Proyecto de ley busca abrir los datos de la flota pesquera de Argentina al público
¿Quién pesca en aguas argentinas, con qué permiso y cuánto extrae? Hoy esa información no existe para la ciudadanía.
Argentina tiene uno de los mares más ricos del mundo. Sus aguas albergan merluza, calamar, langostino y docenas de especies que sostienen una industria de exportación millonaria. Sin embargo, hay una pregunta que ningún ciudadano puede responder con certeza consultando fuentes oficiales: ¿quién tiene permiso para pescar esos recursos, qué captura y bajo qué condiciones?
Esa opacidad es, precisamente, el blanco de un proyecto de ley presentado el 3 de junio de 2026 en la Cámara de Diputados de la Nación. La iniciativa, impulsada por el diputado Maximiliano Ferraro, propone modificar la Ley Federal de Pesca para obligar a la autoridad de aplicación a publicar en formatos abiertos toda la información que actualmente concentra el Registro de la Pesca.
Qué propone el proyecto
El texto legislativo es concreto en sus exigencias. Los datos que deberían volverse públicos incluyen información sobre embarcaciones, sus titulares, permisos vigentes, cuotas de captura asignadas, transferencias realizadas, sanciones aplicadas y la situación administrativa de cada buque. Nada menor: es el mapa completo de quién opera en el mar argentino y bajo qué reglas.
Según el proyecto, esa información no solo debería publicarse, sino actualizarse mensualmente y mantenerse disponible de manera permanente en internet, con trazabilidad histórica de los registros. Es decir, no alcanza con saber el estado actual de una embarcación: también debería poder rastrearse su historial.
El respaldo de las organizaciones ambientales
Dos organizaciones ambientales de peso respaldan la iniciativa: el Círculo de Políticas Ambientales y Sin Azul No Hay Verde. Ambas coinciden en que la apertura de estos datos representa una deuda del Estado argentino en materia de transparencia, y su apoyo no es casual: fueron ellas quienes, antes de la presentación del proyecto, solicitaron formalmente al Consejo Federal Pesquero y a la Subsecretaría de Pesca la apertura de esos registros, sin obtener respuesta favorable.
Consuelo Bilbao, directora del Círculo de Políticas Ambientales, fue directa al valorar la propuesta: "La Argentina tiene información valiosa sobre su flota pesquera que hoy permanece inaccesible para la ciudadanía. Este proyecto convierte datos que ya existen en una herramienta real de transparencia, control y contribuye a la lucha contra la pesca ilegal. Es un paso indispensable para saber quién pesca, qué pesca y con qué autorización en aguas argentinas."
Por su parte, Juan Coustet, coordinador de Sin Azul No Hay Verde, subrayó la dimensión de bien común que está en juego: "Se trata de información sobre embarcaciones que explotan un recurso natural que es de todos y que, por lo tanto, debe ser pública. Estos datos permiten verificar si un buque está autorizado a pescar, qué arte de pesca utiliza, si posee cuota vigente o si debería haber perdido su licencia por sanciones acumuladas. Además, favorecen el control entre pares y fortalecen la rendición de cuentas en la actividad."
Transparencia como herramienta contra la pesca ilegal
Más allá de la rendición de cuentas, hay un argumento de peso práctico detrás del proyecto: la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada es uno de los problemas más graves que enfrentan los océanos a nivel global. Argentina no es la excepción. La disponibilidad pública de datos sobre permisos, cuotas y sanciones es, en ese contexto, una herramienta concreta de prevención.
Las organizaciones también señalan que los principales mercados internacionales exigen estándares de transparencia cada vez más altos para los productos pesqueros que importan. En otras palabras, la opacidad no solo perjudica a los ciudadanos argentinos: también puede convertirse en una barrera comercial para la industria exportadora.
Argentina, rezagada en la región
Uno de los argumentos más contundentes que aporta el proyecto es la comparación regional. De aprobarse, Argentina se alinearía con la mayoría de los países latinoamericanos con flota pesquera industrial que ya cuentan con sistemas públicos de consulta. La lista incluye a Brasil, Chile, Perú, Ecuador, Uruguay, México, Panamá y Guatemala. Ocho países vecinos o de la región que resolvieron hace tiempo lo que Argentina aún debate.
Que el país con uno de los caladeros más importantes del hemisferio sur esté rezagado respecto de economías pesqueras menores no es un dato menor. Es, en sí mismo, un argumento político.
Un recurso que es de todos
El mar argentino no pertenece a las empresas que operan en él. Tampoco a las reparticiones estatales que administran sus permisos. Es un bien común, y como tal, la información sobre su explotación debería serlo también.
El proyecto de Ferraro no crea nuevos datos: pide que los que ya existen sean accesibles. Esa distinción es importante. El Estado argentino ya reúne toda esa información en el Registro de la Pesca. El proyecto solo propone que deje de guardársela.
La negativa previa del Consejo Federal Pesquero y de la Subsecretaría de Pesca a abrir esos registros ante el pedido formal de las organizaciones deja una pregunta incómoda flotando en el ambiente: ¿qué razón válida existe para mantener en secreto quién pesca los recursos naturales de todos los argentinos?
FUENTE: Sin azul no hay verde con aportes de Redacción +P
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