Qué significa estar en "disponibilidad": la situación de 343 empleados estatales

En medio de una creciente tensión entre el Poder Ejecutivo, el Congreso y los gremios estatales, el Gobierno nacional formalizó este viernes la puesta en “situación de disponibilidad” de casi 300 empleados de la planta permanente pertenecientes a distintos organismos del sector agroindustrial, en el marco del plan de reestructuración de entes públicos que impulsa la administración de Javier Milei.

La medida, publicada en el Boletín Oficial a través de la resolución 1240/2025 del Ministerio de Economía, afecta a trabajadores del exInstituto Nacional de Semillas (Inase), del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) y del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). La decisión llega apenas un día después de que el Senado frenara el decreto que reorganiza dichos organismos y de que la Justicia hiciera lugar a un amparo presentado por gremios estatales.

Según lo informado por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), el número total de empleados alcanzados asciende a 343: 286 del INTA, 49 del INV y 8 del exInase. Sin embargo, la resolución oficial no detalla el número exacto en sus anexos, donde figura el listado nominal del personal alcanzado.

Fundamentos de la medida

La cartera que conduce Luis “Toto” Caputo fundamentó la decisión en el decreto 462/2025, firmado el pasado 7 de julio, que declaró la emergencia pública en distintas materias y otorgó al Ejecutivo facultades para reducir la estructura estatal y mejorar su funcionamiento. En esa normativa se dispuso la disolución del Inase, la transformación del INV en una unidad organizativa dentro de la Secretaría de Agricultura y la modificación del estatus jurídico del INTA, que dejó de ser un organismo descentralizado para convertirse en un ente desconcentrado bajo la órbita de la cartera agrícola.

Posteriormente, el decreto 585/2025 del 14 de agosto incorporó al INV y a la Dirección Nacional de Semillas como unidades de primer nivel operativo dependientes de Agricultura, aprobando al mismo tiempo las estructuras organizativas de segundo nivel.

En ese marco, Economía señaló que la “situación de disponibilidad” es un régimen previsto en la ley 25.164 y en el decreto 1421/2002, reglamentado por la Resolución 1/2024 de la Secretaría de Transformación del Estado y Función Pública. Dicho régimen establece que los trabajadores de planta permanente afectados por reestructuraciones o supresión de funciones pueden permanecer en disponibilidad por un plazo máximo de 12 meses.

“El área competente de Recursos Humanos de la Subsecretaría de Gestión Administrativa de Producción de la Secretaría Legal y Administrativa del Ministerio de Economía ha tomado la intervención correspondiente. El Servicio Jurídico Permanente del Ministerio de Economía ha emitido dictamen en el ámbito de sus competencias”, se señala en el texto oficial que lleva la firma de Caputo.

El trasfondo político

La publicación de la resolución ocurre en un clima de fuerte resistencia política y sindical. El Senado había aprobado este jueves una resolución que frena el decreto 462/2025, al considerar que excede las facultades delegadas por el Congreso y que implica una intromisión del Ejecutivo sobre organismos con marcos regulatorios específicos. En paralelo, un juzgado federal hizo lugar a un amparo presentado por gremios estatales, que denunciaron despidos encubiertos y afectación de derechos adquiridos de los trabajadores de planta permanente.

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Desde la oposición parlamentaria se cuestionó el avance del Gobierno sobre organismos de larga trayectoria, mientras que dirigentes gremiales denunciaron que la “disponibilidad” es en la práctica un paso previo al despido masivo de personal con estabilidad.

En contraste, desde la Casa Rosada se insiste en que la Administración Pública Nacional arrastra un “sobredimensionamiento” y una “estructura excesivamente onerosa” que resulta incompatible con el objetivo de equilibrio fiscal. El ministro Caputo defendió en reiteradas oportunidades la necesidad de “racionalizar” el gasto público y reordenar funciones, especialmente en áreas técnicas y científicas, con el fin de evitar superposiciones y optimizar recursos.

Consecuencias para los trabajadores

Los empleados en “disponibilidad” conservarán su sueldo y beneficios durante un máximo de 12 meses, período en el cual la administración deberá decidir si son reubicados en otras áreas del Estado o si finalmente se extingue su vínculo laboral. Para los sindicatos, esto equivale a un proceso de incertidumbre laboral que afecta no solo a los trabajadores sino también al normal funcionamiento de los organismos.

“Estamos ante un ataque directo a la estabilidad laboral de compañeros que tienen más de 10, 15 o 20 años de servicio. El Gobierno busca disfrazar despidos bajo el eufemismo de disponibilidad”, señalaron desde ATE en un comunicado.

En el INTA, por ejemplo, la medida impacta en áreas estratégicas vinculadas a la investigación agropecuaria, transferencia tecnológica y asistencia a pequeños y medianos productores. En el caso del INV, su rol en la certificación de calidad y exportación de vinos también se vería afectado por la reducción de personal.

Un conflicto en desarrollo

Con la resolución 1240/2025, el Ejecutivo envía una señal de que seguirá adelante con el rediseño institucional de organismos estatales, pese a los cuestionamientos judiciales y legislativos. El conflicto promete escalar en las próximas semanas: los gremios anticiparon medidas de fuerza y el Congreso podría insistir en limitar las facultades delegadas al Ejecutivo.

Mientras tanto, los 343 trabajadores alcanzados por la medida permanecen en un limbo administrativo, a la espera de definiciones sobre su futuro laboral. Para el Gobierno, se trata de un paso necesario en la modernización del Estado; para los sindicatos y la oposición, una avanzada que erosiona derechos adquiridos y debilita áreas clave de la gestión pública.

Fuente: Redacción +P.