Crisis en Vassalli: la histórica fábrica de cosechadoras suspendió producción por salarios impagos
Con más de tres meses de salarios impagos y sin respuestas de la patronal, la fábrica de Vassalli ubicada en Firmat cerró sus puertas de manera sorpresiva.
La histórica fábrica de cosechadoras Vassalli, orgullo de la maquinaria agrícola argentina durante décadas, atraviesa uno de los capítulos más críticos de su existencia. Con más de tres meses de salarios impagos, la ausencia de sus directivos en las audiencias convocadas por el Ministerio de Trabajo de Santa Fe y una planta que cerró intempestivamente esta semana en forma temporaria, el conflicto amenaza con desbordar lo gremial para transformarse en una crisis social y política en la ciudad santafesina de Firmat.
La decisión de suspender las actividades hasta hoy viernes sorprendió tanto a trabajadores como a dirigentes sindicales. Mientras la empresa explicó que se trata de “tareas de mantenimiento”, desde la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) denunciaron que se trata de una maniobra patronal frente al reclamo por los haberes adeudados. “El panorama se agrava cada vez más. Tenemos una deuda de tres meses de salario y no tenemos manera de establecer conversaciones porque la empresa no se presenta a las audiencias convocadas”, advirtió Diego Romero, secretario general de la UOM de Firmat.
Un conflicto que escala
La planta, ubicada a la vera de la Ruta Nacional 33, emplea a 228 personas de manera directa, lo que convierte a la compañía en uno de los motores laborales más importantes de la región. Sin embargo, el malestar se profundizó con la decisión del directorio de cerrar sus puertas hasta pasado mañana.
En respuesta, el gremio anunció una jornada de protesta para hoy. La movilización se iniciará en el Predio del Ferrocarril de Firmat y culminará frente a la planta industrial. Allí se espera la presencia de Abel Furlán, secretario general nacional de la UOM, junto a delegaciones de seccionales de Venado Tuerto, Casilda, Cañada de Gómez, la capital provincial y el norte bonaerense. El carácter federal de la protesta refleja la preocupación del sector metalúrgico por el precedente que puede sentar el caso.
La conducción de la empresa, actualmente en manos de la familia Marsó, sorprendió al presentar un escrito en el que cuestiona la competencia de la Secretaría de Trabajo de Santa Fe y solicita que el caso sea tratado a nivel nacional. La presentación fue firmada por la apoderada recientemente designada, la senadora bonaerense María Florencia Arietto (La Libertad Avanza), quien argumentó que el conflicto no responde a un reclamo sindical legítimo sino a una “maniobra de extorsión sistemática encabezada por la UOM”.
En el documento, Arietto sostuvo que la empresa es víctima de un accionar “improcedente, inadecuado y delictivo” por parte del gremio. La posición tensionó aún más la relación con los trabajadores y con las autoridades provinciales, que rechazaron de plano la postura. “La empresa y los trabajadores son santafesinos, por lo tanto corresponde que las audiencias se desarrollen en el ámbito de la provincia. Lamentablemente la compañía no sólo no concurrió, sino que lleva más de tres meses sin pagar salarios”, respondió el secretario de Trabajo de Santa Fe, Julio Genesini.
Marsó, una compra en duda
El accionista mayoritario, Eduardo Marsó, nunca se reunió con los empleados ni con los representantes sindicales desde que adquirió la firma a comienzos de 2024. La operación de compra, valuada en alrededor de 8 millones de dólares, se estructuró con un pago inicial inferior al 10% y cuotas posteriores. Hoy los propios trabajadores intentan confirmar con los ex dueños, Esteban Eskenazi y Matías Carballo, si Marsó efectivamente cumplió con los pagos comprometidos.
Fundada en 1949 por Roque Vassalli, la empresa llegó a producir más de mil cosechadoras anuales y compitió de igual a igual con multinacionales del sector. Sin embargo, en la última década quedó atrapada en un ciclo de cierres, reaperturas y cambios de dueños.
En 2020 pasó a manos de Esteban Eskenazi y Matías Carballo, quienes administraron la firma vía un fideicomiso, pero la crisis macro y la sequía de 2023 obligaron a ponerla en venta. El traspaso finalmente se concretó en enero de 2024, cuando el empresario entrerriano Eduardo Marsó, exdueño de la avícola Las Camelias y actual titular de la metalúrgica Albace, desembolsó u$s8 millones (con un pago inicial menor al 10% y el resto a cinco años).
En ese momento, Marsó prometió una inversión de u$s4 millones para reactivar la planta y “devolverle protagonismo” en el mercado. Hoy, esas promesas chocan contra la realidad de una fábrica sin capital de trabajo, con ventas en retroceso y sin un plan productivo a la vista.
La falta de claridad sobre la operación genera sospechas en la comunidad y refuerza la sensación de abandono en una empresa que supo ser símbolo de innovación y producción nacional en el sector de la maquinaria agrícola.
El trasfondo de la crisis excede el conflicto gremial. La industria de maquinaria agrícola atraviesa una coyuntura marcada por las altas tasas de interés, la escasez de financiamiento para los productores y la competencia con equipos importados. Mientras multinacionales como John Deere, Case IH y New Holland lograron mantener su liderazgo gracias a su respaldo financiero y red comercial global, empresas locales como Vassalli quedaron atrapadas en un círculo de deudas, salarios atrasados y falta de insumos.
La situación se agrava en un contexto de retracción de ventas. Según datos del sector, la compra de cosechadoras en el país cayó significativamente en el último año, lo que impacta de lleno en firmas que dependen del mercado interno y no cuentan con capacidad exportadora suficiente.
Impacto social en Firmat
La paralización de la planta repercute con fuerza en la comunidad de Firmat, donde gran parte de las familias dependen directa o indirectamente de la fábrica. Comercios, proveedores de insumos y talleres de servicios sienten ya la merma en la actividad. A eso se suma la incertidumbre de los trabajadores, que ven amenazada su principal fuente de ingreso y temen por la continuidad de la empresa.
“Estamos hablando de la principal fábrica de la ciudad, de una marca que fue insignia nacional y que hoy tiene a sus empleados sin cobrar y a su gente en la calle reclamando lo que les corresponde. Esto no es sólo un conflicto gremial, es un problema social y político para Firmat”, sintetizó un dirigente local.
El caso de Vassalli condensa varias tensiones: la fragilidad de la industria nacional frente a la competencia global, la disputa entre gremios y empresas por el cumplimiento de derechos básicos, y la ausencia de una estrategia empresarial clara en un sector estratégico.
En el corto plazo, el desenlace dependerá de la capacidad de diálogo entre las partes y de la intervención de los gobiernos provincial y nacional. Mientras tanto, la fábrica continúa cerrada, los salarios siguen impagos y la comunidad de Firmat se prepara para una jornada de protesta que podría marcar un punto de inflexión en la historia reciente de la empresa.
Fuente: Agencias con aportes de Redacción +P.
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