La Justicia frenó los despidos en el INTA y multa al Gobierno con $10 millones por día

El conflicto en torno al Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) sumó un nuevo capítulo en la Justicia. La jueza federal Martina Isabel Forns, a cargo del Juzgado Federal en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo de San Martín, suspendió el pase a disponibilidad de cientos de trabajadores del organismo y advirtió al Poder Ejecutivo que deberá abonar una multa de 10 millones de pesos diarios en caso de no acatar la medida.

El fallo llega en un contexto de alta tensión institucional: el decreto 462/2025, impulsado por el Gobierno nacional, buscaba transformar al INTA en un organismo desconcentrado dentro de la Secretaría de Agricultura, lo que implicaba la pérdida de su histórica autarquía. Sin embargo, además de haber sido rechazado en el Congreso, la Justicia ya había ordenado que no se aplicaran cambios hasta tanto se resolviera la cuestión de fondo.

La medida judicial

La resolución de Forns responde a un nuevo planteo de la Asociación del Personal del INTA (APINTA), que denunció la decisión del Ejecutivo de avanzar con el pase a disponibilidad de unos 300 trabajadores, pese a que existía una cautelar vigente que lo prohibía expresamente.

En su fallo, la magistrada recordó que el Estado debía “abstenerse de ejecutar cualquier acto administrativo que derive de la aplicación del decreto N° 462/2025, arts. 59 a 69, incluyendo reubicaciones, traslados, cesantías, suspensiones, pases a disponibilidad de personal o supresión de estructuras vinculadas al INTA”. No obstante, el Gobierno siguió adelante con los movimientos de personal, lo que para la Justicia constituye una “desobediencia” a la orden judicial.

La notificación enviada al organismo, a la que este medio tuvo acceso, fue contundente: “Atento a ello, corresponde intimar al inmediato cumplimiento de la misma, bajo apercibimiento de imponer sanciones conminatorias de pesos $ 10 millones diarios a favor del titular del derecho, las que podrán ser dejadas sin efecto o ser objeto de reajuste, si desiste de su resistencia y justifica total o parcialmente su proceder”.

Riesgo de sanciones penales

La advertencia de Forns no se limitó a lo económico. En el mismo documento, la jueza subrayó que, de persistir la desobediencia, podría disponer la remisión de copias a la Justicia Federal Penal “para la averiguación de la posible comisión del delito de desobediencia”. Este punto eleva el conflicto a un nivel más grave, ya que abre la puerta a eventuales responsabilidades personales de funcionarios involucrados.

El decreto 462/2025 había sido una de las apuestas más fuertes del Gobierno en materia de reforma del sector público. Con él, se buscaba limitar el margen de autonomía del INTA, un organismo con más de 65 años de trayectoria y presencia en todo el territorio nacional, reconocido por su aporte a la investigación y la innovación agropecuaria.

La resistencia surgió rápidamente desde distintos sectores: gremios, investigadores, legisladores de la oposición e incluso referentes del oficialismo manifestaron reparos ante la medida. El rechazo en el Congreso dejó sin sustento político al decreto, pero el Ejecutivo intentó avanzar de todas maneras con cambios internos.

Para los trabajadores del INTA, la decisión oficial significaba no solo una pérdida de derechos laborales, sino también un debilitamiento de la capacidad científica y técnica de la institución. “Defendemos al INTA porque defendemos la soberanía tecnológica y productiva del país”, señaló en reiteradas oportunidades APINTA, sindicato que fue el primero en llevar la disputa a los tribunales.

Un escenario abierto

La resolución judicial marca un freno significativo a las intenciones del Gobierno, aunque el conflicto dista de estar cerrado. Si el Poder Ejecutivo insiste en desconocer el fallo, no solo deberá afrontar una multa diaria multimillonaria, sino que podría exponerse a un proceso penal por desobediencia.

En paralelo, el futuro del INTA sigue en debate. Mientras el Ejecutivo insiste en la necesidad de “modernizar” el organismo, los trabajadores y la oposición sostienen que detrás de esa idea se esconde un intento de desmantelamiento de la investigación pública en el agro.

Lo cierto es que, por ahora, el Poder Judicial se ha convertido en el principal dique de contención frente a los intentos de reformar el organismo. Y con la advertencia de Forns, el Gobierno enfrenta un dilema: retroceder en sus medidas o afrontar una sanción económica y judicial que podría escalar rápidamente.

Fuente: Redacción +P.