Crisis en la industria cárnica: dos frigoríficos en riesgo y cientos de empleos afectados
Una empresa acumula más de $40.000 millones de deuda y otra ya quebró: crece la preocupación por el impacto laboral y productivo.
La crisis en la industria frigorífica argentina comenzó a mostrar en las últimas semanas una nueva fase, más profunda y estructural, con dos casos que funcionan como señales de alarma para todo el sector: el concurso preventivo del Frigorífico General Pico y la quiebra del frigorífico La Taba en la provincia de Córdoba. Ambos episodios, con diferencias en escala y recorrido, exponen un mismo fenómeno: el deterioro financiero progresivo de empresas que hasta hace poco eran actores relevantes dentro de la cadena cárnica.
Lejos de tratarse de situaciones aisladas, los dos casos reflejan una combinación de factores que empiezan a repetirse: caída del financiamiento, aumento de costos, problemas de escala productiva, conflictos con acreedores y un contexto macroeconómico que dificulta sostener operaciones intensivas en capital y volumen.
Una crisis que escala desde la caja hacia la producción
El caso del Frigorífico General Pico, ligado históricamente al origen de la marca Paty, representa uno de los ejemplos más contundentes del deterioro. La empresa formalizó su ingreso en concurso preventivo tras fracasar en su intento de encontrar una salida privada que le permitiera reestructurar su deuda sin intervención judicial.
Los números que acompañan esa decisión son elocuentes. La firma acumula más de $40.000 millones en compromisos, entre 1.152 cheques rechazados —por más de $15.800 millones— y una deuda bancaria cercana a los $24.300 millones, según registros del Banco Central de la República Argentina. A ese pasivo se suman obligaciones comerciales, laborales y financieras que profundizan el rojo.
Pero más allá del volumen de deuda, lo que define el cuadro es la dinámica del deterioro. No se trató de un colapso repentino, sino de un proceso que comenzó en la caja y terminó impactando de lleno en la operación. La falta de capital de trabajo, la imposibilidad de acceder a nuevas líneas de crédito y la presión de acreedores fueron reduciendo el margen de maniobra hasta paralizar la actividad.
En ese contexto, la empresa pasó de faenar unas 600 cabezas diarias —con proyecciones de crecimiento a 800— a niveles cercanos a apenas 50 animales por día. Una caída de esa magnitud no solo implica una reducción de ingresos, sino que vuelve inviable sostener una estructura industrial de gran escala, donde los costos fijos requieren volumen constante para diluirse.
El impacto laboral fue inmediato. Suspensiones masivas, reducción de turnos y el despido de unos 200 trabajadores marcaron el tramo final antes del concurso. Otros empleados quedaron atrapados en la incertidumbre sobre salarios adeudados, aportes previsionales y continuidad laboral.
Tensiones internas y un rescate fallido
Uno de los elementos distintivos del caso General Pico es que la crisis no solo se explica por variables económicas, sino también por conflictos internos. La empresa señaló directamente a un grupo financiero que, al mismo tiempo, actuaba como accionista y acreedor, acusándolo de haber bloqueado alternativas de rescate.
Según la conducción, ese actor priorizó la recuperación de su crédito por sobre la continuidad operativa, frustrando distintas propuestas que incluían esquemas de explotación de la planta, ofertas de compra e incluso un modelo de leasing valuado en unos 40 millones de dólares a ocho años.
La caída de esas negociaciones terminó por cerrar el camino a una solución privada y aceleró el ingreso al concurso preventivo. En ese sentido, el expediente judicial aparece no como una estrategia de reorganización planificada, sino como una instancia forzada ante la falta de acuerdos.
A pesar del deterioro, la empresa insiste en que aún conserva activos valiosos. Plantas habilitadas para exportación, inversiones recientes y capacidad instalada forman parte del capital que busca preservar mediante el concurso.
El foco está puesto especialmente en la planta de Trenel, considerada el núcleo productivo con mayor potencial de recuperación. La estrategia apunta a evitar una liquidación desordenada y ganar tiempo para una eventual reactivación, ya sea bajo la misma gestión o mediante la participación de terceros.
Este punto resulta clave para entender la lógica del proceso: más allá de la deuda, el verdadero activo en disputa es la infraestructura productiva, en un negocio donde las habilitaciones sanitarias y la escala industrial son barreras de entrada significativas.
La Taba: de la expansión a la quiebra
En paralelo, el caso del frigorífico La Taba muestra una versión aún más avanzada de la crisis: el pasaje directo del concurso a la quiebra. La empresa, con planta en Cruz del Eje, no logró sostener el proceso iniciado en 2025 y terminó reconociendo su imposibilidad de presentar una propuesta a los acreedores.
La Justicia decretó entonces la quiebra bajo la figura de “quiebra indirecta”, prevista cuando un concurso preventivo fracasa antes de alcanzar un acuerdo. La situación expone un deterioro financiero extremo: una deuda superior a los $3.540 millones, 1.283 cheques rechazados y la calificación más baja del sistema crediticio.
Al igual que en el caso pampeano, el impacto social es inmediato. Unos 50 trabajadores quedaron afectados directamente, en una localidad donde la planta tenía un peso significativo en la economía local.
La intervención judicial busca ahora preservar los activos y explorar una eventual reactivación. Para ello, se convocó a sindicatos, autoridades provinciales y municipales a colaborar en la búsqueda de alternativas que permitan recuperar la actividad.
Uno de los aspectos más llamativos del caso La Taba es el contraste entre su presente y las expectativas recientes. Menos de tres años atrás, la empresa había anunciado junto al entonces gobernador Juan Schiaretti un proyecto de inversión por $98 millones para producir harina de hueso y grasa refinada en Bañado de Soto.
La iniciativa incluía la creación de 75 puestos de trabajo, pero nunca se concretó. Ese antecedente refuerza la idea de que el deterioro no siempre es visible en tiempo real, y que muchas empresas continúan proyectando crecimiento aun cuando su situación financiera comienza a debilitarse.
Un patrón que se repite
Aunque diferentes en escala —uno con más de $40.000 millones de deuda y otro con más de $3.500 millones—, ambos casos comparten elementos estructurales. En primer lugar, la pérdida de financiamiento como factor desencadenante. En segundo lugar, la caída del volumen productivo, que en la industria frigorífica resulta crítica para sostener márgenes.
También aparece como denominador común la acumulación de cheques rechazados, un indicador clásico de estrés financiero en Argentina, y la creciente dificultad para cumplir con obligaciones corrientes.
A esto se suma un contexto macroeconómico complejo, donde la volatilidad de costos, las restricciones al crédito y la presión impositiva afectan especialmente a industrias con alto nivel de capitalización y fuerte dependencia del flujo de caja.
La simultaneidad de estos casos empieza a configurar una señal de alerta para toda la cadena cárnica. Si bien Argentina mantiene una posición relevante como productor y exportador de carne, el funcionamiento interno del sector muestra tensiones crecientes.
La salida de segmentos como el kosher en General Pico o la paralización total en La Taba reflejan que el problema no se limita al mercado interno, sino que también impacta en operaciones vinculadas a la exportación.
Además, la pérdida de escala productiva en plantas medianas y grandes puede tener efectos en cadena, afectando proveedores, transportistas y economías regionales.
Un futuro abierto entre la reactivación y la liquidación
El desenlace de ambos procesos todavía está abierto. En el caso de General Pico, el concurso preventivo abre una ventana para renegociar deudas y buscar nuevos inversores. En La Taba, la quiebra implica un escenario más complejo, aunque no descarta una eventual reactivación bajo otra estructura.
En ambos casos, el factor decisivo será la capacidad de preservar el valor industrial. Si las plantas logran mantenerse operativas o ser reactivadas, existe margen para recuperar parte del empleo y la actividad. Si, en cambio, el proceso deriva en liquidaciones, el impacto será mucho más profundo y duradero.
Lo cierto es que, más allá de los nombres propios, estos episodios marcan el inicio visible de una crisis que venía gestándose en silencio. Y que ahora, con números concretos y plantas paralizadas, empieza a emerger con fuerza en uno de los sectores históricos de la economía argentina.
Fuente: Medios nacionales con aportes de Redacción +P.
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