Milei y la propuesta del camino hacia El dorado

En el País de las Maravillas, Alicia preguntó: “Minino de Cheshire, ¿podrías decirme, por favor, ¿qué camino debo seguir para salir de aquí? --Esto depende en gran parte del sitio al que quieras llegar --dijo el Gato.”

El camino elegido por el gobierno no es una novedad en nuestro país. No es la primera vez en la historia de nuestro país que asistimos al intento de reconstituir el proyecto liberal. Sin embargo, cada una de estas tentativas ha estado enmarcada dentro de determinadas contingencias que las hacen diferentes entre sí.

En este caso, el electorado ha elegido a un candidato que planteó un futuro rupturista con la historia de un país que desde hace décadas no logra sustentar un proyecto de crecimiento económico, proponiendo a la sociedad conducirse con libertad económica y hacer implosionar el estado en su rol económico y social.

Así, asistimos a un nuevo ciclo en que se reconstituyen y se oponen en la historia económica argentina los dos proyectos que confrontan para asumir el poder. En estos ciclos políticos y económicos, gobierno y oposición son roles alternativos que van asumiendo liberales y dirigistas.

No ha sido otra causa que su propio fracaso lo que ha finalizado cada uno de estos ciclos, haciendo que la mayoría de los electores voten la propuesta alternativa a los gobernantes de turno. En definitiva, el electorado sigue siendo la última medida del ánimo social de los argentinos.

Si bien la alternancia partidaria en el gobierno es un fenómeno conocido en el mundo de las democracias occidentales, el rasgo característico de América Latina desde el final de la segunda guerra mundial hasta nuestros días es la imposibilidad de establecer ciertos acuerdos sociales que brinden un sentido compartido de futuro.

En nuestro continente latinoamericano, los bruscos cambios de política, que se unen a la inestabilidad coyuntural provocada por las inconsistencias de las políticas económicas, hacen que lo permanente sea la incertidumbre.

Tres pilares

En este sentido, el nuevo ciclo que se inicia en Argentina cumple en su propuesta con los tres preceptos adoptados globalmente desde fines del siglo XX por el proyecto económico neoliberal: la liberalización, la desregulación y la privatización.

El mercado autorregulado, que premia a los individuos según sus méritos e iniciativas, y asegura la eficiencia en los procesos económicos, es la profesión de fe del economista liberal. Los resultados prácticos de las experiencias que contradicen los supuestos teóricos se barren debajo de la alfombra.

Así, mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia que modifica o complementa 87 normas vigentes, se decide transformar el régimen económico de una variada gama de actividades económicas e instituciones regulatorias, muchas de las cuales en la práctica no hacían más que sustentar discursos sobre la redistribución del ingreso y la presencia del estado, sin efectos concretos, y en muchos casos contraproducentes.

Ante esta situación, el cambio se introduce en la propuesta de reformar la legislación vigente, derogando y/o modificando un amplio espectro de leyes referidas a la regulación de actividades comerciales, la supervisión pública del comportamiento de las grandes empresas, de tarjetas de crédito y warrants, la prestación de los servicios de salud, la explotación de los recursos naturales, las condiciones de los contratos de locación, y muchos otros aspectos de la vida de la población.

También transforma el régimen legal bajo el cual funcionan las empresas públicas, para viabilizar su privatización. Incursiona en la legislación referente al trabajo, con el objetivo de reducir costos empresarios. Asimismo, determina actividades económicas esenciales y prioritarias en las que el derecho a huelga se deberá compatibilizar con la prestación mínima de los servicios.

La reforma del Estado hace desaparecer el mecanismo de ajuste de las jubilaciones, dejándolo al arbitrio de las decisiones del poder ejecutivo. En lo que refiere a la inserción en el comercio exterior, simplifica y desregula el trámite administrativo y la capacidad de las personas y empresas para realizar operaciones de importación y exportación.

Los regímenes de promoción económica y de regulación de intereses contrapuestos en las actividades productivas regionales son derogados sin crear ningún marco alternativo, dejando a los productores en manos de las corporaciones que dominan los circuitos comerciales, como también elimina el capítulo minero y pesquero en cuanto a la regulación de la extracción del recurso. Las empresas privadas del servicio de salud pasan a tener un rol preponderante y nada se dice de la salud pública, como tampoco de la educación y la vivienda, capítulos ignorados del discurso gubernamental, lo que refleja hasta aquí un desinterés manifiesto por considerar los efectos negativos sobre los ingresos y las condiciones sociales de la mayor parte de la población.

El gobierno no ha aclarado quien integró el grupo de redactores que ha expresado en la propuesta del DNU las aspiraciones más extremas de los grupos de poder económico del país, cuya precisión en la remodelación del marco normativo que regula sus actividades se ha realizado con una precisión quirúrgica.

Los electores votan propuestas políticas en la creencia de que serán elaboradas y ejecutadas por sus representantes. Los electores no votan representantes para que ejecuten propuestas de las corporaciones que se mueven en el círculo del poder económico. La justicia y el poder legislativo deberán decidir quién representa a los electores.