Crisis vitivinícola en España 2025: ¿El fin de un sector clave?

El sector vitivinícola español enfrenta una tormenta perfecta en 2025, una crisis atravesada por las siguientes variables: plagas como el mildiu, precios en caída libre, una demanda global débil y un apoyo institucional insuficiente.

En este punto, la Unión de Uniones, una de las principales organizaciones del sector, elevó el tono de sus críticas, alertando sobre el riesgo de abandono masivo de viñedos y la pérdida de un pilar económico y social en regiones clave.

Con una producción estimada de 37-38 millones de hectolitros, similar a 2024, los problemas estructurales y coyunturales amenazan la sostenibilidad del sector. ¿Qué medidas pueden salvar a esta industria vital?

Una campaña bajo presión

La campaña vitivinícola 2025 no trae alivio. Según la agrupación, la producción prevista se mantiene en torno a los 37-38 millones de hectolitros, alineada con los 38 millones estimados para 2024. Sin embargo, las disparidades regionales son marcadas. Mientras Galicia, Cataluña, Valencia, Castilla-La Mancha y Extremadura esperan cosechas estables, regiones como Castilla y León y Rioja enfrentan pérdidas significativas por el mildiu, una plaga fúngica que ha devastado viñedos y elevado los costos de producción. Este impacto desigual complica la planificación y afecta la competitividad del sector.

A nivel económico, los bajos precios son el principal dolor de cabeza. Unión de Uniones reporta que el precio por kilo de uva ronda los 30 céntimos, muy por debajo de los costos de producción, que se han disparado por la inflación y el encarecimiento de insumos como fertilizantes y fitosanitarios.

Comparado con sectores como el aceite de oliva, donde los precios se miden en euros por kilo, el vino sigue anclado en una dinámica de "pesetas", según Alejandro García-Gasco, representante de UPA. Esta situación no solo erosiona la rentabilidad de los viticultores, sino que desincentiva la inversión y el relevo generacional, un desafío crítico para el futuro del sector.

Impacto de la coyuntura internacional

El comercio internacional añade más presión. Las exportaciones españolas, que entre abril de 2023 y marzo de 2024 alcanzaron 20 millones de hectolitros (un 3,6% menos que el año anterior), enfrentan un panorama incierto. La posible reimposición de aranceles por parte de Estados Unidos genera temores.

Durante la administración Trump, los aranceles al vino español redujeron significativamente las exportaciones, y un escenario similar podría repetirse. Además, el Brexit ha debilitado el mercado británico, con países como Australia ganando terreno. Estos factores, combinados con una demanda interna en declive (caída del 5% en consumo nacional), han saturado el mercado y deprimido los precios de vinos con y sin Denominación de Origen Protegida (DOP).

Políticas públicas: ¿Un apoyo insuficiente?

La Política Agraria Común (PAC) y su Intervención Sectorial Vitivinícola (ISV) son objeto de duras críticas. Aunque el programa de ayudas cuenta con 202,1 millones de euros anuales hasta 2027, Unión de Uniones denuncia que los fondos no se utilizan eficazmente. En 2023, se dejaron sin ejecutar 30 millones de euros, sumándose a los 15 millones no utilizados en 2022, lo que evidencia rigideces burocráticas y falta de agilidad en la gestión. La organización reclama medidas como la cosecha en verde y el mantenimiento de viñedos viejos, pero critica que las administraciones autonómicas y el Ministerio de Agricultura no han ajustado los mecanismos para hacerlos accesibles.

Además, la Ley de la Cadena Alimentaria, diseñada para garantizar relaciones contractuales justas, no está cumpliendo su propósito. UPA ha denunciado incumplimientos generalizados por parte de bodegas, que evitan firmar contratos previos con viticultores, generando inestabilidad y precios predatorios. Las inspecciones de la Agencia de Información y Control Agroalimentario (AICA) han comenzado, pero los resultados son aún limitados.

Para revertir esta crisis, Unión de Uniones y UPA han planteado medidas concretas:

• Congelación de nuevas plantaciones: Suspender autorizaciones de plantación para 2024-2026, dado que las 1.900 hectáreas solicitadas en 2024 superan las 928 hectáreas disponibles, lo que podría agravar el exceso de oferta.
• Flexibilización de la ISV: Permitir la transferencia de recursos no utilizados entre años y activar medidas de crisis como la destilación de excedentes o la cosecha en verde en casos de desequilibrio de mercado.
• Ayudas al abandono controlado: Ofrecer incentivos para arranques definitivos con un enfoque social, especialmente para viticultores mayores, y arranques en diferido para reestructurar el sector sin perder tejido productivo.
• Promoción internacional y adaptación climática: Mantener los fondos europeos para la promoción en terceros países y apoyar la investigación en variedades resistentes al cambio climático, como el vino ecológico, que ya representa el 16% del viñedo español.
• Cumplimiento de la Ley de la Cadena Alimentaria: Endurecer las sanciones a bodegas que no cumplan con contratos previos y garantizar precios que cubran los costos de producción.

Fuente: Vinetur