Fruticultura

Diputados y senadores respaldan cambios para que la fruticultura salga de la crisis

Diputados y senadores nacionales dieron su opinión sobre la crisis de la fruticultura. Exigen cambios, aunque no hay propuestas concretas en el Congreso.

Las acusas de la falta de rentabilidad en la fruticultura es un debate pendiente entre los actores políticos y económicos. Desde +P se buscó a los Legisladores nacionales (Diputados y Senadores), para que den su posición sobre como ven ellos este complejo escenario que afecta al sector, y que repercute con dureza principalmente en el primer eslabón productivo, que es el chacarero, que hoy tiene más dudas que certezas sobre -entre otros puntos- el precio que va a recibir por cada kilo de fruta que envíe a los galpones de empaque. Todos coincidieron, más allá de su extracción política, en la existencia de una “enorme” presión fiscal que deja a la fruta del Alto Valle casi sin chances de poder competir ante otros productores internacionales.

Fiel a su estilo, el más tajante en sus apreciaciones fue el exministro de Justicia en la gestión anterior y Diputado Nacional, Martín Soria: “El proceso de destrucción de la fruticultura es más rápido y violento que el de Mauricio Macri, porque Milei no es tan gradualista como Macri”. Y adelantó que presentó un proyecto de Ley para que se declare la “Emergencia Frutícola”, que ya ingresó por mesa de entradas y se registró con el número 7550-D-2024. Y agregó que “hasta los mismos actores están en este Gobierno, como 'Toto' Caputo, Sturzenegger, y hasta Bullrich”. En las últimas horas, en su cuenta de la red social X, aseguró que “la bicicleta financiera de Milei y Caputo está sepultando la producción y empleo de las provincias”.

La Senadora por el oficialismo provincial (Juntos Somos Río Negro), Mónica Silva, valoró la estabilización de la inflación y del resto de las variables macro económicas, por considerar que “es imperioso para establecer un orden”, pero a su criterio “es imprescindible atender las cuestiones microeconómicas, las economías regionales, que tanto aportan al PBI y son generadores de mano de obra y multiplicadoras de actividad”. Sentenció que “no todas las dificultades son por culpa del tipo de cambio. Hay cuestiones estratégicas de producción y también variables estructurales”, por eso consideró que se debería avanzar en “cambios” en la política tributaria, en las leyes laborales y en el sistema financiero para que los productores accedan con más facilidad al crédito.

El primero en responder a la convocatoria de este medio fue el Diputado Nacional, y exintendente de Cipolletti, Aníbal Tortoriello, quien llegó al Congreso por la boleta del PRO. A todos se los consultó sobre lo que implicaría el ingreso de manzanas desde Chile, a lo que el dirigente respondió: “Estoy de acuerdo que aún nuestra producción no está en condiciones de competir con la entrada de fruta chilena”, y agregó que “no podemos aun compararnos con Chile, qué tiene una economía estable y previsible de hace décadas, y sin la enorme presión impositiva que tiene aún nuestro país”.

Tortoriello, más afín por estos días a las ideas del Libertario Javier Milei, evaluó que “si bien el tipo de cambio que tenemos no es suficiente para que nuestros productores logren la ecuación qué necesitan, está claro que la estabilidad lograda en nuestra economía favorece la planificación de la actividad”. Agregó que “es uno de los objetivos del actual gobierno, para favorecer la competitividad de la fruticultura, es sin dudas la disminución de la presión impositiva”.

Agustín Domingo, también del partido provincial JSRN, también apuntó a la necesidad de una reforma laboral e impositiva “para ser competitivos en costos. Ahí está la clave”.

Lorena Villaverde, no solo es Diputada Nacional por La Libertad Avanza (LLA), sino que es activa armadora de la estructura partidaria en la provincia junto a Karina Milei y Martín Menen, presidente de la Cámara Baja. Al igual que sus pares, admitió que los impuestos y las cargas sociales dejan fuera de competencia a la fruta del Alto Valle, pero sumó los componentes provinciales que también afectarían la competitividad del sector. “La competitividad se encuentra condicionada por múltiples factores, entre los que se destacan la carga impositiva y el costo de la energía. Si bien el gobierno nacional ha manifestado su intención de implementar políticas que promuevan la competitividad, es fundamental que estas medidas se complementen con acciones a nivel provincial”, expresó en un escrito enviado a este medio.

Señaló que “el aumento desmedido de los impuestos a los ingresos brutos en algunas provincias, como el caso de Río Negro, encarece los costos de producción y desalienta la inversión”. A esto le sumó que el costo de la energía, y en ese sentido hizo notar que “la provincia duplicó el aumento que se dio a nivel nacional, pasando del puesto 8 en el ranking de precios de la electricidad, al puesto número 2. Somos la segunda provincia más cara del país en materia energética”. Reconoció que el ingreso de fruta de Chile “es consecuencia de un precio distorsionado que tiene la fruta local, todo ello gracias a la presión impositiva y el descalabro macroeconómico que heredamos del gobierno anterior”, y agregó que “cien años de desmanejos no se arreglan de un día para el otro”.

Mónica Silva, quien también fuera Ministra de Educación de Río Negro, reconoció que “los costos en la actividad frutícola del Valle de Río Negro y Neuquén siguen subiendo en dólares y no pueden ser trasladados a las góndolas en el exterior porque el importador y el consumidor, en destino, no los convalidan” y aseguró que una eventual devaluación, que permitiría al sector obtener más pesos por cada dólar exportado “no será la salvación si se tiene un stock tan grande de producto sin poder exportar”.

Por eso a su criterio, es necesario aplicar cambios en la política tributaria, para “disminuir sensiblemente la presión impositiva sobre la actividad e impulsar un progresivo blanqueo en el sector teniendo en cuenta que más del 50% de la cadena comercial de frutas en el país tiene algún tipo de irregularidad fiscal (subfacturación, elusión, evasión, etc.)”. También propuso que se efectúan cambios en las leyes laborales: “La actividad deberá contar con una modernización sobre sus contratos de trabajo, tal como ocurre en el resto de los países productores de frutas”.

Sobre el sistema financiero, aseguró que “el país necesita una reforma financiera, apuntando fundamentalmente a los costos que hoy tiene que soportar cualquier PYME que quiera acceder a un crédito. Sin capital de trabajo, la fruticultura regional no tiene posibilidad alguna para competir. Invertir en tecnología aumenta la productividad del sistema”. Por último destacó que “si se corrigen estas tres variables mencionadas, la incidencia del tipo de cambio seguramente pasaría a un segundo plano, ya que la competitividad estaría sustentada en las otras variables”.

En la respuesta de Villaverde a la convocatoria que les formuló +P a los Legisladores nacionales, llamó la atención una de las propuestas, porque aseguró que “es necesario contar con un marco regulatorio”, algo que entraría en conflicto con la idea de liberación de todas las variables económicas. La Diputada aseguró que esas regulaciones deberían contemplar el fomento de las inversiones y la innovación “reduciendo la carga impositiva y brindando mayor estabilidad económica”.

Por último hay que señalar que tres días después de que se le pidiera su punto de vista sobre el tema y se le asegurara un espacio, la Senadora Silvina García Larraburu, integrante del bloque Unidad Ciudadana, el partido que fundó Cristina Fernández, no envío comentario oposición alguna sobre la crisis frutícola.

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