Escándalo por las retenciones cero: un diputado denuncia al Gobierno por fraude

El diputado nacional y candidato a renovar su banca por Córdoba, Oscar Agost Carreño, presentó una denuncia penal contra funcionarios del Poder Ejecutivo nacional por la aplicación temporaria del esquema de retenciones cero a las exportaciones de granos, medida que rigió durante tres días y generó un fuerte debate político y económico. La presentación quedó radicada en la Fiscalía Federal N°3 de Córdoba, a cargo de Maximiliano Hairabedián, quien deberá determinar si existen elementos para impulsar una investigación formal.

Según consta en la denuncia, Agost Carreño solicita que la Justicia analice si el Decreto 682/2025, mediante el cual el Gobierno suspendió los derechos de exportación entre el 22 y el 25 de septiembre, incurrió en los delitos de administración fraudulenta e incumplimiento de deberes de funcionario público. Los principales apuntados son el ministro de Economía, Luis Caputo, y el titular de la Agencia Federal de Recaudación (ARCA), Juan Pazo.

Una medida de alto impacto fiscal

Durante los tres días que duró la suspensión de las retenciones, las exportadoras registraron ventas externas por más de US$7.000 millones, cumpliendo así con la meta de ingresos prevista por el Gobierno. No obstante, el beneficio impositivo temporal implicó, según cálculos del diputado, un costo fiscal de unos US$1.500 millones para el Estado.

Agost Carreño sostiene que la decisión “favoreció de manera directa a un grupo reducido de empresas cerealeras y exportadoras” que, en su mayoría, concentraron la mayor parte de las Declaraciones Juradas de Ventas al Exterior (DJVE). En total, siete compañías acumularon el 86% de los registros, equivalente a 17 millones de toneladas.

Entre ellas, Louis Dreyfus Company (LDC Argentina) se posicionó como la principal beneficiaria, con 3.546.300 toneladas registradas, de un total de 19.591.831 toneladas declaradas durante el breve lapso de vigencia de la medida.

soja granos

Con el Decreto, el Gobierno logró que se liquidarán 7.000 millones de dólares en solo 72 horas.

“Debe investigarse si existió un acuerdo previo y confidencial con las empresas, lo que implicaría que los funcionarios actuaron con conocimiento y voluntad de favorecerlas”, advirtió el legislador cordobés.

Repercusiones políticas y antecedentes

La presentación de Agost Carreño se suma a otras denuncias previas en la misma línea. Días antes, la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) había recibido una denuncia por presunta administración fraudulenta contra el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, el propio Caputo y el secretario de Agricultura, Sergio Iraeta. En esa causa, también se señala como “partícipes necesarios” a cinco de las principales exportadoras del país: Bunge Argentina, LDC Argentina, Cofco Internacional Argentina, Viterra Argentina y Cargill SACI.

A su vez, el Observatorio del Derecho a la Ciudad, encabezado por Jonatan Baldiviezo, junto con Claudio Lozano (Unidad Popular), María Eva Koutsovitis y el abogado Marcos Zelaya, presentó otra denuncia ante la Justicia Federal de la Ciudad de Buenos Aires. En ese expediente se menciona a los mismos funcionarios y empresas, bajo sospecha de haber incurrido en negociaciones incompatibles con la función pública, abuso de autoridad y defraudación al Estado.

Silencio oficial y contexto político

Hasta el momento, el Ministerio de Economía no emitió comentarios sobre la denuncia del diputado cordobés. La medida de retenciones cero había sido presentada por el Gobierno como una estrategia temporal para incentivar las liquidaciones de divisas y mejorar las reservas del Banco Central, en un contexto de escasez de dólares y tensiones cambiarias.

El levantamiento de las retenciones duró apenas tres días, tras los cuales, el 25 de septiembre, los derechos de exportación regresaron a su nivel anterior. Pese a su brevedad, el impacto fiscal y la concentración de beneficios en un pequeño grupo de actores del mercado alimentaron las sospechas sobre posibles maniobras de favoritismo.

En el plano político, Agost Carreño —actual presidente del PRO Córdoba, cargo que recuperó tras un fallo judicial adverso a la intervención dispuesta por Mauricio Macri— busca renovar su banca en las elecciones de octubre, con lista propia y dentro del espacio Encuentro Federal. Su denuncia, además de su contenido judicial, tiene fuerte resonancia en el escenario electoral cordobés, donde el tema del agro y la transparencia en la gestión económica son ejes centrales del debate.

Mientras la Justicia analiza los primeros pasos de la investigación, el caso promete escalar en los próximos días, reavivando la discusión sobre la relación del Gobierno con el sector exportador y el uso discrecional de instrumentos fiscales en un momento clave para la economía argentina.

Fuente: Redacción +P con aporte de La Nación +.