de tipo societario de la empresa YPF (que era una Sociedad del Estado) para convertirse en una Sociedad Anónima, fue una de ellas. El 24 de septiembre de 1992, el proyecto que tenía como fin último la privatización de la petrolera fue aprobado en medio de gran tensión en la Cámara de Diputados. El vocero del proyecto fue, en esa ocasión, el diputado neuquino, Oscar Parrilli, miembro informante por el oficialismo y hoy senador de la Nación por el mismo partido. Una semana antes, y como diputada santacruceña, Cristina Fernández de Kirchner había presionado a sus pares justicialistas de la Legislatura provincial para que aprobaran en ese ámbito el proyecto impulsado por el Ejecutivo nacional.
La Ley transformaba YPF en sociedad anónima, transfería los yacimientos a las provincias, vendía los activos y acordaba como prenda de intercambio el pago de deudas por regalías a las provincias productoras.
Cuando el debate llegó al seno del Congreso Nacional y tras presentar una serie de argumentos económicos, Parrilli afirmó por entonces en el recinto: “Nos hacemos presentes en esta sesión con la firme convicción de que estamos dando los pasos que la sociedad argentina y el mundo nos están exigiendo para lograr la transformación de nuestro país”. “No sentimos vergüenza por lo que somos y tampoco venimos a pedir disculpas por lo que estamos haciendo”, sostuvo en su célebre discurso con el que buscó convencer a sus pares. Finalmente, en 1999 la española Repsol terminó por adquirir el 98% de las acciones de YPF.
Entre los estados nacionales y provinciales, ligados a la actividad petrolera, se recaudó por todo e proceso de privatización poco más de 3.500 millones de dólares, fondos que, en su mayoría, fueron destinados alimentar la estructura burocrática del Estado y a financiar sus desequilibrios públicos.
En 2007 el Grupo Petersen -de la familia Eskenazi, relacionada en forma directa con el entonces presidente, también peronista, Néstor Kirchner compró parte de las acciones de Repsol, aumentando su participación a poco más del 25% en los años siguientes. Este proceso, llamado “Argentinización de YPF”, fue un proyecto del matrimonio presidencial Kirchner para volver a recuperar una importante caja que la política había perdido años atrás.
La familia Eskenazi no puso un solo dólar por esa adquisición. El acuerdo Repsol-Eskenazi-Kirchner se suscribió con la consigna de que los fondos para la compra de esas acciones llegarían a través de préstamos de bancos internacionales, los que se comprometían a pagar con el giro de dividendos de sus acciones que realizaba la empresa petrolera.
Llega el año 2011, estando al frente del país otro gobierno peronista. En ese entonces, las relaciones entre la presidente Cristina Fernández y el Grupo Petersen estaban bastante deterioradas. Desde el fallecimiento de Néstor Kirchner la familia Eskenazi interrumpe el dialogo con el Gobierno y, este desplante, la primera mandataria se lo hace sentir. Nace así el proyecto de expropiación, liderado por el entonces viceministro de Economía Axel Kicillof.
En abril de 2012 finaliza la ofensiva sobre Repsol por tomar sus acciones. El 17 de ese mes, Kicillof fue al Congreso y se refirió al artículo 7° del estatuto de la compañía, que es el argumento que usa hoy la justicia de los Estados Unidos para condenar al Estado argentino, señalando que “los tarados son los que piensan que el Estado tiene que ser estúpido y comprar todo según la ley de la propia YPF, respetando su estatuto ¿Si no dónde está la seguridad jurídica? Señores, fue una empresa, se reunieron y dijeron: ‘¿Cómo podemos hacer para que nadie nunca intervenga en el control de la compañía?’”. Las arrogantes palabras del entonces viceministro, fueron lapidarias en el juicio que se está llevando a cabo contra el Estado argentino ya que “blanquea” su ilegal accionar para hacerse de las acciones de la empresa.
Detalló esa tarde en el Congreso, intentando justificar su idea de no pagar a la empresa española por esas acciones expropiadas, que desde su ingreso a YPF, la firma Repsol había puesto 13.000 millones de dólares y había retirado más de 22.000 millones. Además, señaló que había dejado una deuda de 9.000 millones de dólares que parte de la misma iba a hacerse cargo el Estado. Sin embargo, aquella ilusión del joven militante Kicillof quedó en el olvido y un año después el Estado emitió bonos por 5.000 millones de dólares para cancelar la deuda con los españoles, que habrían exigido como obligación para llegar a un acuerdo.
Esos 5.000 millones eran equivalente al valor bursátil total que tenía la empresa en ese momento. Es decir que el Estado Nacional terminó pagando el doble de lo que valían ese 51% de acciones en el mercado. Un pésimo negocio que terminó siendo soportado, en aquel momento, por toda la sociedad argentina.
Una década después, la sociedad se entera que Kicillof dejó un regalo adicional sobre todo este desmanejo: un juicio por mala praxis que representa entre el 100% y 400% del valor total de la empresa. Obviamente es el Estado argentino, es decir todos nosotros, el que va a tener que enfrentar los costos de esta mala gestión pública del hoy Gobernador de la Provincia de Buenos Aires. “Los expropiados hicieron el mejor negocio de la historia”, dijo esta semana, con un alto grado de ironía, el CEO y fundador de Mercado Libre, Marcos Galperin, en su cuenta de la red social Twitter al conocerse la noticia.
En la reciente sentencia de la jueza Loretta Preska se hizo lugar al pedido de los fondos Burford y Eton al señalar que la Argentina “prometió a los tenedores de valores que les proporcionaría una salida compensada si recuperaba el control sobre el número requerido de acciones”. No obstante, indicó que el demandante “ha demostrado la existencia de un contrato válido y vinculante contra la República, pero no contra YPF”, por lo que eximió a la compañía de afrontar las indemnizaciones.
Durante el proceso, Burford reclamó entre 12.000 millones y 16.000 millones de dólares con intereses. Por su parte, en diciembre de 2021 la empresa YPF ya había comunicado a sus accionistas que un fallo en contra podría costarle a la compañía hasta 5.200 millones de dólares. Los números parecen que volvieron a cambiar.
Por eso, volvemos al inicio de este comentario. Es muy difícil defender todo el daño que han generado un grupo de jóvenes que dirigió los destinos del país como si se tratara de una asamblea de un Centro de Estudiantes. Son miles de millones de dólares perdidos en manos de grandes empresas e importantes estudios jurídicos, en un contexto en que el país padece una de las crisis sociales y económicas más profundas de su historia.
Es muy difícil...
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