Clementinas sudafricanas bajo la lupa: pesticidas prohibidos generan preocupación en la UE
Diez días después de la entrada en vigor del libre comercio Europa-Sudáfrica, Bruselas alerta por un lote contaminado.
Apenas diez días después de la entrada en vigor total del acuerdo comercial entre la Unión Europea (UE) y los países del África meridional, las alarmas sanitarias se han encendido en Bruselas. Un lote de clementinas procedentes de Sudáfrica, libres ya de cualquier tipo de arancel desde el pasado 16 de octubre, ha sido detectado con niveles excesivos del insecticida Buprofezin, un compuesto químico prohibido por superar los límites máximos de residuos permitidos en el bloque comunitario.
La Red de Alerta Rápida de Alimentos y Piensos (RASFF) de la Comisión Europea notificó la incidencia el pasado 26 de octubre, calificándola como “potencialmente seria”. El cargamento fue identificado en Dinamarca, aunque las frutas habían sido distribuidas desde Países Bajos, donde supuestamente el lote logró eludir los controles de seguridad alimentaria. La detección supone el primer caso confirmado de incumplimiento sanitario desde que el acuerdo comercial alcanzó su plena liberalización, lo que ha reavivado el debate sobre los riesgos de la importación de cítricos extracomunitarios sin las mismas exigencias que se imponen a los productores europeos.
Un acuerdo polémico desde su firma
El Tratado de Libre Comercio entre la UE y el África Meridional, rubricado en 2016, preveía la reducción progresiva de los aranceles a las exportaciones sudafricanas, especialmente en productos agrícolas, hasta alcanzar el arancel cero en 2025. La eliminación total de las tasas coincidió, además, con el inicio de la campaña citrícola española, lo que ha generado tensiones entre el sector productor nacional y las instituciones europeas.
Los agricultores españoles, especialmente en la Comunidad Valenciana, principal zona citrícola del país, llevan años advirtiendo del impacto que estas políticas comerciales tienen sobre la rentabilidad del campo. Organizaciones agrarias como La Unió Llauradora han denunciado reiteradamente que la entrada masiva de fruta de terceros países durante el mismo periodo de recolección nacional provoca una caída de precios en origen y favorece la competencia desleal, al no aplicarse los mismos controles fitosanitarios o laborales a los productores foráneos.
Según un informe reciente de La Unió, dos tercios de las importaciones de cítricos procedentes de Sudáfrica se concentran precisamente entre el 16 de octubre y el 30 de noviembre, una ventana temporal que coincide de lleno con la campaña española. “Es un golpe directo para los productores valencianos”, señalan desde la organización, que además recuerda que “desde la firma del acuerdo, se han detectado cerca de 300 interceptaciones de plagas o enfermedades en cítricos sudafricanos”.
Entre las amenazas más temidas destacan la Thaumatotibia leucotreta (falsa polilla) y la Phyllosticta citricarpa (mancha negra de los cítricos), dos de las plagas más destructivas para la citricultura mundial y que, hasta el momento, no se han establecido en territorio comunitario. “Si alguna de estas plagas entra en la península, las consecuencias serían devastadoras para todo el sector”, advierten los productores.
Consecuencias económicas y sanitarias
El episodio del Buprofezin reabre un debate que va más allá de lo sanitario. Para los citricultores españoles, representa un símbolo de las desigualdades estructurales entre los agricultores europeos y sus competidores de países terceros. Mientras que la normativa comunitaria obliga a los productores nacionales a cumplir rigurosos estándares de sostenibilidad, trazabilidad y uso de fitosanitarios, los acuerdos comerciales permiten la entrada de frutas que no siempre respetan las mismas exigencias.
“Se está comprometiendo la salud del consumidor y el futuro del sector agrario europeo”, denuncia un portavoz de AVA-Asaja, quien exige que la Comisión Europea “aplique la cláusula de salvaguarda prevista en los tratados para suspender temporalmente la entrada de productos con riesgo sanitario”.
La situación llega en un momento delicado para la citricultura española. En la última década, el país ha perdido cerca de dos millones de toneladas de producción, pasando de superar los siete millones en los años de bonanza a una previsión de 5,6 millones de toneladas para la campaña 2025/2026, según datos oficiales. Esta caída, de un 1,6 millones por debajo de la media histórica, refleja el agotamiento económico y estructural del campo, donde muchos agricultores han abandonado sus explotaciones ante la falta de rentabilidad.
Exigencia de reciprocidad
El sector exige a Bruselas que se imponga el principio de reciprocidad en los acuerdos comerciales: si los productores europeos deben cumplir ciertas normas medioambientales y fitosanitarias, los importadores extracomunitarios también deberían hacerlo.
“Queremos competir, pero en igualdad de condiciones”, subraya La Unió. “No podemos permitir que entren cítricos tratados con productos que aquí están prohibidos desde hace años, o que se comercialicen como si tuvieran el mismo nivel de control”.
La Comisión Europea, por su parte, ha anunciado que investigará el caso y revisará los procedimientos de inspección en los puertos de entrada de Países Bajos. Sin embargo, los productores españoles temen que las medidas lleguen tarde.
“Este incidente confirma lo que llevamos años advirtiendo: abrir las fronteras sin garantías es abrir la puerta a un problema sanitario y económico de grandes dimensiones”, concluyen desde el sector.
Con esta primera alerta, la UE afronta un nuevo pulso entre el libre comercio y la seguridad alimentaria. Una batalla que, de momento, vuelve a dejar a los agricultores europeos en el lado más vulnerable del acuerdo.
Fuente: Redacción +P con aportes de El Debate.
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