Controversia en Patagonia: ¿la nueva ley de fauna nativa amenaza la biodiversidad?
Río Negro revoluciona gestión de fauna: nueva ley permite comercializar y exportar especies nativas. ¿Impulso económico o amenaza a la biodiversidad?
Este mes, la provincia de Río Negro aprobó una nueva legislación de gestión integral de fauna silvestre que encendió el debate entre sectores económicos y ambientalistas. La Ley 5.867, impulsada por el gobernador Alberto Weretilneck y sancionada con celeridad por la mayoría oficialista, habilita la comercialización y exportación de especies nativas y su material genético, elimina el cuerpo de guardafaunas provinciales, y transfiere competencias clave en la protección ambiental del área de Medio Ambiente a Desarrollo.
Esta medida generó fuertes críticas de organizaciones ecologistas, científicos y representantes comunitarios, que alertan sobre potenciales impactos ecológicos y sociales. Sin embargo, desde el gobierno provincial se argumenta que busca generar nuevas oportunidades económicas y diversificar la matriz productiva de la provincia.
La nueva normativa, que reemplaza a la histórica Ley Q Nº 2056 de 1985, introduce cambios sustanciales que modifican el marco regulatorio para la fauna autóctona. Entre sus puntos más controvertidos, la ley autoriza explícitamente la explotación económica de la fauna silvestre y la comercialización de esperma y óvulos de especies endémicas, como la mojarrita desnuda o la ranita de Challhuaco. Las especies terrestres afectadas incluyen al guanaco, el avestruz patagónico, el pudú-pudú y la avutarda, tradicionalmente utilizadas por comunidades mapuche-tehuelche y criollas rurales.
Voces a favor de la ley
Los defensores de la ley, principalmente desde el gobierno provincial y sectores vinculados al desarrollo productivo, sostienen que esta regulación abre un abanico de oportunidades económicas para la región. Argumentan que la comercialización controlada de especies puede generar divisas por exportaciones y fomentar inversiones en criaderos y establecimientos de manejo de fauna, siguiendo modelos exitosos en otros países.
La Secretaría de Desarrollo, ahora a cargo de la gestión de fauna, considera que esta transferencia de competencia permitirá un enfoque más pragmático y orientado a la producción, facilitando la diversificación de la economía provincial y la creación de empleo en zonas rurales.
Se espera que la posibilidad de vender material genético de especies nativas atraiga a inversores interesados en la biotecnología y la conservación ex situ con fines comerciales. Además, se apunta a la posibilidad de establecer un mercado regulado que desincentive la caza furtiva al ofrecer alternativas legales de aprovechamiento.
Críticas y preocupaciones
De la vereda de enfrente, las voces en contra son numerosas y enfáticas. Organizaciones como Fundación Humedales denunciaron que se inicia una "mercantilización de la vida silvestre sin precedentes, comparable a los modelos de extracción de marfil en África". Advierten sobre graves impactos ecológicos debido a la falta de estudios científicos robustos que respalden la sostenibilidad de la extracción y comercialización a gran escala.
La eliminación del cuerpo de guardafaunas provinciales es otra de las mayores preocupaciones, ya que este organismo era clave en la fiscalización y protección de la fauna. El gobierno ha reconocido que la capacidad operativa de fiscalización es precaria, con solo cinco agentes y tres vehículos para cubrir más de 203.000 km², incluyendo 14 cotos privados de caza.
La nueva ley también genera incertidumbre sobre la regulación de los cotos de caza con especies exóticas y los criaderos de especies nativas. Cotos habilitados en áreas sensibles como el Parque Nacional Nahuel Huapi y zonas de conflicto territorial indígena.
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