La historia de un productor que pelea por salvar el sistema de riego
Asegura que sin inversión y compromiso, el riego no podrá sostenerse. Describe el día a día de un sistema presionado por deudas y falta de mantenimiento.
Roberto Andrenacchi tiene 67 años y una chacra de 15 hectáreas, de las cuales tiene 12 plantadas. Como todo productor de esa escala, debe arremangarse todos los días para hacer las labores cotidianas porque no hay margen para contratar empleados. Y, además de eso, aún le queda tiempo y energía para desempeñarse como dirigente: además de ser el presidente del consorcio de riego de Villa Regina (que abarca desde Godoy hasta Chichinales), es presidente del consorcio de riego del Alto Valle, la organización de segundo grado que agrupa a todos los consorcios ubicados entre el dique Ballester y la cola del canal.
Admite, en diálogo con +P, que la cobrabilidad del canon es el talón de Aquiles de los consorcios de riego. Este año, la caída de granizo sobre el Alto Valle golpeó doble: arrasó con la fruta y hundió la recaudación. “Estábamos acostumbrados a llegar al sesenta por ciento, a veces al ochenta”, dice Andrenacchi. Pero la presente temporada de riego, que culmina esta semana con el cierre de compuertas en el dique Ballester, “estamos un poquito abajo del 30 por ciento”, señala.
Las consecuencias son concretas: sin caja, es difícil el mantenimiento óptimo. Pero la mora no es homogénea. Hay grandes empresas que usan el sistema como línea de crédito informal: estiran los pagos durante meses, se ponen “casi al día” en agosto —cuando la temporada se acerca— y siguen debiendo el remanente. “Después, cuando se acerca el mes de agosto, vienen, preguntan lo que deben, se ponen casi al día y te quedan debiendo. Y así siguen tirando del consorcio”, describe. No hay distinción entre chico y grande: “Hay empresas grandes cumplidoras y son un ejemplo, y hay otras que no, que se aprovechan de las circunstancias”.
Bolsillos flacos
El riego cuesta entre 140.000 y 150.000 pesos por hectárea por año, abonado bimestralmente. Para una chacra de veinte hectáreas, son 470.000 pesos cada dos meses. “Es el insumo básico de la chacra y el más barato que hay”, dice. Y también el menos valorado. Hasta que en enero el agua no llega y la pera no crece, y entonces el productor que no pagó el canon aparece en la sede del consorcio a reclamar. Andrenacchi lo ha visto tantas veces que ya no se sorprende, pero tampoco se calla.
Cuando el diálogo no alcanza, el consorcio recurre a un mecanismo tan viejo como el sistema: el candado en la compuerta o, directamente, la soldadura. Pero Andrenacchi es cuidadoso en cómo lo presenta: “Se le habla tres veces al productor, se le busca la vuelta para que el productor se acerque. No es una decisión autoritaria”. La explicación tiene una lógica de fondo que él repite como un principio: “El productor tiene que entender que es la base fundamental del consorcio. Sin el productor, el consorcio no existe”.
El problema con los canales comuneros —aquellos que el propio productor debe limpiar— tiene la misma mecánica. “El productor se hace el distraído en muchos casos y no limpia. Recibe un apercibimiento y, bueno, después se enojan: algunos limpian, otros no; unos comprenden, otros no, y así sigue la historia”. Es una historia que Andrenacchi conoce de memoria, porque se repite cada año.
Y, sin embargo, cuando en enero el agua no llega, el mismo productor que ignoró los avisos aparece en la sede del consorcio. “Vienen y se enojan dentro del consorcio”, dice, con una mezcla de resignación y fastidio que no termina de resolver.
Trabajos de invierno
Los trabajos de invierno —limpiar los lomos que se acumulan en el fondo del canal, cadenearlo para arrancar la baba de sapo, esa lama que crece en el lecho y reduce la sección hidráulica— se hacen con lo que hay. El consorcio opera cuatro tractores y el canal principal debe recibir ese “tratamiento” hasta tres veces por año. “Crece una lama en el fondo, una baba de sapo que le dicen. Eso hace que se levante el pelo de agua y vengan menos litros de agua en el canal. Eso achica la sección del canal”.
La lama tiene una causa histórica: el fenómeno de las aguas claras. Cuando el embalse (en este caso, Portezuelo, sobre el río Neuquén) retiene los sedimentos, el canal recibe agua sin turbiedad y eso favorece el crecimiento de algas en el lecho. “Si el gobierno tuviese un poco de decencia, nos podría mandar dos o tres veces al año aguas turbias desde la represa de Portezuelo”, dice. El argumento no es anecdótico: cuando una vez se rompió un generador en la represa y hubo que largar agua sin filtrar, ese año la lama casi no creció. “Ese año fue muy bueno por el tema de que no creció tanta lama”, recuerda.
Hay una zona especialmente vulnerable antes del kilómetro ochenta y nueve, pasando Huergo. “El canal principal tiene los dos costados muy débiles, hay arena y piedra, y entonces, a medida que el agua va avanzando, se lo va comiendo y se hace una isla en el medio”. Es el punto que Andrenacchi vigila con más atención cada temporada.
Una idea para agua potable de más calidad
Hoy, apenas el treinta por ciento de la infraestructura está revestida en cemento. Avanzar en ese sentido está fuera del alcance del consorcio con los niveles actuales de recaudación. La distinción que traza es precisa: “Lo que cobramos es para el trabajo de mantenimiento. El Estado es el que tiene que poner la plata para cementar los canales”.
Pero acá aparece su idea más novedosa, la que va más allá de la fruticultura. Si el Estado invirtiera en el revestimiento del canal, el sistema podría abastecer de agua potable a los municipios del Alto Valle. Hoy, las ciudades toman agua del río —una fuente expuesta a descargas cloacales— y afrontan costos de potabilización elevados. “Todos los municipios podrían sacar agua del canal, en vez de sacar agua del río, que algunas veces está contaminada por los desechos cloacales”. El canal, en cambio, conduce un caudal regulado desde el dique Ballester. “El proceso de potabilización sería muchísimo más barato que el que hacen ahora”.
La propuesta tiene una lógica de tres pisos: el Estado invierte en cemento, las filtraciones se eliminan y el agua ahorrada —junto con la mejora de calidad— habilita un nuevo uso urbano que rentabiliza la obra. Es la clase de argumento que Andrenacchi dice haber explicado “más de una vez”, sin que hasta ahora haya tenido eco institucional.
Lo que parece no andar por los carriles adecuados es la relación con el Departamento Provincial de Aguas. Aquí Andrenacchi habla sin eufemismos: “El DPA hace oídos sordos. Se van a enojar conmigo por lo que digo, pero el DPA hace oídos sordos en muchas cosas, porque siempre tienen alguna cuestión para no poder resolver una situación”.
El sistema que critica desde adentro fue diseñado, sin embargo, con una visión que él todavía admira. A fines del siglo XIX, el ingeniero César Cipolletti trazó una red que irrigaría decenas de miles de hectáreas de desierto patagónico. Más de cien años después, esa red sigue funcionando, con sus virtudes y sus límites. “El que lo diseñó fue un genio”, dice Andrenacchi, sin agregar más.
Los desentendidos
Para este veterano dirigente, existe una falta de compromiso por parte de los intendentes con el sistema de riego. Y ejemplifica con dos situaciones: la habilitación de loteos sobre tierras productivas y el avance de las urbanizaciones sobre el canal principal.
Mencionó que en Allen es donde más asentamientos existen sobre el canal, que las autoridades no hacen nada por impedirlo y que, en la práctica, representan un obstáculo para la circulación de las máquinas que deben hacer el mantenimiento y para los rodados de los técnicos que deben recorrer toda la traza. En Cipolletti, lo que más preocupa es el vandalismo frecuente.
A eso se suma el vandalismo: la proliferación de amoladoras a batería facilita el robo de hierros de las compuertas. El consuelo es circular los videos de los daños, pero no hay datos de intervenciones policiales. “Estamos en un país muy débil respecto de las obligaciones”, dice luego de resumir las desventuras cotidianas.
Ese tironeo, que parece ser eterno, tuvo un remanso este año, cuando desde el consorcio pusieron carteles que recuerdan que está prohibido bañarse en los canales. “La verdad es que frenamos bastante”, dice respecto a la cantidad de público, y aclara que “nadie dice que no se bañen; lo que nosotros queremos, lo que todos los chacareros queremos, es que no te rompan nada”.
Porque, por ejemplo, para que un canal secundario sirva para una zambullida, tapan compuertas para que suba el nivel. Entonces el nivel sube por encima de los bordes, a algún chacarero no le llega el agua y se derrama el excedente en los caminos, “y ellos se bañaban contentos”.
Pero no solo deben lidiar desde los consorcios con los vecinos, sino que algunas veces el trato es difícil hasta con los intendentes. Andrenacchi reconoce que, con el intendente de su ciudad, Luis Albrieu, “ni nos hablamos”.
Es que el jefe comunal habría intentado cometer lo que para los chacareros es casi un sacrilegio: “A la orilla de la calle General Paz hay un desagüe. El genio lo quería tapar para hacer una ciclovía arriba”. De todos modos, aclaró que “yo sé que la gente de Roca (consorcio) tiene diálogo con la intendenta. Y después, en esta zona nunca hubo problemas con los intendentes de Godoy y Chichinales”.
Fuente: Redacción +P.
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