Bodega Norton, cada vez más complicada: imputaron a directivos por una presunta estafa de $1.000 millones
La Fiscalía de Delitos Económicos imputó a tres integrantes de la bodega y a un representante de Acindar Pymes SGR por una presunta maniobra contra la Cooperativa San Carlos.
La crisis financiera de Bodega Norton sumó este miércoles un nuevo capítulo judicial de fuerte impacto para la vitivinicultura mendocina. La Fiscalía de Delitos Económicos e Informáticos de Mendoza imputó a tres integrantes de la bodega y a un representante de Acindar Pymes SGR por una presunta maniobra de defraudación contra la Cooperativa Vitivinícola San Carlos Sud, en una operación vinculada con la compra de vino y la posterior emisión de cheques por unos $955 millones.
La decisión fue adoptada por el fiscal Alejandro Iturbide, quien consideró que los hechos investigados podrían constituir, en principio, el delito de defraudación por suscripción engañosa de documento, contemplado en el artículo 173, inciso 3°, del Código Penal. La imputación alcanza a David Bonomi, Martín Shulz y Lorena Sánchez, de Bodega Norton, como presuntos coautores, y a Carlos Moyano, representante de Acindar Pymes, señalado como partícipe primario.
El conflicto se originó en una operación comercial que, en principio, fue lícita. Durante 2024, la Cooperativa San Carlos vendió a Bodega Norton 375.000 litros de vino Malbec y 45.000 litros de Cabernet por un valor total de $503.250.000.
Para financiar la operación, las partes acordaron recurrir a un préstamo del Banco Santander Río. La cooperativa tomó el crédito, mientras que Norton asumió el compromiso de cancelar la obligación mediante una cesión de deuda. En la documentación bancaria, además, se estableció una cuenta de la bodega para efectuar los débitos correspondientes.
Acindar Pymes SGR intervino como garante del préstamo. Si Norton no cumplía con los pagos, la sociedad de garantía debía responder frente al banco con su propio capital. Paralelamente, la cooperativa cedió a Acindar la factura correspondiente a la venta del vino, de modo que la SGR pudiera reclamar el cobro directamente a Norton y subrogarse en los derechos del Banco Santander.
La obligación de Norton venció el 9 de septiembre de 2025, pero el pago no se concretó. Según la reconstrucción de la Fiscalía, el 21 de octubre la cooperativa tomó conocimiento de que Acindar había cancelado el préstamo con el Banco Santander. A partir de allí surgió una disputa respecto de quién debía asumir definitivamente la deuda.
La Cooperativa San Carlos entendía que, debido al vencimiento de los plazos establecidos para las cesiones de crédito, Acindar había perdido la posibilidad de trasladarle la responsabilidad. La SGR, en cambio, sostenía que la cooperativa era deudora solidaria, lisa, llana y principal pagadora frente al banco.
Los cheques, el punto central de la investigación
El eje de la causa penal está puesto en lo ocurrido durante los días previos al ingreso de Bodega Norton al concurso preventivo.
La Fiscalía sostiene que el directorio de Norton decidió avanzar con la presentación en concurso de acreedores el 21 de octubre de 2025. La solicitud judicial se concretó el 31 de octubre, mientras que la propia empresa estableció como fecha de inicio de su cesación de pagos el 17 de septiembre.
Pese a ese escenario, entre el 21 y el 30 de octubre continuaron las negociaciones entre Norton, Acindar y la Cooperativa San Carlos para renegociar la deuda generada por la compra del vino. Según la investigación, el acuerdo contempló la emisión de seis cheques por un total de $955 millones.
Los documentos fueron confeccionados el 29 de octubre, apenas un día antes de que Norton se presentara formalmente en concurso preventivo. Sin embargo, los cheques no fueron emitidos directamente a nombre de Acindar. Fueron confeccionados a nombre de la Cooperativa San Carlos, que debía endosarlos para entregarlos posteriormente a Acindar o a quien esta entidad indicara.
Para el Ministerio Público Fiscal, ese mecanismo constituye un elemento central de la presunta maniobra. La hipótesis sostiene que la incorporación de la cooperativa como endosante habría generado una nueva obligación patrimonial para la entidad, otorgándole a Acindar una posición crediticia más favorable justo antes del concurso de Norton.
La Fiscalía entiende que la cooperativa habría sido incorporada a esa nueva relación obligacional mediante un engaño y sin obtener un beneficio equivalente. Los elementos reunidos hasta el momento, según la resolución, permitirían inferir con el grado de probabilidad propio de esta etapa una actuación coordinada entre integrantes de Norton y Acindar.
Un reclamo que terminó en la Justicia
La emisión de los cheques derivó posteriormente en un reclamo judicial de Acindar contra la Cooperativa San Carlos. La causa mencionada por el Ministerio Público Fiscal es “Acindar Pymes SGR c/ Cooperativa Vitivinícola San Carlos Sud Ltda. s/ Ejecutivo”, que tramita ante la Justicia Comercial nacional.
Este expediente resulta clave para la investigación penal porque, según la Fiscalía, el perjuicio no se limita a la eventual falta de fondos para cobrar los cheques. También se analiza la nueva posición financiera y judicial en la que habría quedado la cooperativa después de asumir el rol de endosante.
El fiscal Iturbide consideró que ese perjuicio podría observarse en la existencia del juicio ejecutivo, las restricciones que genera para la cooperativa y las eventuales consecuencias sobre su situación financiera frente al Banco Central.
Así, una operación comercial iniciada con la venta de vino terminó convirtiéndose en un conflicto que ahora suma una investigación penal, imputaciones y un reclamo millonario. Para Bodega Norton, que atraviesa una delicada situación financiera y un proceso concursal, el nuevo frente judicial agrega presión a una crisis que ya impacta de lleno en una de las empresas tradicionales de la vitivinicultura mendocina.
La palabra de la empresa
El directorio de Bodega Norton rechazó “cualquier interpretación” que le atribuya un beneficio indebido o una conducta irregular, luego de que se conociera que la Fiscalía de Delitos Económicos e Informáticos de Mendoza imputó a tres de sus directivos por una presunta maniobra con cheques vinculada a una operación comercial cerrada en 2024 con la Cooperativa San Carlos.
La empresa aclaró que ni ella ni sus colaboradores fueron notificados de la causa y que, según afirmó, ni siquiera conocían su existencia. También expresó su confianza en que la Justicia determine que no hubo un accionar contrario a derecho. En el mismo comunicado buscó despejar dudas sobre su situación financiera: aseguró que el proceso de reorganización avanza “a buen ritmo” y que mantiene relaciones comerciales con la mayoría de sus proveedores históricos.
La compañía manifestó que desea “transmitir tranquilidad a nuestros clientes, proveedores, distribuidores y consumidores sobre el futuro de Bodega Norton como una de las bodegas líderes de Argentina”.
FUENTE: Infocampo, Bodega Norton y aportes de Redacción +P.
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