Las cerezas se pudren en los árboles: la insólita razón por la que EE. UU. se queda sin cosecha
Las deportaciones masivas de Trump están vaciando los campos agrícolas de EE. UU., poniendo en riesgo la cosecha y disparando los costos. ¿Qué impacto real tiene esta política en la economía?
La reciente intensificación de las políticas migratorias en EE.UU., con un enfoque en las deportaciones masivas, está generando un impacto económico significativo y multifacético, especialmente en el sector agrícola. A primera vista, la medida podría interpretarse como un intento de proteger el empleo nacional. Sin embargo, un análisis más profundo revela que está causando una disrupción severa en la cadena de suministro de alimentos, con consecuencias que se extienden mucho más allá de los campos.
Los agricultores, como Ian Chandler en Oregón, se enfrentan a una crisis de mano de obra sin precedentes. La escasez de trabajadores temporales, históricamente compuesta en gran parte por inmigrantes, está llevando a la pérdida de cosechas enteras. Esta pérdida no solo representa una catástrofe financiera para los productores, con millones de dólares en ingresos que se pudren en los árboles, sino que también pone en relieve la dependencia estructural de la agricultura estadounidense en esta fuerza laboral. El Departamento de Agricultura de EE.UU. estima que más del 40% de los trabajadores agrícolas son indocumentados, un porcentaje que subraya la insostenible brecha entre la política migratoria y la realidad económica.
La propuesta de la administración de JD Vance, enfocada en la automatización como solución, demuestra una desconexión fundamental con la complejidad del trabajo agrícola. Cultivos como las cerezas, que requieren un manejo delicado para asegurar la calidad de la fruta y la salud de la planta para futuras temporadas, no pueden ser mecanizados fácilmente sin comprometer su valor. Los agricultores veteranos como Chandler señalan que la automatización es inviable en muchos casos, y que la búsqueda de mano de obra local ha resultado infructuosa, ya que los ciudadanos nacidos en el país a menudo no están dispuestos o no tienen la experiencia necesaria para realizar este tipo de trabajo manual intensivo.
El costo real de las deportaciones
El problema se agrava al considerar los costos ocultos que se reflejan a nivel macroeconómico. A pesar de que los trabajadores indocumentados no pueden acceder a beneficios sociales como Medicare o el Seguro Social, sus empleadores —que operan de manera formal y legal— les retienen impuestos federales y estatales. Esto significa que los ingresos fiscales provenientes de esta fuerza laboral, que el gobierno ignora en el discurso político, son significativos. Cuando estos trabajadores son deportados o, por miedo, deciden no viajar para las cosechas, no solo se pierde su contribución laboral, sino que también se evapora una fuente de ingresos fiscales que el país pierde de forma silenciosa.
La disminución de la oferta de productos agrícolas debido a las cosechas perdidas tiene un efecto directo en el precio final de los alimentos para el consumidor. A medida que la oferta se reduce, los precios inevitablemente suben, lo que se traduce en una presión inflacionaria. Esto afecta a todos los ciudadanos, independientemente de su postura política, y pone de manifiesto que las políticas migratorias restrictivas, lejos de ser neutras, tienen un impacto directo en el bolsillo de cada familia. La automatización, incluso si fuera viable, requeriría inversiones de capital masivas que se trasladarían a los precios, exacerbando la situación.
Más allá de la agricultura: un efecto dominó
El problema no se limita a la agricultura. Como señala Manuel Nava, un supervisor de equipo, los trabajadores estacionales rotan entre varias industrias, desde la construcción hasta el paisajismo. La reducción de esta mano de obra vital crea un efecto dominó que amenaza con paralizar otras partes de la economía. El miedo y la incertidumbre generados por la represión migratoria se propagan a través de las comunidades, y los trabajadores prefieren quedarse en casa o evitar viajar a zonas de riesgo, lo que crea un círculo vicioso de escasez de mano de obra.
En conclusión, la política de deportaciones masivas, aunque presentada como una medida de seguridad nacional y control, está demostrando ser una estrategia económicamente autodestructiva. En lugar de proteger la economía, está minando su base, reduciendo la productividad, elevando los precios al consumidor y generando pérdidas fiscales significativas. El debate sobre la inmigración, desde la perspectiva económica, no puede ignorar el rol esencial que estos trabajadores cumplen en las industrias clave del país. Ignorar esta realidad es un error costoso que el sector financiero y la economía en general ya están comenzando a pagar.
Fuente: CNN
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