El Congreso consagra la impunidad y deja al país sin brújula moral

Esta semana, la sociedad argentina fue testigo de un hecho político que sobrepasa la coyuntura legislativa y penetra de lleno en un dilema moral estructural que lleva décadas deteriorando los valores fundamentales de la democracia. El rechazo en el Senado del proyecto de Ley conocido como Ficha Limpia, que buscaba impedir que personas con condena judicial en segunda instancia pudieran ser candidatas a cargos legislativos, no solo encendió la alarma política, sino que dejó al desnudo una profunda crisis ética que, a diferencia de las crisis económicas, no encuentra salida.

Mientras el país enfrenta inflaciones todavía no controladas, ajustes estructurales y una ciudadanía cada vez más empobrecida, el Congreso —que se autodenomina “Honorable”— permite que personas condenadas por la Justicia puedan integrar sus bancas. En cualquier democracia sana, la legitimidad de quienes ocupan cargos públicos no solo depende del voto popular, sino también de la confianza moral que inspiran. En Argentina, esa confianza está peligrosamente desvirtuada.

La propuesta de Ficha Limpia era simple y clara: si una persona había sido condenada por un delito de corrupción en primera instancia y esa condena ratificada por un tribunal de alzada (segunda instancia), entonces quedaba inhabilitada para postularse como legislador nacional. Una idea que, en términos de sentido común y ética básica, debería ser indiscutible. No se trata de presunción de inocencia o de garantizar el debido proceso —derechos fundamentales que deben ser respetados—, sino de elevar los estándares mínimos de integridad para acceder a cargos públicos.

Sin embargo, con la votación negativa de la mitad del Senado, quedó claro que en la política argentina, la defensa de privilegios personales o sectoriales se impone con frecuencia sobre los principios. Los senadores Carlos Arce y Sonia Rojas Decut, representantes de Misiones, fueron los responsables del giro inesperado que terminó con el rechazo de la iniciativa. Según versiones surgidas desde la propia política misionera, habrían recibido instrucciones directas del presidente Javier Milei para votar en contra del proyecto. Aunque la Casa Rosada lo niega, todo apunta a una jugada de cálculo electoral: permitir el eventual regreso al Congreso de Cristina Fernández como forma de polarizar con el kirchnerismo y fortalecer al oficialismo.

La utilización política de la corrupción es un recurso conocido. Lo novedoso y preocupante en este caso es que la corrupción, lejos de ser castigada o sancionada moralmente por la política, parece ser normalizada, blanqueada y hasta utilizada como herramienta electoral. El rechazo a Ficha Limpia deja un mensaje devastador: en Argentina, la ética pública es negociable, y los delincuentes de guante blanco pueden seguir decidiendo el destino del país desde sus bancas.

Este hecho nos obliga a preguntarnos: ¿Qué tipo de democracia estamos construyendo si avalamos que personas condenadas por robarle al Estado —es decir, a todos— puedan dictar leyes y representar a la ciudadanía? ¿Cómo se sostiene una república cuando la corrupción deja de ser un límite moral y pasa a ser una variable más del juego político?

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Los senadores Carlos Arce y Sonia Rojas Decut, representantes de Misiones, fueron los responsables del giro inesperado que terminó con el rechazo de la iniciativa.

Lo que está en juego no es solo una ley que quedó trunca. Es la construcción misma de la ciudadanía. Cuando la sociedad naturaliza que un condenado por corrupción puede ocupar una banca en el Congreso, se rompe un pacto básico: el de que la representación debe estar ligada a la ejemplaridad. Sin eso, la democracia se convierte en una mera fachada formal sin sustancia ética.

Argentina ha demostrado, a lo largo de su historia reciente, una asombrosa capacidad de resiliencia ante las crisis económicas. Cada vez que la inflación estalla, el dólar se dispara o la pobreza aumenta, el país se rearma, se reinventa, vuelve a intentar. Pero cuando se trata de ética, de institucionalidad, de construir una cultura basada en la honestidad y el mérito, la recuperación parece mucho más lejana.

La corrupción política no solo perjudica las finanzas del Estado. Destruye el vínculo de confianza entre la sociedad y sus representantes. Genera apatía, descreimiento, y una peligrosa deriva hacia el cinismo colectivo. Cuando se naturaliza que robar está bien siempre y cuando se gane elecciones, el tejido moral de una nación comienza a deshilacharse.

El caso de Cristina Fernández y su condena en la causa Vialidad es emblemático. Más allá de los tecnicismos judiciales, los hechos son elocuentes: la justicia determinó que hubo una administración fraudulenta que perjudicó al Estado, es decir, a los argentinos. Aun así, su figura sigue gravitando en la política nacional, y ahora el rechazo a Ficha Limpia le abre la puerta para volver a ocupar un cargo legislativo. Lejos de generar un debate serio sobre los límites éticos del poder, la discusión quedó atrapada en la lógica binaria de la grieta: o estás con Cristina o estás contra Cristina.

La pregunta más difícil no es por qué los senadores votaron como votaron. Es por qué la sociedad tolera, justifica o incluso apoya esa decisión. La corrupción política no nace de un vacío. Se sostiene porque encuentra un correlato social que la avala o la ignora. ¿Cuántos ciudadanos votarían a un candidato con condena si representa “su” espacio político? ¿Cuántos justifican lo injustificable en nombre del “mal menor”?

Aristóteles entendía la política como una extensión de la ética: el objetivo de la vida política era el bien común. Si hoy nuestra vida pública gira en torno a proteger intereses personales, manipular normas o garantizar impunidad, entonces lo que tenemos no es política, sino mera administración del poder al servicio de algunos.

La caída de Ficha Limpia no es solo una derrota parlamentaria. Es un síntoma de una enfermedad más profunda: una sociedad que ha perdido el norte moral, que relativiza los principios éticos básicos y que ha naturalizado el hecho de que la política es un lugar donde se puede delinquir sin consecuencias.

Argentina necesita mucho más que reformas económicas para salir adelante. Necesita una reforma moral, un nuevo pacto ético que revalorice la honestidad, la transparencia y la ejemplaridad en la vida pública. Necesita dejar de aceptar que todo vale en nombre de la ideología, del pragmatismo o de la estrategia electoral. El Congreso debería ser un símbolo de respeto, de integridad, de debate constructivo. Hoy, con el rechazo a Ficha Limpia, se convierte en un espacio donde se convalidan y oficializan las trampas, se negocian impunidades y se desdibuja el límite entre la representación democrática y la corrupción institucionalizada.

El desafío es enorme, pero no imposible. La sociedad argentina tiene la oportunidad —y la responsabilidad— de exigir un cambio profundo, empezando por lo más básico: que quienes legislan nuestras vidas no estén manchados por delitos contra el Estado. Porque sin una base moral sólida, no hay proyecto de país que se sostenga.

Señales en la economía

En medio de un proceso de estabilización y ordenamiento macroeconómico, el frente económico en la Argentina sigue siendo uno de los principales focos de conflicto y tensión. A pesar de algunos indicadores que muestran una incipiente “normalización” de variables clave, las señales que emergen del entramado productivo y financiero exhiben con claridad los efectos no deseados del ajuste que impulsa el gobierno de Javier Milei.

Uno de los síntomas más visibles, aunque hasta el momento tratado con bajo perfil, es la creciente dificultad que enfrentan las empresas argentinas para hacer frente a sus compromisos financieros. Lo que comenzó con casos aislados ahora empieza a mostrar un patrón que genera preocupación entre inversores, analistas y actores del sistema financiero: la reestructuración o incumplimiento de pagos por parte de empresas de sectores diversos, que aducen una combinación de caída en la facturación, descalce de caja, imposibilidad de acceder a financiamiento y suba de costos internos como causas comunes.

Esta semana, la protagonista de este fenómeno fue Celulosa Argentina, una de las compañías más importantes del sector industrial, propiedad del Grupo Tapebicuá. La empresa anunció que no podrá afrontar el pago de las obligaciones negociables con vencimiento en mayo, ni los cheques de pago diferido, alegando un deterioro significativo en su situación financiera.

El comunicado presentado ante la Comisión Nacional de Valores (CNV) fue claro y contundente: “La Compañía informa que no podrá afrontar el pago de las obligaciones negociables que vencen durante el mes de mayo, como así tampoco los cheques de pago diferido”. Según explican desde la firma, la caída en las ventas domésticas supera el 30%, mientras que los costos fijos medidos en dólares continúan escalando.

A esto se suma un costo del capital también medido en dólares que ronda entre el 35% y el 45%, consecuencia de las tasas implícitas del carry trade que sirvió en los últimos meses para estirar plazos de pago, pero que hoy impacta de lleno en el capital de trabajo de las empresas. En paralelo, la percepción de riesgo sistémico en el mercado financiero se ha intensificado a raíz de los problemas que comienzan a manifestarse en otras compañías, lo que llevó a que muchos acreedores de corto plazo aceleraran sus reclamos, profundizando la presión sobre la liquidez y el equilibrio financiero de Celulosa.

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Celulosa Argentina en problemas: caída de facturación y suba de costos en dólares. Un escenario que comienza a emerger en muchas otras empresas.

La situación de la compañía no es un hecho aislado. Según fuentes del mercado, en las últimas semanas se han multiplicado los casos de empresas que recurren al sistema financiero para renegociar sus pasivos. La mayoría coincide en sus argumentos: caída de ingresos, aumento de costos, trabas para acceder a crédito, y una macroeconomía que aún no ofrece señales de reactivación firme ni de alivio tributario o regulatorio.

El trasfondo de esta dinámica reside en los desequilibrios estructurales que aún persisten en la economía argentina. Si bien el gobierno de Javier Milei ha emprendido un camino de fuerte ajuste fiscal y liberalización de algunas variables, el proceso no ha estado acompañado por reformas de fondo en áreas clave como el sistema tributario, laboral y financiero. Esta combinación genera un esquema de alta presión sobre el sector privado, especialmente sobre las empresas productivas que no cuentan con espaldas financieras suficientes para sostenerse en este nuevo entorno.

La falta de competitividad estructural —con una carga impositiva elevada, altos costos laborales no salariales y un sistema financiero que no logra canalizar crédito productivo— se agrava con el impacto que provoca la apreciación del tipo de cambio real, especialmente si se mantiene contenida la devaluación oficial mientras los costos internos siguen ajustándose por inflación.

En este contexto, las empresas sienten que gran parte del costo del ordenamiento económico lo están pagando ellas, sin que se haya acelerado el proceso de reformas profundas que prometía el nuevo gobierno. El resultado es un círculo vicioso: el ajuste fiscal y monetario reduce la inflación, pero también contrae la actividad económica, lo que a su vez impacta en la recaudación, en la demanda agregada y en la capacidad de pago de las firmas.

Con un escenario electoral de medio término en el horizonte, las chances de avanzar en las reformas estructurales necesarias se ven reducidas por la tensión política y la necesidad del oficialismo de preservar algo de capital político. Por eso, no sería sorpresivo que el caso de Celulosa Argentina sea apenas uno de los primeros en una serie de incumplimientos empresariales que podrían extenderse si no se reconfigura el marco macroeconómico.

El gran desafío del modelo económico de Javier Milei no es únicamente sostener el equilibrio fiscal o mantener contenida la emisión monetaria. La verdadera clave está en lograr un entorno competitivo, con reglas claras, menor presión impositiva, un tipo de cambio realista y un sistema financiero que acompañe a las empresas. De lo contrario, el proceso de normalización corre el riesgo de generar una nueva ola de crisis empresarial, silenciosa pero profundamente dañina para el tejido productivo nacional.