La actualidad de la defensa del desarrollo regional
El complejo buscaba el desarrollo de la región norpatagónica, y a la posibilidad de la provisión de energía a la industria de Buenos Aires y el litoral. Pasado el tiempo, ¿se cumplieron los objetivos?
La actividad económica considera los recursos que brinda la naturaleza como potencial fuente de insumos para la producción de bienes y servicios. Pero entre la existencia de un recurso natural y su efectiva utilización en la producción o en el consumo, las acciones humanas van modificando, en diferente grado, el territorio heredado, la vida de la población y la convivencia con el medioambiente.
Así, toda actividad económica tendrá un impacto social y ambiental, que pudiendo ser positivo o negativo, no siempre es considerado adecuadamente en la evaluación privada y gubernamental de sus resultados, apelando a la prioridad del crecimiento económico.
La Patagonia es un caso paradigmático del proceso de modificación del medio natural, con el propósito de generar condiciones adecuadas para la actividad económica y la protección de las poblaciones.
Una historia que arranca en 1910
Persiguiendo ambos propósitos, en 1910 se iniciaron las obras del canal principal de riego del Alto Valle, que incluyeron un sistema de atenuación de crecidas del río Neuquén mediante su desvío a la cuenca del actual lago Pellegrini, que en esos tiempos era una depresión natural (“Cuenca Vidal”) en la meseta. En 1915, una crecida inusitada obligó a habilitar anticipadamente el derivador, lo que permitió desviar parte del caudal de una crecida histórica.
La regulación definitiva de los grandes crecientes que asolaban ciudades y zonas productivas siguió constituyendo una demanda de las comunidades locales. En 1943, se analizó la posibilidad de desviar el río Neuquén a la cuenca de Cerros Colorados y realizar el embalse frontal del Limay en El Chocón. En 1961, se sumó a este proyecto la evaluación de su aprovechamiento hidroeléctrico y la ampliación del área de riego, para contribuir al desarrollo integral del Comahue, incluyendo ahora el río Negro.
Durante la presidencia de Humberto Illia (1963-1966), el senador rionegrino José Gadano promovió en el gobierno nacional la necesidad de la construcción de obras hidroeléctricas en la región. En las sesiones legislativas nacionales de 1965, el Poder Ejecutivo envió el proyecto para la construcción del complejo El Chocón – Cerros Colorados. Sus fundamentos hacían referencia al desarrollo de la región norpatagónica, y a la posibilidad de la provisión de energía a la industria de Buenos Aires y el litoral, la que absorbería el 90% de la generación. El porcentaje restante sería consumido en la misma zona de influencia de las obras.
Grandes expectativas
En cuanto al desarrollo regional, se proyectaban diversos efectos positivos. Se pondría a disposición de las provincias el riego para la producción agrícola, lo que posibilitaría la ampliación de las 100.000 hectáreas irrigadas en ese entonces, hasta alcanzar 231.000 hectáreas en el año 1973, 367.000 hectáreas en el año 1983, llegando a 650.000 hectáreas en el año 2000. Al mismo tiempo, la mayor oferta energética favorecería la radicación de industrias en el área de influencia de las obras, basadas en el procesamiento de los recursos naturales de la Patagonia.
No quedaban dudas que El Chocón/Cerros Colorados, constituía por su magnitud y contribución a los diversos fines, una de las obras que modificarían la geografía y los senderos del desarrollo regional y nacional, por lo que comenzó a conocerse como la obra del siglo. Las cámaras legislativas nacionales dieron la sanción a la Ley, y la posibilidad de desarrollo del Comahue sumaba un hito a su proyecto.
De cómo se torció la historia
La asonada militar que destituyó al presidente radical modificó la ley nacional que habilitaba emprender la obra. A partir de ese momento, se dejó fuera de juego a la empresa pública Agua y Energía, motor técnico de la iniciativa, creándose Hidronor S. A., a quien se le otorgó la concesión para construir y explotar las obras del Complejo El Chocón - Cerros Colorados. La importancia de esta obra era relevante a nivel nacional, dado que significarían un incremento sustantivo en la potencia total instalada y la energía eléctrica generada.
Por decisión del gobierno nacional y presión de los organismos crediticios internacionales, las decisiones de inversión de Hidronor deberían ajustarse a un criterio empresarial. Desde esta óptica de rentabilidad privada, lo que primaba era el interés en la generación de energía eléctrica para su transporte al Gran Buenos Aires-Litoral. Así, la industrialización regional y el sistema de irrigación, factores que beneficiaban a la población local, quedaban suprimidos en el proyecto definitivo, dado que los potenciales beneficios de estas inversiones sólo se recuperarían en el largo plazo, eran inciertos, y por lo tanto representaban un costo que no aseguraba capacidad de repago de los créditos en lo inmediato, según las consideraciones de Hidronor.
La obtención de un crédito del Banco Mundial para el componente importado de las obras civiles y el financiamiento de varios países proveedores del equipamiento, junto a la creación de un impuesto a la electricidad y petróleo cuyo producido se destinaba a capitalizar Hidronor, armaron el esquema de financiamiento de las obras. Habiendo sido planteada en su origen como una obra de propósitos múltiples (control de crecidas, aumento de la capacidad de riego y generación de energía), desaparecieron para Hidronor las obligaciones de efectivizar las obras de irrigación e impulsar la instalación de un polo industrial en el Comahue.
La visión centralista de las obras como fuente de provisión de energía para el polo industrial bonaerense, diluyó la participación de las provincias de Río Negro y Neuquén. Se llegó al absurdo que por los ventanales de las oficinas de la recién creada Hidronor, sus ejecutivos miraban diariamente hacia el Río de la Plata, en vez de estar en las cercanías de los ríos sobre los cuales se ejecutarían las obras, una situación tan insólita como premeditada, que por lo absurda llevó posteriormente a decidir trasladar la sede de Hidronor a la región.
El regionalismo enfrenta el falso federalismo
En 1968 se adjudicaban las obras y en 1969, después de un acto en “Bajada del Chocón Chico” celebrando el inicio de la construcción, el presidente Onganía descubría la piedra fundamental. El inicio de las obras, de dimensiones poco habituales para el país, significó para la región un hecho de índole social. Comenzando por la concentración de un contingente obrero que superaba las 3000 personas, en su mayoría provenientes de otras provincias del país, que durante el primer año de la obra impulsó una huelga por mejores condiciones de trabajo, paralizando la construcción y siendo objeto de acciones represivas y políticas que resonaron en todo el país.
La persistencia del gobierno nacional en postergar el interés de las provincias, cuyas autoridades designadas por la dictadura no osarían colocarse en oposición a sus superiores, cerraban el camino a cualquier reclamo institucional que contemplara una visión alternativa. Así, la canalización de los reclamos de la comunidad local implicó la organización de diversos sectores de la ciudadanía. En torno a los temas vinculados a los postergados beneficios sobre la actividad económica de las provincias, se conformó un agrupamiento que involucró a personalidades de la política regional con muy diversa trayectoria, quienes constituyeron el Movimiento en Defensa del Desarrollo del Comahue (MDDC), unidos en su diversidad de pensamiento y actuación previa por un solo objetivo: rescatar el capítulo original del aporte de las obras hidroeléctricas al desarrollo regional.
Entre sus diversas acciones, una comisión del MDDC se entrevistó con los directivos de Hidronor, en una de las periódicas visitas de observación y de publicidad de la acción del gobierno, que concluían con un pronto retorno a la capital argentina. Los directivos confirmaron que, entre otros motivos, la creación de la empresa fue influida por la postura del Banco Mundial de no otorgar créditos a Agua y Energía dado que era una empresa estatal, y que la nueva ley había derogado el fondo de beneficio para su inversión en obras de promoción económica. Fueron explícitos en aclarar que sería aplicada para la región una tarifa diferencial, y que Hidronor no tenía planes para el desarrollo del Comahue, dado que ello no era función específica de la empresa. Respecto de la ausencia de representación provincial en el Directorio empresario, la respuesta fue que lo importante era que el grupo directivo estuviera formado por técnicos capaces.
Frente a esta posición que eliminaba en la práctica el capítulo del desarrollo regional, la evaluación del MDDC se mostraba integradora del interés nacional y de la Patagonia. Afirmaba que priorizar el abastecimiento al Gran Buenos Aires seguiría acentuando la deformación económica del país, y postergaría la explotación e industrialización de las riquezas de la región. La menor tarifa que se proponía en la provisión de energía a la región no debía interpretarse como la concesión de un beneficio, sino que debía ser entendida como el resultado del dominio de las fuentes energéticas por parte de las provincias.
Aportando otros aspectos que demostraban que la reivindicación del regionalismo, en tanto defensa del interés local, no encontraba recepción en las políticas de Hidronor y el gobierno nacional, el análisis crítico que realizo el MDDC afirmaba que la postergación del interés de los patagónicos significaba afianzar la estructura agroexportadora e importadora del país, con déficit de nuestra balanza de pagos y aumento de las desventajas en los términos del intercambio. Dicho esto, por los representantes regionales en mayo de 1969, la realidad actual nos hace ver que avizoraban, con una visión acertada, que la defensa del desarrollo del Comahue constituía un capítulo del mejor porvenir del país.
Quizás resulte trascendente que en las prometidas mesas de concertación entre el gobierno nacional y las provincias sobre el futuro de los aprovechamientos hidroeléctricos del Limay y el Neuquén, los representantes provinciales se nutran del pensamiento regionalista. Y que no se olviden que Vaca Muerta puede constituirse en un nuevo capítulo de la extracción de riquezas patagónicas, sin un proyecto de desarrollo económico y social que beneficie la industrialización de la región y el país.