Guerra silenciosa: quiénes saquean el Mar Argentino y cuál es el plan de Prefectura
Flotas extranjeras depredan el Mar Argentino mientras el Estado aplica multas récord. ¿Alcanzarán las nuevas herramientas para frenarlas?
La Prefectura Naval Argentina intensificó el monitoreo de la Zona Económica Exclusiva Argentina (ZEEA) en lo que va de 2026, con tres casos documentados de buques extranjeros que ingresaron sin autorización a aguas nacionales. El último en ser identificado fue el pesquero arrastrero español Playa de Galicia, cuya operatoria quedó registrada mediante el Sistema Guardacostas, la plataforma tecnológica que integra información satelital y datos electrónicos para detectar patrones de navegación irregulares.
El caso representa el tercer incidente del año y consolida una tendencia que las autoridades ya no están dispuestas a ignorar: la presión sistemática de flotas extranjeras sobre los recursos pesqueros del Atlántico Sur.
El Playa de Galicia bajo la lupa
El pesquero español arribó al área adyacente a la ZEEA el 13 de abril de 2026, cuando fue ubicado a 232 millas náuticas de Punta Redonda, provincia de Buenos Aires. Durante ocho días permaneció en ese sector bajo seguimiento estricto, hasta que el 21 de abril inició un desplazamiento hacia el sur que no interrumpió la vigilancia de las autoridades argentinas.
La situación escaló el 18 de mayo, cuando la Prefectura registró dos ingresos del buque en aguas argentinas. En la primera incursión navegó a 6 nudos; en la segunda, los registros marcaron apenas 4,5 nudos, velocidad plenamente compatible con maniobras de arrastre. El análisis técnico confirmó que el Playa de Galicia penetró aproximadamente 107 metros dentro del espacio marítimo nacional. En ningún momento el capitán estableció comunicación con los Centros de Gestión de Tráfico para justificar la baja velocidad por motivos de emergencia o fuerza mayor.
La Prefectura encuadró el episodio como una presunta infracción a la Ley Federal de Pesca N° 24.922, aplicando los criterios de la Disposición N° 20/2026 de la Subsecretaría de Recursos Acuáticos y Pesca, la normativa que desde febrero de este año transformó la detección electrónica en prueba suficiente para iniciar sumario.
Una normativa que cambió las reglas del juego
La Disposición 20/2026 fue la respuesta del Estado a una brecha histórica: hasta su entrada en vigencia, los ilícitos detectados por vía satelital no tenían el mismo peso probatorio que la captura en flagrancia, algo casi imposible de lograr en un frente marítimo de casi 700 kilómetros de extensión. La nueva norma estableció presunciones legales basadas en el comportamiento del buque e invirtió la carga de la prueba: es el capitán, el armador o el operador quien debe demostrar que no estaba pescando.
Semanas después de su entrada en vigor, Argentina aplicó la primera multa realmente significativa de su historia en la materia: $1.262 millones a un buque chino con bandera de Vanuatu, incluyendo costos operativos por $799.000. El monto marcó un quiebre respecto de las sanciones anteriores, que se limitaban a montos equivalentes al costo de unos pocos litros de gasoil.
La milla 201: una frontera bajo presión permanente
El Playa de Galicia opera habitualmente desde el Puerto de Montevideo como base logística, un patrón común entre los arrastreros extranjeros que trabajan en el Atlántico Sur. Su caso ilustra la dinámica estructural del problema: los buques se posicionan en la llamada milla 201, la franja inmediatamente exterior a la ZEE donde la pesca en alta mar es legal, y desde allí realizan incursiones hacia aguas argentinas.
La Prefectura estimó en diciembre de 2025 que más de 500 buques pesqueros extranjeros operaron en esa franja durante la zafra del calamar Illex argentinus, con un dominio abrumador de la flota china. De los 776 buques identificados en la zona, la mayoría correspondió a embarcaciones de China, seguidas por flotas de Taiwán, Corea del Sur, España y —como quinta fuerza en escena— buques con bandera de Vanuatu que encubren capitales chinos: a principios de 2025 se determinó la propiedad china de al menos 10 embarcaciones registradas bajo ese pabellón.
Un daño que se mide en cientos de millones
El impacto económico de la pesca ilegal sobre la Argentina se estima entre USD 600 millones y USD 1.000 millones anuales, entre el 30% y el 50% de lo que el país exporta en productos del mar. Entre 2019 y 2024, la actividad pesquera intensiva en la milla 201 creció un 65%, incrementando la presión sobre especies migratorias clave como el calamar y la merluza Hubbsi.
Las pérdidas no son solo de divisas: también se traducen en menor empleo en puertos patagónicos, caída en la actividad de la industria frigorífica y naval, y degradación sostenida del ecosistema marino del Atlántico Sur.
El marco internacional se fortalece
En paralelo a las medidas domésticas, Argentina avanza en el plano multilateral. En marzo de 2026, el Senado otorgó media sanción al Acuerdo sobre Medidas del Estado Rector del Puerto (AMERP), impulsado por la FAO, con 68 votos afirmativos.
El instrumento busca impedir que productos provenientes de pesca ilegal ingresen al circuito comercial formal. Y el 17 de enero de 2026 entró en vigor el Tratado de Alta Mar, el primer acuerdo internacional jurídicamente vinculante para la protección de la biodiversidad en aguas fuera de las jurisdicciones nacionales.
El caso del Playa de Galicia no es un episodio aislado. Es la fotografía de un conflicto de recursos que se libra, en silencio, en las aguas del Atlántico Sur.
FUENTE: Argentports con aportes de Redacción +P
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