Qué puede cambiar para el campo con las reformas que vienen

Cualquiera que haya pasado por la Argentina durante octubre no reconocería ahora “la térmica” de la sociedad. De la crisis diaria, de los mercados extremos, del borde del abismo a… tal vez algo parecido a cierta tranquilidad, con los planetas alineándose.

Por supuesto que, al igual que el resto de los sufridos mortales, el campo pasó por lo mismo, y hasta peor, ya que mientras las actividades financieras, las compras de muchos rubros o las inversiones se iban parando, lo agropecuario debió seguir al ritmo de la naturaleza, absolutamente despegada de las especulaciones políticas.

Pero, además, hubo una gran diferencia con la mayoría de los períodos preeleccionarios anteriores, que pasó por los extremos y crisis consecutivas desde septiembre (casi a partir de las 36 horas de retenciones cero) hasta el 27 de octubre, cuando, tras el resultado de las elecciones, la “bomba” política y económica que amenazaba con reventar de un momento a otro se desinfló con una rapidez inédita, al punto de que hoy hasta parece que nunca existió realmente.

No fue lo único que sucedió, además del resultado de las elecciones que prácticamente nadie previó en la magnitud que tuvieron. Pero hubo también otros hechos extraordinarios, como la participación directa del Tesoro estadounidense en el mercado de divisas local, o el respaldo explícito de la administración Trump a la Argentina, que fue coronado con un acuerdo de comercio e inversiones “exprés”, ya que se definió en muy pocos meses, y que implica un fuerte giro en la posición y “calificación” de la Argentina a nivel mundial.

Obvio que no resulta demasiado fácil de digerir semejante cóctel de novedades, pero tampoco lo es la aparente “alineación” que se está registrando de distintas fuerzas políticas, legisladores (de variados signos políticos) y hasta organizaciones empresarias alrededor de lo que el refortalecido gobierno llama “las prioridades”: el Presupuesto 2026, la imprescindible reforma laboral y la igualmente necesaria reforma fiscal, para lo cual ya anunciaron que habrá sesiones extraordinarias del Congreso durante diciembre, y luego a partir de mediados de enero, reeditando tal vez aquel enero de 2024 del comienzo de la Era Milei.

El campo ante un clima extremo y oportunidades récord

El sector agropecuario debió, además, agregar unas cuantas gotas de adrenalina, especialmente en este último trimestre, con un clima casi tan extremo como los vaivenes políticos y económicos, pero que, de todos modos, viene siendo en general muy bueno (excepto en el centro-norte bonaerense y algunos lugares con problemas puntuales), y con mercados internacionales inesperadamente consolidándose en plena cosecha (voluminosa) estadounidense. Y ni es necesario reiterar lo de la carne vacuna, que brilla como en sus mejores tiempos.

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De ahí que no extrañe la actividad febril y las previsiones de récord que se esperan en materia de granos, aunque puede haber más, ya que las siembras terminan recién en enero, en el caso de la soja, y queda algo de tiempo para redoblar alguna apuesta.

Pero… (siempre hay alguno), las dos grandes preguntas que flotan en el ambiente son: ¿estará esta vez el Congreso a la altura de las circunstancias para evitar desperdiciar esta nueva oportunidad? O, dicho de otra forma, ¿estarán los representantes de los ciudadanos y de las provincias dispuestos a legislar poniendo la prioridad en el país, y no en sus propios intereses, sean estos políticos partidarios o directamente personales?

La segunda cuestión es: ¿cuán dispuesto está el propio sector agroindustrial a involucrarse en la defensa de sus intereses y en disponer parte de su propio tiempo en respaldar las buenas propuestas y/o controlar a los díscolos, como ya pasó en otras oportunidades?

Reformas claves, inversión externa y el rol del Congreso

Hay que decir que entre las “prioridades” marcadas por el Ejecutivo no hay ninguna específica para el campo, pero por la misma razón, al menos las tres principales también lo impactan. Y es obvio que, además del Presupuesto, tanto la modernización laboral como la reforma fiscal son centrales para la cadena agroindustrial.

Por otro lado, hay que reconocer que, a diferencia de otras veces, aunque algo tímidamente, algunas de las entidades de la Mesa de Enlace (no todas) ya están trabajando con la UIA (Unión Industrial), con el Consejo Agroindustrial Argentino (CAA), con el G6 y con algunas fundaciones económicas (FIEL, Mediterránea, etc.) para delinear propuestas o, al menos, ajustes a los proyectos oficiales.

Por otro lado, ya se sabe, por ejemplo, que al menos se intentarán bajar 3 puntos de las cargas sociales y aumentar fuertemente las exenciones de Ganancias; mientras que también en materia laboral, desde la producción se alertó sobre la necesidad de “terminar con la industria del juicio”, mantener los convenios de corresponsabilidad gremial que son clave para el ordenamiento del trabajo temporario, junto a la simplificación tributaria, especialmente para las pymes que, en el caso del campo, constituyen más del 80% de los contribuyentes. Todo esto con miras a reducir lo más rápidamente posible el nivel de desempleo y también los 7 millones de trabajadores informales que se calculan hoy en el país.

En cuanto a la parte tributaria, es más compleja aún, ya que “el equilibrio fiscal” no es discutible (según el Poder Ejecutivo); sin embargo, “se deben” hacer cambios y ajustes que, aunque muchos parecen no haber registrado, incluirían hasta una propuesta de “inocencia fiscal” (que debe leerse como blanqueo de dólares en el colchón).

soja granos

También, aunque los funcionarios niegan una eventual eliminación total de las retenciones, no se descarta una nueva rebaja (que la puede hacer el Ejecutivo sin necesidad de que participe el Congreso) y un cronograma para dar mayor credibilidad al tema.

Entre los privados se habla, incluso, de “corresponsabilidad fiscal” con las provincias, de la necesidad de terminar con Ingresos Brutos y de con qué alícuotas se cubrirán los gravámenes que se bajen, que obviamente nadie querrá aceptar, pero que en el corto plazo difícilmente se podrán cubrir solo con mayor productividad.

De todos modos, y más allá de que aún no se conoce “la letra chica” del acuerdo con los EE. UU., el punto central para la Argentina es el de las inversiones (primero, de las empresas estadounidenses que ya están en el país y que pretenden ampliarse) y los nuevos capitales que estaban esperando el resultado de las elecciones y de la negociación para comenzar nuevas operaciones en la plaza local. Pero para que tal cosa ocurra son imprescindibles algunas correcciones y ajustes: propiedad privada y propiedad intelectual (patentes) están a la cabeza, pero también la simplificación y transparencia tributaria son clave para Washington; y lo mismo ocurre con las leyes laborales, que se deben actualizar al siglo XXI para correr de acuerdo con los países más avanzados.

Sin esto asegurado, las inversiones del exterior (comenzando por los EE. UU.) van a venir con cuentagotas y ni siquiera se podrá contar con la repatriación de los fondos en el exterior de los propios argentinos.

Y, sin capital y sin crédito, no hay producción de ningún tipo… Y eso es lo que deberá mirar el Congreso cuando vaya a tratar las nuevas propuestas.