Comenzó la batalla legal por la pérdida de los 1.300 contenedores de cerezas chilenas
Las empresas navieras ya movieron las primeras fichas en esta batalla legal. Muchos interrogantes todavía quedan pendientes de aclarar.
La batalla legal por los más de 1.300 contenedores de cerezas chilenas que se echaron a perder durante su transporte marítimo ha comenzado. Lo que prometía ser una exportación exitosa terminó en desastre cuando el buque portacontenedores Maersk Saltoro sufrió la avería de uno de sus motores en un remoto punto de la Micronesia. El barco, que había zarpado del puerto de San Antonio (Chile) el 27 de diciembre de 2024, llegó finalmente al puerto chino de Nansha el 17 de febrero de 2025, con toda la carga en estado de descomposición y declarada “no apta para el consumo humano” por las autoridades sanitarias chinas. Las pérdidas totales se estiman en unos 130 millones de dólares.
La compleja logística de la exportación de frutas frescas a mercados lejanos requiere precisión y cumplimiento de estrictos tiempos de entrega, algo que en este caso falló rotundamente. El retraso en la llegada de la carga y su posterior retención por casi un mes en el puerto chino agravaron el problema, llevando a la pérdida total de las cerezas y a la actual batalla judicial.
La primera jugada legal: limitar la responsabilidad
Mientras los exportadores chilenos aguardaban respuestas sobre el futuro de su mercadería perdida, las empresas vinculadas al transporte se adelantaron con una estrategia legal para reducir su responsabilidad financiera. El 28 de febrero, los representantes legales de Maersk, Sinergy Marine y Argosy —porteador, armador y propietario del buque Maersk Saltoro, respectivamente— presentaron una solicitud ante el Juzgado Civil de Valparaíso para la constitución de un fondo de limitación de responsabilidad. En el escrito, las compañías pidieron fijar un tope monetario de 16,4 millones de dólares sobre las pérdidas totales, esgrimiendo la legislación chilena que permite limitar la responsabilidad en función del tonelaje del buque.
De ser aceptado este planteo por la Justicia, las empresas involucradas solo responderían por aproximadamente el 12% del total de las pérdidas sufridas por los exportadores. Esta movida legal ha generado gran preocupación entre los productores y exportadores chilenos, quienes consideran que esta maniobra busca eludir el pago de indemnizaciones justas por el incumplimiento del contrato de transporte.
Opinión de los expertos: una batalla legal compleja
El abogado Rafael Durán, socio de Legal Export Abogados y representante de varios exportadores afectados, explicó al portal especializado Mundo Marítimo, que esta estrategia de las empresas navieras era previsible, aunque el verdadero problema radica en si el tribunal acepta la solicitud. “Lo preocupante es que si se concede la limitación, los responsables de la nave solo se harían cargo de una fracción mínima de las pérdidas reales”, advirtió.
Por su parte, Joaquín Valdivia, abogado de Transportes y Seguros en el estudio jurídico Araya & Cía, subrayó a Mundo Marítimo que la intención de la naviera es blindarse contra eventuales demandas individuales y colectivas. “Al limitar su responsabilidad a poco más de 15.000 millones de pesos chilenos, calculados en base al tonelaje bruto del buque, la empresa busca protegerse frente a las legítimas reclamaciones por incumplimientos contractuales y daños económicos”, explicó.
Además, Valdivia señaló que esta maniobra suspende automáticamente cualquier intento de cobro individual por parte de los afectados. “Esta acción amenaza con dejar a muchos exportadores en una posición de vulnerabilidad, ya que implica la suspensión de ejecuciones individuales y arraigos, además de congelar cualquier intento de cobro fuera del procedimiento ya iniciado ante el 5° Juzgado Civil de Valparaíso”, advirtió.
El experto también alertó sobre las posibles repercusiones a largo plazo para el comercio exterior chileno. “Si esta estrategia legal prospera, podría sentar un precedente peligroso en la industria del transporte marítimo, debilitando la capacidad de los exportadores chilenos para exigir responsabilidades claras a las navieras en casos similares”, explicó.
Los próximos pasos: notificación e impugnaciones
Con el proceso judicial formalmente iniciado, la próxima etapa es la notificación a los exportadores, consignatarios y aseguradoras afectadas. Estos actores tendrán la oportunidad de presentar impugnaciones ante el tribunal chileno, alegando que la causa del incidente se debió a negligencia grave por parte de los responsables del buque. Para ello, deberán aportar pruebas contundentes que demuestren que el problema mecánico del Maersk Saltoro era previsible y que la empresa no tomó las medidas necesarias para evitarlo.
Uno de los elementos clave en la estrategia de los exportadores será el informe técnico de la inspección realizada al motor del buque en Hong Kong, el cual está siendo patrocinado por varios afectados. Si se logra demostrar que la avería se debió a una falla mecánica prevenible o a un mantenimiento inadecuado, los exportadores podrían argumentar que la empresa naviera no tiene derecho a acogerse a la limitación de responsabilidad.
Manejo de la crisis: falta de información y tiempo perdido
Otro punto de controversia en este caso ha sido la gestión de la crisis por parte de las autoridades involucradas. Desde el momento en que se produjo la avería del Maersk Saltoro hasta la llegada del buque a China, hubo una notoria falta de información oficial. Exportadores y aseguradoras pasaron semanas sin recibir detalles claros sobre la situación del barco y la condición de la carga.
A esta falta de transparencia se sumó la demora en la inspección de la fruta en el puerto de Nansha. Durante más de dos semanas, los 1.300 contenedores estuvieron inmovilizados en las zonas de consolidación del puerto sin que nadie, salvo los funcionarios chinos, tuviera acceso a su contenido. Y a esto se le sumó que no hubo ninguna comunicación oficial en todo este período de tiempo. Un dato que llama poderosamente la atención. Esta demora fue determinante para la destrucción total de la fruta, ya que en caso de haber actuado con mayor rapidez, es probable que algunos lotes podrían haberse recuperado para su venta.
Conclusión: una batalla legal que apenas comienza
La disputa legal en torno a la pérdida de las cerezas chilenas apenas está en su etapa inicial, pero ya se perfila como un caso complejo que podría prolongarse durante meses o incluso años. La estrategia de las empresas navieras de limitar su responsabilidad ha generado indignación entre los exportadores, quienes ahora deben organizarse y presentar una defensa contundente para reclamar el total de las pérdidas sufridas.
Mientras tanto, el comercio exterior chileno sigue con atención este caso, ya que su desenlace podría sentar un precedente crucial en la relación entre exportadores y navieras. Más allá de los 130 millones de dólares en juego, lo que está en disputa es la capacidad del sector exportador chileno de exigir condiciones justas y seguras en el transporte de su mercadería a los mercados internacionales.
Aquellos 1.300 contenedores de cerezas que partieron de San Antonio el 27 de diciembre con destino a China han dado paso a una batalla judicial que podría redefinir las reglas del comercio marítimo en la región. Resta ver si los exportadores logran revertir la estrategia legal de Maersk y sus socios, o si finalmente la naviera consigue salir indemne de una de las mayores pérdidas en la historia de las exportaciones frutícolas de Chile.
Fuente: Redacción +P con aportes de Mundo Marítimo.
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