Efecto dominó en la industria láctea: otra empresa suma deudas y está al borde del cierre
La histórica planta La Suipachense, con 75 años de trayectoria, atraviesa atrasos salariales, deudas millonarias y caída de producción. La industria en crisis.
La industria láctea La Suipachense, emblema de la localidad bonaerense de Suipacha desde hace más de 75 años, atraviesa por una de las crisis más profundas desde su fundación. El lunes, en un escenario cargado de tensión, se realizó una reunión clave entre dirigentes de la Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera de la República Argentina (Atilra) y representantes de la empresa en la delegación regional del Ministerio de Trabajo. El encuentro buscó encauzar un conflicto que hoy pone en riesgo el futuro de los 140 empleados que, ante la incertidumbre y los salarios impagos, decidieron tomar el control de la fábrica hace varias semanas. A este contexto se suma la Cooperativa SanCor que está a punto de quebrar.
Mientras en el interior de la oficina ministerial se intercambiaban posturas y reproches, en las calles de Suipacha —una ciudad de poco más de 12.000 habitantes— resonaban los bombos y redoblantes de los trabajadores que se manifestaban en apoyo a sus compañeros. El clima, según testigos, fue de “nerviosismo e impotencia”, con la sensación compartida de que el destino de la planta podría definirse en cuestión de días.
La historia reciente de La Suipachense es un espejo de las turbulencias que afectan a buena parte de la industria láctea argentina: caída en el consumo interno, aumento sostenido de los costos y dificultades financieras crónicas. Sin embargo, en este caso, los problemas parecen tener raíces más profundas.
De acuerdo con fuentes gremiales, la planta arrastra millonarias deudas con proveedores y mantiene salarios impagos desde julio. “Los trabajadores cuando no se les paga tienen derecho a no trabajar”, remarcaron desde Atilra, que asegura que la empresa venía abonando sueldos de forma irregular hasta que en las últimas semanas la situación se volvió insostenible.
El deterioro de la producción es otro síntoma claro de la crisis: de los 250.000 litros diarios que procesaba en sus mejores tiempos, pasó a 180.000 litros apenas un mes atrás y hoy apenas logra mantener 40.000 litros, con un margen operativo que los propios trabajadores consideran “inviable”.
Según cálculos extraoficiales, la planta requiere alrededor de $ 2.800 millones mensuales para operar con normalidad, pero actualmente recauda apenas $ 500 millones. “Con eso, o le pagan a la gente o le pagan a los productores”, repiten los delegados gremiales.
La postura empresarial: “toma forzada” y promesas de inversión
Desde la compañía, de capitales venezolanos bajo la razón social Maralac, la lectura es muy distinta. Carlos Fernández, delegado del grupo empresario, calificó la situación como “una toma forzada y muy perjudicial”. Según sus palabras, algunos trabajadores, con apoyo sindical, “se apropiaron de las operaciones comerciales, financieras y logísticas usurpando la planta y contraviniendo la dirección de la empresa”.
El ejecutivo aseguró que los gerentes fueron amenazados y que la intervención gremial es la verdadera causa de la caída en la producción. “Lo que hicieron es desproporcionado, con mucha impunidad. Es una anarquía”, sostuvo, al tiempo que pidió que se respete la estructura corporativa.
No obstante, en paralelo, los dueños han prometido una inversión de 3 millones de dólares para intentar sostener la operación. El anuncio, lejos de traer calma, generó aún más desconfianza entre los empleados, ya que el plan contempla una drástica reducción de personal, algo que el sindicato considera inaceptable.
Despidos y resistencia gremial
El conflicto se intensificó en los últimos días con el despido de nueve trabajadores, una decisión que encendió las alarmas en el sindicato. Cristian Frenoglio, secretario de Atilra, lo expresó con crudeza: “Sabemos que si aceptamos los nueve despidos, luego seguirán por más compañeros. O entramos todos o quedamos todos afuera”.
La frase resonó fuerte entre los empleados, que redoblaron la presión en las calles y en las mesas de negociación. El gremio insiste en que su objetivo es sostener la operación de la planta con los recursos disponibles, aunque reconocen que “esto tiene un final complicado a muy corto plazo”.
El caso de La Suipachense golpea con fuerza en Suipacha, una localidad cuya identidad está ligada a la fábrica desde su fundación en 1947, cuando nació como una cooperativa de productores lecheros. En 1961, la empresa dio un salto clave al iniciar la industrialización de la leche, consolidándose como un motor económico y social de la región.
Décadas más tarde, la cooperativa se asoció con el grupo chileno Lácteos Conosur SA, que aportó capital pero no logró hacer rentable la operación. La venta en 2015 a Maralac, con capitales venezolanos, abrió un nuevo capítulo. En aquel entonces, la planta estaba “sin deudas y en plena producción”. Hoy, apenas diez años después, la foto es radicalmente distinta.
Intentos de diversificación, como la alianza frustrada con Vicentin para incursionar en alimentos refrigerados, se diluyeron en medio de crisis externas. El deterioro se aceleró hasta desembocar en el escenario actual, que muchos en la ciudad describen como un “vaciamiento empresarial”.
El fantasma del cierre
A las deudas y los sueldos impagos se suman otros riesgos inmediatos: el posible corte de electricidad y gas natural por falta de pago. La pérdida de estos servicios básicos implicaría la paralización total de la planta y la salida de los trabajadores a las calles en protesta.
En este marco, el rumor de un cierre inminente —que circuló con fuerza la semana pasada— se convirtió en un fantasma difícil de conjurar. En una ciudad de 12.000 habitantes, la desaparición de una fuente de trabajo tan importante tendría un impacto social devastador.
La reunión del lunes en la delegación regional del Ministerio de Trabajo se desarrolló bajo un clima de tensión y expectativa. Los representantes de la empresa insistieron en que el conflicto fue “forzado” por el sindicato y reiteraron su promesa de inversión, aunque condicionada a un recorte de personal. Los delegados gremiales, por su parte, exigieron garantías de continuidad para los 140 trabajadores y el pago inmediato de los sueldos atrasados.
En las afueras, la manifestación de los empleados dio cuenta de la magnitud del conflicto: el pueblo entero se siente interpelado. La Suipachense no es solo una fábrica; es parte de la identidad de Suipacha.
Por ahora, el futuro de la planta pende de un hilo. La próxima reunión, aún sin fecha definida, será crucial para determinar si la historia de más de siete décadas puede encontrar un nuevo capítulo o si, por el contrario, quedará como un recuerdo doloroso en la memoria de la comunidad.
Fuente: La Razón de Chivilcoy, La Nación y Redacción +P.
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